APUNTES SOBRE LEALTAD FEDERAL (II)

Más allá del dato de los 8000 millones de euros y de los cientos de miles de empleos que va a crear el Plan Zapatero, el Fondo de Inversión Local aprobado por el Gobierno de España es la iniciativa que puede haber realizado con mayor intensidad un cambio en la administración pública española.

Primero porque para tramitar las ayudas del fondo, 8107, de los 8112 ayuntamientos que hay en España han tenido que contar con firma electrónica, lo cual supone que todos nuestros gobiernos locales podrán realizar cualquier trámite sin cruzar un papel y sobre todo en tiempo real, mejorando la eficacia y la transparencia de la gestión administrativa.

Además las Diputaciones han actuado como lo que la Constitución marca que tienen que ser, presatadoras de servicios a los Ayuntamientos, ya que su asesoría ha sido fundamental para tramitar el acceso a la firma electrónica y la presentación de Proyectos, sobre todo de los Ayuntamientos más pequeños, con lo cual la Diputación además ha podido coordinar proyectos para planificar coordinadamente el desarrollo del territorio provincial.

Pero fundamentalmente se ha realizado algo que rompe la lógica de competencia por el territorio en la historia de la Administración Española ya que por primera vez se ha aplicado el principio de subsidiariedad y se ha roto la competencia por el territorio entre administraciones públicas. El Plan Zapatero parte de una premisa, los Ayuntamientos son a la vez entidades autónomas y son Estado, por tanto como herramienta del estado más cercana a los ciudadanos y conocedora de sus problemas inmediatos se les ha confiado la resolución de la crisis desde su autonomía ya que son los Ayuntamientos quienes presentan los proyectos que consideren oportunos a un fondo dirigido a financiar proyectos generadores de empleo, que mejoren la calidad de vida de los vecinos, un fondo transparente y garante de la igualdad en el territorio.

Esta nueva relación entre Estado y Ayuntamientos basada en el equilibrio de que el Estado cuenta con 8112 gobiernos autónomos nivel local y que esa autonomía local siginifica para nuestros Ayuntamientos formar parte de un todo que es el Estado, es algo que cualquier manual calificaría como equilibrio y lealtad federal (bundestreue) curiosamente en España parecería que el federalismo cooperativo ha entrado a partir de la relación entre el Estado y los Gobiernos Locales, mientras que las CCAA en su relación con el Estado siguen teniendo deficits de federalismo cooperativo.

El por qué de esta diferencia radica en que los Ayuntamientos tienen espacios de relación intergubernamental horizontal y vertical consolidados en nuestro sistema político, la FEMP y las Federaciones Territoriales, las CCAA aún dependen de la reforma del Senado.

MÁS DE CIEN AÑOS DE SOCIALISMO GALLEGO

Los diagnósticos sobre política en España muchas veces se asientan sobre tópicos, uno de ellos es asegurar que algunas comunidades autónomas son sociológicamente conservadoras o progresistas «de toda la vida».

Este es el caso de Galicia, gobernada durante la mayoría del periodo democrático por el PP, sin embargo estudios sobre la españa republicana citan a Galicia como la región más profundamente republicana del país (Gabriel Jackson «La República y la Guerra Civil Española»; Hugh Thomas «La Guerra Civil Española»).

En efecto los resultados electorales históricos muestran que en Galicia, la presencia de las fuerzas progresistas era importante durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo y a diferencia de lo que sucede en otros territorios de España, la izquierda en Galicia y en concreto el socialismo ha presentado durante todo el siglo XX una fuerte fragmentación.

En concreto se pueden citar tres tradiciones dentro del tronco común del socialismo democrático que darán orígen a diversas formaciones políticas a lo largo del siglo XX.

La primera de ellas sería el tronco republicano-liberal del socialismo gallego, que se incardina en el pensamiento de Proudhon que penetra en la península a través del que fuera Presidente de la efímera República federal, Francisco Pi i Margall, quien traduce sus obras del francés y se inspira en el federalismo cooperativo como base de la organización social para dar forma al Proyecto de Constitución Federal de 1873 (sin duda una de las normas fundamentales más avanzadas que ha tenido España). La vertiente republicano-liberal del socialismo gallego, fundamenta su visión de Galicia como parte integrante de un futuro modelo federal para España y para lograrlo se conformará la Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA) un partido pequeño, de voto urbano e ilustrado de ciudades como Santiago de Compostela y que logrará a penas 16 diputados en las Cortes, pero de gran importancia durante la II República Española, ya que participará junto a Acción Republicana y el Partido Radicalsocialista en la formación en 1934 de Izquierda Republicana partido que en 1936 alcanzará en la persona de Manuel Azaña la Presidencia de la República y cuyo lider en Galicia, Santiago Casares Quiroga será Primer Ministro.  

Además en 1879 se funda en Madrid el PSOE, partido que en su implantación en Galicia combina elementos de la tradición republicano-liberal y postulados de corte obrerista, el PSOE gallego será un partido con una importante presencia  en las ciudades industriales como Vigo y A Coruña así como en localidades costeras (con un peso importante del sector pesquero y en muchas de las cuales se instalará la naciente industria conservera traida de Cataluña). En materia de concepción de Galicia, el PSOE se caracteriza por una fuerte presencia en los Gobiernos Locales y apoyará la autonomía, pero a diferencia de otras formaciones gallegas, no sobre la base identitaria, sino como referente de calidad democrática, desarrollo económico y justicia social.

Finalmente en el socialismo gallego también aparece la corriente nacionalista, que centra su reivindicación social en la afirmación de la identidad nacional gallega, esta tendencia cristalizará en la Unión Socialista Galega, nacida durante los años 30, de escisiones de sectores galleguistas del PSOE y de sectores izquierdistas del Partido Galeguista. Este partido compartirá espacio social con la ORGA y en 1934 terminará integrándose en Izquierda Republicana.

La Guerra Civil y la caída de Galicia en manos de los golpistas supondrá la represión de las formaciones políticas progresistas, nacionalistas y de la derecha democrática en el país, que se verán obligadas a reorganizarse en el exilio en torno al Consello de Galiza (gobierno gallego con sede en Buenos Aires) y en el interior, en donde en el campo del socialismo volverán a surgir diferentes formaciones sobre la base de las tres almas del pensamiento socialista en Galicia.

Así pues la tradición republicano-liberal convergerá con el nacionalismo clásico en torno al Partido Galeguista, cuya actividad en Galicia se verá limitada por la creación de la Editorial Galaxia y la apuesta de sus dirigentes en el interior (encabezados por Ramón Piñeiro) de un galleguismo transversal en la sociedad y en todas las formaciones políticas.

El PSOE se mantendrá como organización clandestina en Galicia y en 1977 contará con la incorporación del entorno de Ramón Piñeiro y del entorno del republicano-liberal y del galleguismo histórico del interior en una apuesta por una formación socialdemócrata encuadrada en un proyecto federal para España. 

Por su parte la vertiente nacionalista dará como resultado la creación del Partido Socialista Galego, formación socialista, galleguista y europeísta que encabezará Xosé Manuel Beiras, catedrático de economía de la Universidad de Santiago y que dará a la política gallega nombres de la talla del propio Beiras, Ceferino Díaz y sobre todo el primer Presidente socialista de la democracia en Galicia, Fernando González Laxe. El Partido Socialista Galego no tendrá procesos de fusión con el PSOE, sino que se aproximará al Partido Socialista Popular de Tierno Galván, en cuya federación gallega militaban importantes figuras políticas actuales como José Blanco y José López Orozco, Vicesecretario General del PSOE y Alcalde de Lugo respectivamente.

El desastre en las elecciones de 1977 para el Partido Socialista Galego y la apuesta de la Internacional Socialista por el PSOE como referente en España, creará una división en esta formación que llevará a los sectores más nacionalistas a la apuesta por la concertación con el galleguismo conservador y las formaciones políticas independentistas en torno a un frente que será el germen del BNG, en donde se convertirán en su ala izquierda y bajo el liderazgo de Beiras el BNG logrará ser durante 8 años la segunda fuerza política.

Fernando González Laxe, primer Presidente socialista de la Xunta.

Por su parte las tendencias de corte más socialdemócrata de esta formación, junto con el PSP gallego,  iniciarán un proceso de fusión con el PSdG-PSOE, llegando un antiguo miembro de este partido, Fernando González Laxe a ser el primer Presidente socialista de la Xunta de Galicia en 1987 (gracias a un pacto con el nacionalismo gallego) dichas incorporaciones serán fundamentales en la consolidación del PSdG-PSOE como alternativa de gobierno en Galicia, si bien durante finales de los 90 sufrió un retroceso que le llevó a ser la tercera fuerza política en Galicia, siendo con la elección de Emilio Pérez Touriño como Secretario General el punto de recuperación electoral y de posicionamiento como partido de gobierno sobre la base de un discurso moderno, socialdemocrata y galleguista.

La historia del socialismo gallego tendrá otro momento señalado el 19 de junio de 2005 cuando por segunda vez en la historia un socialista, Emilio Pérez Touriño, presidirá la Xunta en gobierno de coalición con el nacionalismo,  gracias a este cambio político a nivel de país el socialismo gallego experimentará un crecimiento electoral que lleva a que presida las Diputaciones de Lugo y A Coruñá, la Federación Galega de Municipios y Provincias y  gobierne a casi el 70% de la población gallega, ostentando por ejemplo la alcaldía de tres de las cuatro capitales de provincia (y siendo socio del BNG en Pontevedra) así como en la capital autonómica y en ciudades del peso de Vigo, Vilagarcía de Arousa y Marín.

Emilio Pérez Touriño, toma posesión como Presidente de la Xunta de Galicia

Fruto de este cambio político sísimico que ha vivido Galicia, en los ultimos 4 años se han producido importantes transformaciones en el país, como la apuesta por las políticas sociales (sanidad desprivatizada y de calidad, escolarización infantil universal, concertación social con sindicatos y empresarios) territoriales (protección del litoral, energías renovables, desarrollo del medio rural y llegada de la alta velocidad) además de estar creciendo económicamente durante esta legislatura varios puntos por encima de la media española y europea, lo cual permite que Galicia esté preparada para seguir creando bienestar y luchar contra la crisis financiera internacional.

LATINOAMERICANISMO Y SOCIALDEMOCRACIA

«Esperarás como Fabio a que llegue el momento justo, pero cuando llegue golpea con fuerza o tu espera habrá sido en vano»

Fabian Society.

Recientemente el historiador peruano Eugenio Chang Rodríguez presentó en la Casa de América su ultimo libro basado en la biografía de Victor Raul Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y de cuyo fallcecimiento se cumplen 30 años en 2009.

Para los europeos en general y los españoles en particular la figura de Victor Raul Haya de la Torre, es bastante desconocida, queda opcada por los grandes nombres que han dominado la convulsa vida política latinoamericana, sin embargo se puede afirmar que el suyo fue el primer intento serio de adaptar el socialismo democrático a la realidad de aquella región.

Dice Ludolfo Paramio que uno de los problemas estructurales para la expansión de la socialdemocracia en América Latina fue que la ausencia de un desarrollo industrial similar al europeo, hizo que el cambio social menos acentuado y que a comienzos del siglo XX en los países del continente aun predominasen sociedades predominantemente rurales, en las que teorías como el anarquismo, exportadas frecuentemente por inmigrantes europeos tuvieron más facilidad de propagación y en las que aún coleaban las luchas entre liberales y autoritarios.

Inspirado en la Revolución Mexicana de 1917 y exiliado en aquel país por una cruel dictadura, Victor Raul Haya de la Torre publicó en una revista próxima al Partido Laborista británico, cinco ideas sobre el modelo latinoamericano de socialismo:

1. Lucha contra el imperialismo y la dominación.

2. Integración política y económica de América Latina.

3. Reforma agraria e industrial.

4. Internacionalización del Canal de Panamá.

5. Solidaridad con los pueblos dominados y oprimidos de la tierra.

Estos principios desarrollados en un interesante libro llamado «El Antiimperialismo y el APRA» suponen el primer intento serio de organizar un modelo partido socialista en América Latina y de estructurar una organización continental, inspirada en lo que es la Internacional Socialista, pero circunscrita a América Latina.

El resultado práctico del trabajo de Victor Raul Haya de la Torre se plasmó en la fundación de partidos de base aprista, que aun hoy gobiernan o son alternativa de poder en varios países de la región destacandose Acción Democrática de Venezuela, hoy transformado en varios partidos de corte socialdemócrata y de facto la oposición más seria a Hugo Chavez, el Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, el Partido Socialista Chileno y en su país natal el Partido Aprista Peruano y en la influencia en la fundación del Partido del Trabajo de Brasil. 

Más de 75 años después de la fundación del APRA en México, la historia latinoamericana muestra varios intentos de implantar una izquierda de corte populista en la región que se observan con mucho interés en Europa, principalmente cuando se dedican a realizar gestos desafiantes ante el poder norteamericano, sin embargo llama la atención que a pesar de que esta izquierda combinada con populismo suele tener una duración limitada en el tiempo, las formaciones políticas fundadas bajo el prisma de Haya de la Torre, más pragmáticas, radicalmente democráticas, pero firmes en sus valores, se mantienen, gobiernan y realmente transforman sus sociedades, inmplantando sistemas socialmente más justos que las liberan de la dominación interna y externa.

APUNTES SOBRE LEALTAD FEDERAL

El debate abierto en España, respecto la financiación autonómica, tras las reformas estatutarias culminadas entre 2005 y 2007, pone de manifiesto una acentuación del carácter federal del Estado, ya que por primera vez se asiste dentro de todas las formaciones políticas de ámbito nacional a un debate centro-periferia, o a una tensión entre la agenda politica autonómica, con la agenda política federal o estatal.

Fruto de nuestra falta de experiencia federal, se está provocando un debate absurdo entre quienes se enrocan en posiciones de ferrea defensa de una homogeneidad en las políticas de las 17 CCAA y aquellos que demandan que la autonomía significa un espacio intocable de competencia y prestación de servicios, en la que aquello que recaudo en mi territorio lo gasto yo, lo cierto es que ni una postura ni la otra están en lo cierto y a la vez ambas presentan elementos acertados de diagnóstico.

Por un lado es lógico y la Constitución lo proclama (artículo 149.1.1º) que tiene que existir un mínimo común denominador en derechos y obligaciones para todos los ciudadanos del Estado, por otro lado autonomía significa la capacidad de prestar servicios o garantizar derechos de manera particularizada y adaptada a las particularidades de cada territorio, de hecho la existencia de políticas públicas territorializadas y no homogeneas desarrolladas por las CCAA o las EELL en su ámbito de competencia ha sido avalado por el Tribunal Constitucional.

Esta tensión a nivel financiero supone que las CCAA, para poder tener gobernabilidad (entendida como la capacidad del Gobierno de dar respuestas a las demandas ciudadanas) tienen que tener financiación suficiente para desarrollar sus políticas propias, pero también tienen que tener financiación suficiente para evitar desestructuración territorial y la existencia de espacios de desigualdad como por ejemplo sucede en Italia, dado que los nuevos Estatutos consolidan transferencias que desde 1992 han sido traspasadas por el Estado a las CCAA, los gobiernos exigen respaldo financiero para desarrollarlas.

Si atendemos a lo que sucede fuera de España donde existen multitud de Estados Federales, similares a nuestro Estado de las Autonomías, el proceso de resolución de este tipo de conflictos, principalmente relacionados con la financiación, se ha basado en el desarrollo de una práctica que Roberto destacaba en su blog, con su denominación alemana, el bundestreue, es decir la lealtad federal, vamos a ver algunos casos:

Bundestreue

I. ESTADOS UNIDOS. El federalismo estadounidense se basó tradicionalmente en la existencia de dos niveles de gobierno, federal y estatal y la no injerencia de uno sobre otro, el desarrollo del New Deal de Roossevelt coincidente con el nacimiento de las relaciones intergubernamentales generó en determinados ámbitos de actuación política (infraestructuras, asistencia social, sanidad y educación) la necesidad de equilibrar el desarrollo específico de cada Estado, con la cohesión de la federación, para ello los diversos conflictos que surgieron entre el centro y la periferia se resolvieron con el reconocimiento y desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo federal, del concepto de “federalismo cooperativo” que obligaba a la federación a garantizar a los Estados recursos financieros suficientes para ejerecer su autogobierno y éstos a su vez se obligaban a contribuir al bienestar del país compartiendo su riqueza. II. CANADÁ. En Canadá al igual que en los Estados Unidos el principio se ha desarrollado por los diferentes Tribunales, en la práctica de resolución de conflictos entre las Provincias y el Gobierno Federal durante el desarrollo del Estado del Bienestar y principalmente a la hora de articular las relaciones entre la federación y la provincia de Québec. III. ALEMANIA. El sistema federal alemán por su parte ha reconocido el principio de la bundestreue, sobre la base de su desarrollo consuetudinario en la práctica política y la jurisprudencia constitucional. En Alemania la lealtad federal tiene dos dimensiones, por un lado el respeto obligado que los länder tienen que prestar a la normativa federal garante de la igualdad mínima entre los ciudadanos, de otro, la federación no puede imponer políticas sin escuchar y hacer partícipes a los diferentes länder, para ello se estimulan los órganos de cooperación bilateral, pero sobre todo multilateral. IV. AUSTRIA. El principio de lealtad federal tal y como se entiende en Alemania, se reproduce en el modelo federal Austriaco. En ambos casos el desarrollo de la lealtad federal se ha vinculado a la implementación del Estado del Bienestar tras la II Guerra Mundial. V. SUIZA. La Confederación Helvética ha reconocido la lealtad federal en su Constitución en 1999, sobre la base de 4 principios : 1.       La Confederación tiene la prohibición de delegar competencias a los Cantones, si éstos carecen de recursos económicos suficientes para asumirlas. 2.       Los Cantones no pueden conformar relaciones entre ellos con el objetivo de alterar los equilibrios y para presionar al gobierno federal. 3.       Las relaciones de los Cantones con el Gobierno Suizo se fundan en la confianza cooperativa y la visión de conjunto. 4.       El gobierno federal tiene la obligación de informar y consultar a los Cantones, antes de tramitar cualquier iniciativa legislativa y presupuestaria.

 

España, por tanto no es una excepción, el debate en torno a como se estructura la relación entre los territorios y el gobierno central se da a medida que se desarrolla el Estado del Bienestar (y por tanto se centra en la distribución de los recursos entre los territorios) y tal y como sucede en Canadá, se produce por la existencia de regiones con una situación identitaria específica. Además tal y como sucede en los países indicados, estas tensiones afectan a la unidad y lealtad partidista de los gobiernos regionales, ya que la autonomía tiene una dimensión política que genera agendas y dinámicas políticas propias en cada territorio, que a veces entran en conflicto con el gobierno del Estado, del mismo color político.

 

Sin embargo al final, en EEUU, Canadá o Alemania, el Partido Demócrata, el Liberal o los Socialdemócratas ni los Republicanos, Conservadores o Democratacristianos, se rompen cada vez que hay este tipo de tensiones, antes al contrario el sistema político federal experimenta un debate, del cual suele salir fortalecido, la diferencia entre estos países y España se basa por un lado en que en todos ellos prima una visión multilateralista y de conjunto (no excluyente de las relaciones bilaterales, mientras que en España la multilateralidad es la excepción) y de otro existe un Senado Federal en la que los Estados, länder, Provincias o Cantones, participan como tales en la conformación de las leyes (por tanto también en el presupuesto) y de la voluntad federal (en España el Senado no es territorial).

 

Por ello en España no hay que preocuparse y hay que ver este debate como algo normal que si consigue reforzar los mecanismos multilaterales e impulsar la reforma del Senado, fortalecerá nuestro sistema autonómico.

1. LA DEMOCRACIA POSIBLE (II) TERRORISMO Y DERECHOS HUMANOS

-Si usted está debatiendo sobre seguridad y ve como se cuestionan las libertades básicas, aquí tiene unos argumentos para encauzar el debate y señalar las falacias del neoconservador-

2. La mentira del nuevo equilibrio

3. Universalidad de los derechos humanos; diferentes interpretaciones y una misma evaluación

4. Formulaciones concretas; aquí cabe el debate

5. Las torturas, la pena de muerte y los derechos judiciales

6. Derechos humanos y extranjería

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En gran parte de occidente tras la Segunda Guerra Mundial, cierta concepción humanística se terminó por imponer como sustrato último de toda política justificable y de toda norma legal: Los Derechos Humanos. Es verdad que han existido con una guerra fría de por medio, un Vietnam, una política de intervención en América del Sur y otra económica con África que poco ejemplo han dado, pero se podría decir que han sido bastante respetados de fronteras hacia dentro. Por desgracia hoy en día en vez de preocuparnos de sacar estos derechos más allá de nuestras fronteras, vemos que se empiezan a cuestionar abiertamente la legitimidad de estos derechos incluso internamente. Estas normas que alcanzaron la categoría de semi-sagradas están sufriendo el mayor ataque por parte de la estrategia neoconservadora del miedo.

Dworkin plantea su defensa desde la raíz que los nutre. Desde los principios de la Dignidad Humana. Si estos principios son los que nos mueven, los que nos permiten representar el mundo de una forma ética y los que nos dan significado como seres humanos, es desde ellos desde donde tenemos que defendernos contra las cesiones a las supuestas políticas de seguridad neoconservadoras. La gente tiene miedo, o se le infunde miedo, y hay que preguntarles si están dispuestos a renunciar a sus principios básicos para sentirse más seguros.

En su libro, Dworkin toma sus Principios de la Dignidad Humana como están recogidos en los diferentes tratados generales y más específicamente en las constituciones, leyes y acciones de gobiernos particulares. Para luego denunciar como estos están siendo puestos en cuestión con acciones como Guantánamo o Abu Ghraib, por las políticas de recortes de libertades y por la apelación a sentimientos de inseguridad mayoritarios.

[ Yo añadiría una consideración, subiendo al nivel superior –por sí resultase que los derechos humanos y los derechos políticos más básicos también fuesen objeto del debate político- A saber, que las políticas de derechos son auténticas políticas de seguridad de los ciudadanos. Nos protegen de las actuaciones arbitrarias de los poderosos y de los que poseen los recursos. Eliminar o aminorar las garantías constitucionales nos vende como ciudadanos ante el poder. El relato del peligro externo ni nos protege de lo de fuera ni nos preserva dentro como hombres libres. Los derechos son la seguridad de la ciudadanía, sin ellos, está vendida –esclavizada- ]

2. LA MENTIRA DEL NUEVO EQUILIBRIO

Uno de los argumentos neoconservadores trata de llevar el debate a una cuestión de equilibrio entre seguridad y derechos. Dado que el peligro ha aumentado sobremanera -dicen- desde el 11M, hay que volver a reajustar la balanza. Es necesario que existan menos libertades en un mundo más temible.

Igual que uno reequilibra el gasto según la prosperidad económica o invierte más en una infraestructura que en otras -estación de trenes o aeropuertos- o en el diseño de estas, según sea más conveniente. Así también, dicen, se deberían cambiar las garantías constitucionales.

En esta equiparación es donde denuncia la falacia. Los derechos políticos básicos no son decisiones deliberadas previamente según convengan como son las decisiones políticas cotidianas. Los principios de la dignidad humana están fuera del debate político porque no son negociables. Porque no es una cuestión de intereses, sino que es una cuestión moral.

Siguiendo a Dworkin podríamos decir que estos derechos básicos no son abordables desde un debate costes / beneficios, porque no se derivan de una posible gestión. Su procedencia es moral y aquí no cuadra la lógica del negocio.

Además, resulta significativo en cuanto a la capacidad que tienen los neoconservadores de aceptar incoherencias, como esos mismos derechos que se permiten poner en cuestión, son luego la principal razón pública para intervenir militarmente en otros países. Como tal o cual dictador pone en peligro o tiene supeditada a su población o la vecina, nosotros, nación poderosa, tenemos la obligación de intervenir. ¿Si los derechos humanos sufrieran un fuerte desgastes significaría esto que invadirían menos o peor, qué se andarían con menos miramientos a la hora de invadir, ya expresando sus verdaderas razones? Me parece que escogerían la segunda posibilidad.

[ Estirando la interpretación del autor, la lógica del coste beneficio o de la deliberación cotidiana del político producen inconsistencias en el marco moral, con terribles consecuencias posteriores para toda la arquitectura del sistema. Poner en cuestión estos derechos es poner en cuestión los fundamentos de una democracia sana. ]

3. UNIVERSALIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS; DIFERENTES INTERPRETACIONES Y UNA MISMA EVALUACIÓN

Estos principios tienen en cada gobierno y en cada constitución un desarrollo propio, característico de la propia sociedad que lo legitima. Pero esto no quiere decir que cada equipo de gobierno o cada periodo constituyente pueda interpretar estos principios como les dé la gana. Antes decíamos que los derechos humanos no eran intereses negociables, ahora afirmamos que no son ni interpretaciones subjetivas ni partidistas.

Un país puede tolerar la libertad de expresión incluso si esta es usada para cuestionar sus principios fundamentales -el caso de EEUU- o un país puede acotar esa libertad de expresión para proteger otros derechos, como la dignidad de las víctimas del Holocausto -el caso de Alemania- Lo que une a estos dos ejemplos, es que procuran hacer inteligibles los principios básicos de los que hablamos. Puede que una formulación sea más perfecta que la otra, pero los dos responden a un interpretación de buena fe.

[ Por matizar a Dworkin, no creo que la buena fe ni la inteligibilidad de las interpreataciones sean los mejores criterios de evaluación de gobiernos y constituciones con respecto a los derechos humanos. Como él sabe, estas interpretaciones no se siguen de forma lógica de los derechos básicos, sino que responden a circunstancias concretas, pero no por ello tenemos que abandonar la búsqueda de una evaluación más analítica.

Podríamos considerar que los principios básicos de la dignidad del hombre son un núcleo a desarrollar según las necesidades del contexto. Que este desarrollo es técnico en gran medida y por tanto tiene un espacio de soluciones plural, en el que caben distintas respuestas para los mismos problemas -podemos diseñar diferentes motores para un mismo modelo de coche y ninguno tiene porque ser el mejor, sino que pueden responder a prioridades diferentes, como el consumo o la potencia- Y que la evaluación estará en cuantos casos concretos en la relación persona-estado pueden considerarse como una violación de la integridad moral de las primeras. Da igual que un modelo potencie una perspectiva u otra, que se base en una cultura u otra, que actúe positivamente contra unas discriminaciones u otras, con tal de que al final tienda a aminorar los casos de violaciones de los derechos humanos que se cometen bajo su órbita de actuación.]

4. FORMULACIONES CONCRETAS; AQUÍ CABE EL DEBATE

Estos principios filosóficos recogidos en unos principios políticos básicos necesitan una ulterior concreción en las leyes y la política de lo cotidiano. De los principios filosóficos de la dignidad humana, a la libertad de expresión en los tratados de derechos humanos y constituciones, a regular a qué hora y en qué lugar puede tener una manifestación con su desfile en un lugar público, a través de leyes y gobiernos.

El paso de una fase a otro no es mecánico en palabras de Dworkin y por tanto cabe la discrepancia en cual sea la mejor opción. Debate sobre como concretizarlos, no como sobre cómo eliminarlos o neutralizarlos, téngase claro.

[Yo diría que si tiene algo de mecánico pero que la transferencia de valores entre unos niveles y otros no tiene un solo camino mecánico, el necesario, sino que tiene varios. Y que es mecánico porque al final puede evaluarse, puede retrocederse de la formulación concreta a los principios constitucionales y a los filosóficos para ver si se cumplen -tienes o no tienes derecho, es conveniente o no, emitir pornografía en una televisión pública en horario de máxima audiencia, ¿Se violan los estos principios si se ponen en un horario diferente? Parece claro que son posibles múltiples ajustes en la concreción de unos principios que no tiene enmienda posible en su formulación moral e ideal- ]

En este caso es donde cabe el debate de las mayorías. Donde la fuerza de la democracia es operativa y moral. En el trabajo sobre unos límites acotados filosóficamente y moralmente. Este es el marco de una democracia sana, el que lo diferencia de una posible tiranía de las mayorías. Sí, cabe el debate, las decisiones de las mayorías, pero con límites en la inviolabilidad de la dignidad de las personas. Esta es la razón que deberíamos esgrimir ante líderes que apelando a su mayoría pretenden derogar libertades de expresiones, de movimiento o quién sabe si en un futuro, de asociaciones. Es la razón para no aceptar, aunque la mayoría vote a favor, una legislación que permita espiar a un ciudadano sin que este tenga derecho alguno, e incluso sin que nunca llegue a saber que se le vigila tan íntimamente.

5. LAS TORTURAS, LA PENA DE MUERTE Y LOS DERECHOS JUDICIALES

Un gobierno democrático que quiera considerarse legítimo no puede violar estos derechos humanos a su conveniencia. Como ya hemos dicho antes -y como se sigue más de otras obras de Dworkin o del análisis de Andrea Greppi sobre nuestro autor en su Concepciones de la democracia en el pensamiento político contemporáneo – el propio sistema necesita respetar unos principios universales que no admiten arbitrariedad ni negociación, porque estos dan la propia estabilidad al sistema y permiten cumplir sus objetivos generales. Vamos, que no es posible la democracia de hombres libres e iguales si el gobierno se permite tratar a las personas a su conveniencia, aunque sea con el apoyo de la mayoría. Algo parecido recogíamos de Pettit en una entrada anterior.-

La falta de derechos sobre los detenidos y encarcelados -Guantánamo-, la indulgencia con las torturas -Abu Ghraib- y las penas de muerte, merman el carácter de una nación. Es una renuncia inmoral que además tiene consecuencias para el resto de la sociedad -vivir bajo un sistema con menos garantías y con la brecha abierta de la arbitrariedad gubernamental. Hoy les toca a ellos mañana te puede tocar a ti.

[ Aunque este no esta no es la posición de peso de Dworkin, que no apela a que la arbitrariedad puede volverse en contra de todos , transformando una nación de hombres libres en La Corte del Zar Rojo, ni tampoco explora el argumento de que juicios rápidos y sin garantías, crearían el clima de mayor inseguridad para todos imaginable- donde una nueva Inquisición de la señora Democracia, como antes lo era también de lo más puro, Dios, podría convertirse en el mayor enemigo de todos, caso por caso, casa a casa, enemigo a enemigo del gobierno- Argumentos, que como veíamos con Pettit, siguiendo a Maquiavelo y Cicerón, demostraban que la República bajo derechos es la única forma de seguridad para el ciudadano, que se puede dedicar a sus propios asuntos sabiendo que unos principios legales le protegen de los poderosos. Sintetizando, sin derechos no hay calculo seguridad posible, porque el día que el poderoso o el gobernante decida macharle usted no podrá hacer nada. ]

Para Dworkin más bien es una cuestión de principios que de seguridad y ciudadanía. Y en último término de honor. No podemos aceptar estas violaciones porque la seguridad no vale tanto como para el honor, si de verdad queremos ser hombres libres.

[ A mí, esta invocación del honor, si bien me atrae por otro tipo de valores, no creo que sea la mejor razón sistemática. Porque al fin y al cabo el concepto honor se puede sustituir por lo mismo que pretende justificar: el segundo principio de la dignidad, el ser responsable de la propia vida, convirtiendo la explicación sería un círculo muy pequeño: Si tienes como derechos la propia libertad no puedes permitir que se lo quiten a otros, sería un deshonor, porque en vuestra humanidad sois iguales.

Prefiero decir que este honor, o esta capacidad y derecho de elegir la propia vida, estaría puesta en cuestión, por acciones arbitrarias, y que no sólo la libertad está en peligro, sino la propia integridad física. No es que renunciáramos al honor, es que tarde o temprano otros nos lo quitarían. Prefiero argumentarlo así, porque el argumento de Dworkin necesita de una empatía con respecto del resto que tengo mis dudas de que sea universal -por desgracia-Sin embargo creo que cierta forma de egoísmo, o el mirar primero por uno mismo y la empatía por los muy cercanos, está mucho más entendido, y saberlo explotar, puede permitir tanto o más que la empatía con toda la humanidad, en términos de justicia y libertades. ]

6. DERECHOS HUMANOS Y EXTRANJERÍA

Posiblemente este sea el jardín con más espinas. El que tiene los caminos más torcidos, y en el que sino terminamos admitiendo las sutilizas del análisis minucioso, nos dejará la piel llena de espinas.

Por lo general hay dos discursos en la calle -me permito hablar como pseudofilósofo y como urbanita que convive con la inmigración en el trabajo, antes en la universidad, en el transporte público, en el barrio y en el portal. Y como ahora, lector de Dworkin. Esto no es sociología y no podría decir si se habla mucho o poco en la sociedad sobre el tema, pero donde yo he citado, se habla mucho, muchísimo, más que en los partidos políticos o en los medios de comunicación- Las dos mitologías son: Un primer discurso un tanto despreciativo, de recorrido fácil y a veces con tintes xenófobos. Luego hay otro de derechos humanos para absolutamente todo junto con una idea puramente mercantil, que curiosamente es la preferida de los progresistas -el extranjero produce, con lo cual es legítimo. Y… cuando no produzca miraremos para otro lado ¿no?-

No hay posibilidad intermedia. No existe el debate. Quien critica problemas derivados de los movimientos migratorios, corre el riesgo de ser un racista. Quien defiende los derechos de un inmigrante corre el riesgo de ser tachado de hippy progre que por supuesto vive en un barrio bien y mira las cosas desde la barrera.

El problema es que esta dualidad puede llevarnos al silencio y a la indiferencia, tanto ante los problemas como ante la persecución del inmigrante. Nadie habla públicamente, sí entre amigos, de estos temas. No se habla, porque diga lo que se diga, en tono crítico, uno está condenado a caer en uno de los abismos. Y así uno puede vivir en una esquizofrenia considerable. Esto es lo uqe ha llevado a las personas progresistas, las que mandan o pueden escribir y hablar en los medios de comunicación, a que no dijeran nada crítico en un periodo de exaltación del inmigrante y tampoco digan nada crítico cuando la bandera es la persecución del inmigrante ilegal.

La vacuna para esta ceguera, y posiblemente para el segundo mayor reto /problemón de Europa, sea diferenciar nítidamente entre derechos humanos y el debate sobre las políticas concretas sobre inmigración. Hemos estados viendo, que aunque viven conectados ideales y concreciones en el mundo de las leyes, conceptualmente pueden diferenciarse. Puedo defender la dignidad de un inmigrante y no por ello tengo que renunciar a decidir como quiero que sea la política de extranjería de mi país ni impedírselo a otros. Puedo intentar cambiar esta política de extranjería pero nunca puedo violar los derechos humanos.

Los derechos humanos no dictan como un estado tiene que trabajar por la humanidad entera. Dicen lo que no puede violar su legislación. Dice que no puede actuar con mala fe contra el inmigrante o la nación extranjera. Pero no dictan como una nación tiene que desarrollar sus políticas concretas.

Impedir este debate es lo que está llevando a Europa a un movimiento extremadamente conservador. No puedo opinar, pues me quedo con los mensajes más viscerales, irracionales, apeladores del miedo, pero en los que al fin y al cabo salgo mejor parado. Un debate que si se admitiese, quizás no sería tan difícil de abordar. Quizás descubriríamos los miedos de unos y otros, lo que esperan unos y otros, haríamos de los prejuicios de unos y otros razones cuidadas, pulidas y respetuosas.

Quién sabe, si con ordenanzas municipales de convivencia y orden público -para todos por igual y con obligaciones de verdad, legales, y no sólo marcas para extranjeros, como esa tontería esa del contrato para inmigrantes del PP- Quien sabe, si asumiéramos que el multiculturalismo político no es más que la defensa de guetos que nunca convivirán entre ellos y de líderes no democráticos de subcomunidades, y si asumiéramos que los beneplácitos con los dogmas de las distintas religiones no son más que los peores enemigos de los derechos humanos, este problema no sería más que una cuestión administrativa de cómo asentar flujos de personas en una sociedad próspera.

Es verdad que la Frontera es el gran problema conceptual. Que retornar a un inmigrante en el fondo, aunque sea él ilegal y el procedimiento de expulsión legal, cae bajo la conciencia de que se le manda a un mundo sin garantías a pesar de su humanidad. Que no dejarle entrar es la misma condena dentro del sistema global. Pero no tengo solución a esta falla, entre la ciudanía global y la protección que sólo asegura el estado concreto, sólo veo la cooperación internacional -idea claramente insuficiente para el desarrollo de los derechos en el resto del planeta- Eso y el deseo de una internacional progresista.