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Uno de los argumentos neoconservadores trata de llevar el debate a una cuestión de equilibrio entre seguridad y derechos. Dado que el peligro ha aumentado sobremanera -dicen- desde el 11M, hay que volver a reajustar la balanza. Es necesario que existan menos libertades en un mundo más temible.

Igual que uno reequilibra el gasto según la prosperidad económica o invierte más en una infraestructura que en otras -estación de trenes o aeropuertos- o en el diseño de estas, según sea más conveniente. Así también, dicen, se deberían cambiar las garantías constitucionales.

En esta equiparación es donde denuncia la falacia. Los derechos políticos básicos no son decisiones deliberadas previamente según convengan como son las decisiones políticas cotidianas. Los principios de la dignidad humana están fuera del debate político porque no son negociables. Porque no es una cuestión de intereses, sino que es una cuestión moral.

Siguiendo a Dworkin podríamos decir que estos derechos básicos no son abordables desde un debate costes / beneficios, porque no se derivan de una posible gestión. Su procedencia es moral y aquí no cuadra la lógica del negocio.

Además, resulta significativo en cuanto a la capacidad que tienen los neoconservadores de aceptar incoherencias, como esos mismos derechos que se permiten poner en cuestión, son luego la principal razón pública para intervenir militarmente en otros países. Como tal o cual dictador pone en peligro o tiene supeditada a su población o la vecina, nosotros, nación poderosa, tenemos la obligación de intervenir. ¿Si los derechos humanos sufrieran un fuerte desgastes significaría esto que invadirían menos o peor, qué se andarían con menos miramientos a la hora de invadir, ya expresando sus verdaderas razones? Me parece que escogerían la segunda posibilidad.

[ Estirando la interpretación del autor, la lógica del coste beneficio o de la deliberación cotidiana del político producen inconsistencias en el marco moral, con terribles consecuencias posteriores para toda la arquitectura del sistema. Poner en cuestión estos derechos es poner en cuestión los fundamentos de una democracia sana. ]