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Después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, el papel jugado por el PSOE y el PSC en su defensa, la posterior y multitudinaria manifestación en protesta contra la interpretación de la sentencia y la postura del presidente Zapatero de volver a recomponer posiciones con Cataluña cuidando su fuerte sentido de identidad, un simpatizante socialista, por no decir ya muchos socialistas con cargo, se pueden preguntar si será coherente aspirar a gobernar España mientras se mantiene una actitud de apoyo al Estatuto aunque se diga respetar la criticada sentencia. Y con su pregunta puede plantearse si merece la pena volver a votar PSOE.
Voy a intentar contestar que sí, que es coherente y además que es la mejor opción -aunque como todo proceso complejo tenga sus peligros o sus tensiones a veces inconscientes- que podemos representar en dos partes, por un lado la de socialistas aparentemente más centralistas como Ibarra, Bono, Guerra, etc. y por otro la de socialistas aparentemente más federalistas como Zapatero, Felipe Gonzalez, o Montilla. Y digo aparentemente porque creo que su discurso se apoya en el centralismo o en el federalismo pero sólo de forma tangencial para defender dos aspiraciones básicas del PSOE actual, una que trata al estado como distribuidor igualitario de riqueza -los llamados centralistas- y otra que trata al estado como un proyecto progresivo de cada vez mayor representatividad y mayor división de poderes –los llamados federalistas-
Intentemos reconstruir el panorama.
La izquierda por encima de la identidad defiende la redistribución.
Cuando vimos la manifestación en Barcelona con uno de sus principales carteles exclamando: Somos una nación, nosotros decidimos. Uno piensa inmediatamente, el PSC se está suicidando políticamente. Para defender la identidad la gente vota nacionalistas, para defender izquierda e independencia ya existen otros partidos, y su sitio, si quiere ganarlo, es el de un socialismo que respete la identidad pero no lo encumbre por encima de su tarea de izquierdas y es más, que sólo lo suba al nivel que haga posible enlazar su identidad con el resto de identidades de España, donde también están sus compañeros socialistas. Sobre todo si pensamos que una gran mayoría de catalanes se sienten españoles y catalanes al mismo tiempo como se puede ver en la reciente encuesta de El Periódico.
Al alimentar esa manifestación y promover una causa de la que él ni siquiera es el mejor representante, el PSC se estaría alejando de su electorado y encima estaría movilizando al del oponente haciendo flaco favor a la izquierda.
Como dice el profesor de la universidad de Barcelona Felix Ovejero en El País, el PSC parece haber alimentado un monstruo que no hubiera nacido sin su ayuda -Tengan en cuenta que Felix Ovejero no es un representante de la derecha catalana, sino de su universidad y de la izquierda, como se puede ver en que sus escritos son referencia en la Fundación Pablo Iglesias del PSOE- Dice en su artículo, La sentencia y la hidráulica:
El argumento tiene dos partes. La primera apela a los hechos. Los políticos catalanes se presentan como portavoces de una realidad que el Estado central se resistiría a reconocer. Una realidad que tiene que ver, sobre todo, con la identidad. El Estatut sería la cristalización política de esa demanda de reconocimiento.
Si hay que tasar esta imagen por su grado de realismo hay que pensar que el guión de la política catalana lo escriben a dos manos Tim Burton y David Lynch, no del todo sobrios. Primero, no había demanda social: según una investigación realizada por una universidad catalana antes de que comenzara este lío, los catalanes éramos de los españoles más satisfechos con nuestra autonomía. Convertido ya el lío en eje de campaña electoral, antes de la victoria de Maragall apenas un 4% consideraba la simple reforma del Estatut como un asunto prioritario. Y el remate: la masiva abstención en el referéndum, a pesar del febril activismo de los medios de comunicación catalanes que, alineados con los poderes políticos y en un no parar hasta hoy mismo, han ahogado cualquier discrepancia bajo la acusación de anticatalanismo. Segundo, es irreal la tesis de la identidad centrada en la lengua, el rovell d’ou del argumento. El desajuste entre la Cataluña real y la oficial asoma por todas las costuras. Una muestra entre mil: la televisión de Barcelona, en aras de la integración de los inmigrantes, mantiene informativos en 20 lenguas, pero no en castellano, la lengua del 61,5% de quienes vivimos en el área metropolitana barcelonesa (el catalán supone un 32%) y, por supuesto, de la inmensa mayoría de los in-migrantes. Tercero: hay una voluntad explícita de escamotear la realidad, como se vio hace apenas un par de meses cuando los votos del Tripartito y CiU en el Parlament vetaron una propuesta de incluir en el censo una pregunta sobre “lenguas de identificación y conocimiento de lenguas de la población de Cataluña”.
El autor continúa señalando además un punto donde el sentido de la izquierda podría chocar frontalmente con un programa nacionalista:
a mí me resulta difícil pensar que la izquierda, y la más elemental sensibilidad democrática, puedan encontrar justificadas las apelaciones a los derechos históricos, a la necesidad de poner límites a la solidaridad o unas políticas lingüísticas que, en un contexto de existencia de una lengua común, tienen consecuencias manifiestamente discriminatorias en el mercado de trabajo, entre los propios catalanes y en el conjunto de los españoles. Pero todo podría ser.
Para terminar señalando que este es un monstruo que nunca se sacia y cuanto más se le da de comer más quiere hasta que llegue a su fin: la independencia.
En la misma dirección escribe Ibarra en el mismo periódico en su artículo Lo que no se puede ni debe ceder:
Lo único que no puede ser España es aquello que vaya quedando después de un proceso continuado de reforma de los estatutos de autonomía. España no puede ser un residuo. Si cada uno piensa en su trozo, alguien tiene que pensar en el todo, y ese es el papel y la responsabilidad del presidente del Gobierno. Para ello, muchos estamos dispuestos a ayudarle desde la lealtad y desde la responsabilidad. Estamos dispuestos a colaborar en un proceso que nos permita saber que nuestros derechos de ciudadano van a seguir estando garantizados por el Gobierno español y que, sea como sea el proceso, no se ponga en riesgo lo que nos es común y lo que nos hace fuertes y diversos.
Apuntando a otra intuición propia del PSOE más republico –en el sentido de pensador de cabecera de Zapatero, Philip Pettit - a saber, que un ciudadano no debe estar indefenso ante los múltiples poderes a los que se enfrenta, que tiene que tener capacidad de influir democráticamente en ellos, para introducir su voluntad en aquello que le termina afectando de una forma indefectible. Con otras palabras, como españoles, cualquier cosa que le pase a España nos afectará a nosotros. Algo que vemos muy claro hoy en día con la crisis, donde hasta las hipotecas de la ciudad más remota de EEUU nos afectan, por no decir la valoración que hacen de nosotros agencias de riesgo, bancos, gobiernos europeos, etc. Si la izquierda hoy en día tendría que querer algo, es una ciudadanía global, donde una persona no sea un simple sujeto pasivo del mundo que le rodea. Y si queremos aspirar a eso con el mundo entero ¿Cómo vamos a renunciar a ser sujetos políticos de lo que pasa en España para quedarnos en nuestro rinconcito? Como dice Ibarra a continuación:
España, como dice Felipe González, es un espacio público que compartimos.
Y sigue:
Yo puedo hacer el esfuerzo de comprender las razones que le llevan a pretender adaptar la legislación a las demandas ciudadanas de algunos territorios para quedarse con 20 o 30 competencias, que nos pertenecían a todos. Pero esas competencias no son del Gobierno, ni siquiera de las Cortes Generales. Esas competencias nos pertenecían a todos los españoles y a ellos no se les ha preguntado para que dejen de ser suyas y pasen a ser de unos cuantos. Sin duda, el Gobierno, al quedarse sin esas competencias, se debilitaría, pero en mi opinión, todos saldríamos más débiles de esa operación.
El nosotros decidimos sobre competencias que son de todos porque nos sentimos nación, es un acto arbitrario que no cuadra con el socialismo, la socialdemocracia, el republicanismo o el liberalismo de izquierdas.
España queda vertebrada y mejor representada con el desarrollo federativo.
Una vez dicho esto un habitante de Madrid podría romper definitivamente con el PSOE para arrojarse en brazos de las grandes defensoras de España llamadas Rosa Díez o Esperanza Aguirre, con su espada común, de las consignas simples y populares. O podría hacerse preguntas inteligentes, como:
¿Defender una articulación del Estado más federal es alimentar el monstruo de la independencia? Entonces, no defenderlo ¿no será alimentar un monstruo del centralismo que todo lo deja en las manos arbitrarias del gobernante central? ¿Queremos que un gobernante desde su trono dicte como debe funcionar España entera sin qué ésta esté representada en un entramado de instituciones y leyes? ¿Sin que los ciudadanos de cada territorio puedan expresar cada vez más fina y cercanamente sus necesidades? ¿Nos gustaría que nos gobernase alguien que no nos conoce y no tiene las herramientas políticas para hacerlo por ejemplo desde Bruselas aludiendo simplemente a nuestra identidad común de europeos o a qué somos igualmente bípedos del siglo XXI?
Bien lo dice Ibarra en el artículo citado:
Los extremeños, por ejemplo, no queremos ni oír hablar de la España centralista ni del nacionalismo económico español; ese nacionalismo que fue desde la Restauración del XIX hasta la Dictadura franquista, pasando por la Dictadura de Primo de Rivera. Para los extremeños, y para otros territorios, ese nacionalismo significó la ruina económica y la hemorragia de la emigración. El sistema fue la protección arancelaria del nacionalismo español, reservando el mercado interior para los productos textiles catalanes y siderúrgicos vascos (el arancel de 1826, el de 1849, el de 1869). Con Primo de Rivera se reservaron las cuotas de producción para los que ya producían, de tal manera que nadie podía fabricar en otro territorio lo que ya se hacía en las zonas protegidas.
Ese centralismo no va a ser ninguna garantía de la igualdad o la prosperidad de los españoles. Al contrario, la historia de España nos demuestra que esa centralidad es arbitraria, discrimina y empobrece a España entera. Como lo hizo especialmente durante los años de la última dictadura que sufrimos.
Esto lo vieron claro los arquitectos de la Constitución. Por eso plantaron el germen de un federalismo en versión autonómica, que fuese desarrollándose durante las siguientes décadas con la protección de la Constitución y el Tribunal Constitucional que en la mayor parte de nuestra historia moderna ha fallado a favor de las autonomías en cuestiones cruciales para su desarrollo.
Eliseo Aja escribía antes de la sentencia del TC:
No existe <<una>> sentencia importante que pueda considerarse desastrosa, y en cambio sí varias muy positivas, aunque puedan discutirse algunas líneas de interpretación. Además, casi cada año, ha elaborado alguna doctrina que ha permitido avanzar en el autogobierno de las CCAA: la aceptación de su actividad internacional, la prohibición de que el Estado mantenga las subvenciones en los sectores que ha traspasado, la posibilidad de la apertura de sedes oficiales en Bruselas para facilitar los contactos con la Unión Europea, la prohibición de que el Estado legisle en materias en que carece de competencia escudándose en la supletoriedad del derecho estatal, etc. (p.155 El Estado Autonómico, Alianza Editorial, 2003)
Frente a una identidad de España vaga –tan vaga como la de una Cataluña independiente- soflamada por gargantas irracionales cuando se entra en el discurso del y tu más o yo el mejor ¡o de los toros sí, toros no! o peor, autoproclamada por demagogos o dictadores, los padres de la Constitución sembraron una España que progresivamente iría desarrollando un sistema nervioso propio que llegase a todos los rincones de España, levantando una red de relaciones de poder, representativa de los ciudadanos y de los territorios a los que tenían ligados sus aspiraciones y necesidades.
Esa red era un multigobierno, que iba desde el central hasta el local pasando por el autonómico. Con su propia capacidad legislativa, judicial y administrativa. Diferentes gobiernos con sus diferentes instituciones, con su financiación asegurada y su personal propio, que aunque con la obligación de mantener la igualdad de los españoles en derechos fundamentales, nunca se vio impedida por el Tribunal Constitucional en su desarrollo particular, al contrario.
Pero incluso para algunos que aceptan este hecho autonómico, el Presitende de Cataluña es un separatista encuvierno, pero yo aunque podría tener mis diferencias, no ve en Montilla no un rechazo de la idea de España ni de su presencia en Cataluña. Veo una pelea por levantar su propia idea de España allí, su propia forma de ver esa representación. Igual que hacen el resto de los políticos en sus territorios con sus estatutos, leyes y acciones de gobierno.
Citando a Ibarra de nuevo:
Frente a los que quieren o añoran una España uniforme, defiendo la libertad de cada uno para sentirse español como mejor le parezca o a no sentirse español. Entiendo el derecho a definir a España como quieran.
Y recuperando otro artículo de El País, Catalunya y España en la encrucijada, esta vez escrito por Presidente Montilla:
Otros, los que creemos en la España plural, nos preocupamos de cómo aplicar el Estatuto a partir de ahora y cómo recuperar el cumplimiento de lo pactado.
Para continuar defendiendo un encaje de Cataluña en esa representación creciente de España, que no pasa por negar ni la Constitución ni el Tribunal Constitucional.
Nuestra respuesta buscará conjugar el respeto de la voluntad popular, la defensa del autogobierno, el cumplimiento del pacto político y el respeto al Estado de derecho. Desde la Generalitat iniciaremos un proceso de diálogo con los principales responsables de las instituciones y fuerzas políticas del Estado. Un diálogo orientado al cumplimiento del pacto estatutario y el reforzamiento del pacto constitucional. Conscientes de que es posible explorar soluciones legislativas a algunas de las afectaciones del Estatuto, y también de que algunas de las garantías del autogobierno han sido disminuidas por la interpretación del TC y no renunciamos a recuperarlas.
Justificando su papel en la manifestación:
Con esta sentencia, lamentablemente se ha perdido una oportunidad para hacer una contribución positiva a su resolución. Peor aún, hemos retrocedido con respecto al espíritu que hizo posible la Constitución de 1978. Estoy convencido de que este problema solo puede resolverse desde el reconocimiento de nuestra realidad plurinacional.
Porque serían los recursos del PP y parte del TC los que habrían adoptado una postura que va en contra de inicialmente impulsado por la Constitución. El PP estaría negando la realidad plurinacional que conllevaba la Constitución al reconocer los estatutos como fuente normativa y los pactos entre Congresos como la fuente de legitimidad, y además se estaría contradiciendo al consensuar y aprobar en otras comunidades lo que le niega a Cataluña.
No nos queda otro camino que recuperar nuevamente el espíritu constitucional primigenio para restablecer el reconocimiento y respeto a las distintas identidades, culturas y lenguas de España, en el marco de un Estado que acepte, ampare, anime y defienda sus singularidades y su pluralidad. Ello requiere la complicidad y el apoyo de quienes defendemos una visión de España como un proyecto ampliamente compartido.
Porque esa multiplicidad conectada sí es España.
Como bien señalan Felipe González y Carme Chacón, también en El País, con sus Apuntes sobre Cataluña y España:
El camino recorrido por nuestra democracia ha ido superando dos resistencias. La de los centralistas, que consideran el proceso como un debilitamiento de la nación española y una afrenta al castellano. Y la de los separatistas, que presentan los avances como un engaño y magnifican cualquier fricción como ofensas a Cataluña.
Aludiendo a lo que el profesor Eliseo Aja describe como el paso del estado más centralizado de Europa a ser uno de los más descentralizados, sino el que más.
Y reforzando la idea de Montilla que defiende que quienes más alejados están de la Constitución son aquellos que han decidido rechazar su idea de pluralidad para despreciarla con calificativos como subgénero o haciéndose valedor de la unidad de España cuando su valía está en conectar la multiplicidad y no en unificar lo diverso, aludiendo incluso a la Biblia:
- La sentencia aprobada por la mayoría del TC resulta ambivalente. En su fallo preserva la inmensa mayoría de los preceptos estatutarios y rechaza casi todas las objeciones del recurso del PP. Pero en los fundamentos de la sentencia se refleja un desconocimiento de la diversidad catalana en la realidad española. Usa expresiones ofensivas: ciudadanía catalana como “una especie de subgénero de la ciudadanía española”; injustificada primacía natural de cualquier norma estatal, u obsesión injustificada por la indisoluble unidad de la nación española.
- Si a ello se unen las dilaciones, la obstrucción intencionada de su renovación por parte del PP, o la recusación de algún miembro, se entiende perfectamente que la sentencia del TC, mucho más que el fallo, produjera indignación y rechazo en sectores amplios de la sociedad catalana.
- Los votos particulares que respaldan la impugnación del PP expresan una visión preconstitucional del Estado. Se niega la noción misma de autogobierno, se cuestiona la inmersión lingüística que cohesiona a Cataluña, se escatima la condición de parte del Estado a la Generalitat, y se llega a desfigurar incluso su nombre. Y, para ello, se invoca como autoridad jurídica y política… la Biblia.
En una intervención judicial que se parece mucho a la que en su día denunciaron los demócratas norteamericanos, con un Bush subvirtiendo los tribunales con sus jueces jóvenes nombrados a perpetuidad, sabiendo que lo mejor no era su capacidad jurídica sino que estarían 40 años defendiendo sus tesis políticas sobre religión, aborto, defensa, libertad de mercado, etc. Porque al fin y al cabo los profesores de sus think tanks son los mismos.
El problema sigue estando en la resistencia del PP a reconocer la diversidad de España y en la obstinación de los sectores catalanes que magnifican las fricciones y minimizan los avances históricos que hemos vivido. Y radica también en la falta de energía de quienes desde Cataluña y desde el resto de España apostamos por la vía del entendimiento y rechazamos tanto el camino de la imposición uniformadora como el de la separación.
Un problema que es propio de todos los partidos y se acepta:
Las responsabilidades políticas de esta situación están repartidas, aunque en distintas proporciones. Todas las fuerzas políticas incurrimos en oportunismos.
Pero con menor grado, porque aquí de lo que se trata con los estatutos es de construir una España más representativa, mientras que otros no muestran más alternativa que la de confrontar españoles intentando pescar votantes. Una España que responda a esa noción Constitucional como decía Montilla, que no es ni las de los que añoran otra España previa o la de los que quieren separarse de ella:
Las de quienes no confundimos el griterío anticatalanista de los centralistas con España, igual que distinguimos entre una minoría estridente de catalanes y Cataluña; los que pensamos que esta sentencia no es la Constitución; los convencidos de que la fuerza de España está en su diversidad, en la potencia del autogobierno, de la federalización inserta en el marco normativo que nos dimos. Es el camino de la mayoría de catalanes y españoles.
Para defender eso que al final parece que tanto les pica a algunos, la palabra nación:
que la concepción de España como “Nación de naciones” nos fortalece a todos. Que no hay ninguna razón para rechazar la diversidad identitaria que caracteriza a España como una nación política y cultural, no como un mero armazón jurídico.
HACIA UNA MATRIZ AUTONÓMICA Y UN SENADO DE AUTONOMÍAS.
Creo que hay suficientes elementos comunes de los diferentes discursos del PSOE, para construir un discurso coherente y un camino común para los próximos años, que sea realmente útil a la igualdad de los españoles, a sus oportunidades, a su representatividad, a su inserción democrática y republicana, por encima de las dos tendencias, centrífuga una o centrípeta otra, que existen de forma colateral en lo que defienden. Las tienen que depurar.
Su tarea es ponerlo en valor lo común y separar conceptualmente eso que separa, lo que seguramente esto exento de tensiones, como no lo está nada complejo en su etapa de crecimiento. Creo que Zapatero está en gran medida en esta postura y creo que desde dentro del PSOE hay voces suficientemente poderosas y persuasivas para afianzarle en esta ruta complicada. Pero desde luego prefiero los posibles riesgos que conlleva levantar un edificio así a no levantar nada, adoptando un discurso centralista donde España sólo se queda en frases huecas para luego entregarla, eso sí, detrás de las cortinas y sin debate público, como nos podemos acordar de aquel Aznar que practicaba catalán y aumentaba cotas de soberanía del 15 al 30 por ciento a cambio de gobernar. Y que no dudará en repetir Rajoy con CIU si está a su alcance.
¿Qué debería hacer el PSOE?
Pues no entrar en una guerra con el Constitucional, que ya han negado todos sus dirigentes, afirmando al contrario su acato. Ni siquiera en una guerra con el PP. Y posiblemente tampoco entrando en un debate jurídico buscando los huecos a las leyes para devolver la vigencia a la parte mutilada del Estatuto.
Creo que debería tener una estrategia clara que afiance su programa social y de igualdad de todos los españoles, con esa soberanía cada vez más amplia de los ciudadanos sobre todos los asuntos que le afecten, hasta integrar ese vector de creciente representación a través de más autogobierno ¿Cómo hacerlo?
Construyendo –habría que conseguir el respaldo de la gran mayoría de partidos- una gran Matriz de indicadores concretos de todos estos objetivos: nivel de oportunidades de un ciudadano en su región, posibilidades de estudio, participación en la creación de normas, atención sanitaria, desarrollo industrial, nivel de seguridad y un largo etc. que permitiría a todos los españoles dos cosas: asegurar su igualdad en lo básico y juzgar la eficacia de sus gobernantes autonómicos y locales.
Esta Matriz de indicadores ¿50, 100, 200? debería ser de dominio público, todos los ciudadanos y organismos deberían poder acceder a sus bases de datos, debería estar explicada en términos comprensibles y su construcción –decidir que parámetros se miden- su estandarización –como se miden y la presencia del Estado midiendo a todas de forma objetiva- y su análisis –existen múltiples interpretaciones de los datos en brutos que muchas de ellas llevan a engaño, como cuando cualquier político muestra una gráfica en un debate televisado- deberían ser cosa de un Senado de Autonomías donde estuviesen representadas todas junto con el gobierno central.
Una vez al año se produciría un debate del Estado de las Autonomías, en ese periodo todos los ciudadanos recibirían un informe básico con los datos básicos de todas las autonomías comparadas con la suya en ese momento y en el tiempo y cada Presidente tendría la palabra en ese debate defendiendo sus datos.
El autogobierno y sus normas se verían forzados a un debate público donde tendría que demostrar su eficacia ante los ciudadanos, que sirven para interconectar España, que responden al principio de cooperación y que allí donde fallan son conscientes para mejorar.
Los gobiernos responderían a hechos reales, no a sentimientos identitarios particulares. Estos serían de consumo propio y no molestarían a nadie. El estado se ocuparía de los ciudadanos en cuanto su soberanía difuminada por España, sus iguales oportunidades y de la transparencia del sistema. Y dejaría la cuestión de la identidad general para su debate del Estado de la Nación y no para la tutela de los diferentes territorios.
En esta propuesta futurista –que no lo es tanto porque los medios tecnológicos existen, el senado y el senador jugarían con una suerte de Cuadro de Mando Integral que atacaría todas las bases de datos autonómicas- si que tendría un debate tan avanzado como el que incita Ibarra aludiendo a la teoría de juegos: hacer del juego autonómico algo que sea mayor que suma cero, y en cuanto sea cero, se cortocircuita para volver a levantarlo con nuevas propuestas:
Hasta ahora el proceso territorial se ha basado en un juego de resultantes, donde España como un todo y los territorios como partes, han salido ganando, han salido fortalecidos. El juego no consistió nunca en decir: lo que yo me llevo a mi territorio lo pierde España como conjunto; cuando yo me fortalezco usted se debilita. No, no ha sido así. Ha sido siempre en positivo. El territorio se lleva como competencias lo que al ciudadano le viene bien, y el Estado mantiene, por su parte, las competencias que permiten la cohesión del conjunto y la igualación de derechos en el espacio que compartimos y que se llama España. Ese es el camino que debemos seguir recorriendo para perfeccionar el sistema, para hacerlo más eficaz y para que el proceso siga siendo de suma positiva para las partes y para el todo.
Creo que este es el camino para la izquierda y España. Creo que desde ahí es desde donde mejor se defiende un estatuto y no desde el somos una nación, nosotros decidimos. Eso no tiene nada que ver con el programa de izquierdas ni con el republicano, que es: todos somos ciudadanos, todos participamos. Y que puede hacer realidad ese valor intangible tan esquivo de la lealtad federal.
España queda vertebrada y mejor representada con el desarrollo federativo
Medidas como la que ha adoptado el Gobierno de Canadá (Conservador) en relación a establecer mecanismos de toma de temperatura a través de la opinión de los ciudadanos (en el caso canadiense por una Web) para lograr la aprobación de una Ley que incide sobre los derechos de propiedad intelectual, ponen de nuevo de manifiesto el debate de lo que el Diputado Socialista por Madrid, Rafael Simancas, denomina Gobierno a la Carta, en un reciente artículo en su blog.
Simancas señala con cierta razón en su artículo que este tipo de medidas pueden suponer un menoscabo de la legitimidad democrática que tienen las instituciones, vaciar de contenido los programas electorales y en definitiva convertirse en una nueva forma de populismo. El diputado socialista hace suyos los recelos que Tocqueville manifestaba respecto de la participación ciudadana en el sistema americano, diciendo que si todo era deliberativo, el poder sería de las minorías.
Y es cierto que un cierto dogmatismo respecto de la participación ciudadana puede dar pie a formas de populismo, de lo cual dan testimonio los sistemas que en determinados países de américa latina se están implementando, que es pura y simplemente el cercenar derechos a las minorías sobre la base de consultas continuas.
Afirmar como hacen algunos que la participación ciudadana es la panacea y la solución a todos los males es erroneo, tanto como decir que la participación política se limita al sufragio cada 4 años. En un caso la participación como dogma llevaría a un modelo en el que el que más grite tendrá la razón, en el otro, el sistema político se cosificará.
Parece por tanto más lógico pensar que ambos conceptos no son excluyentes si no complementarios desde el punto de vista del socialismo democrático.
Las instituciones propias de la democracia parlamentaria pueden tener un tenor liberador de la dominación para el ser humano (Gregorio Peces-Barba) justamente ese es uno de los puntos de debate entre lo que denominan los contemporaneos socialismo de los ciudadanos, Peces-Barba socialismo ético, Roselli socialismo liberal y Bernstein revisionismo, con la ortodoxia del socialismo científico. El segundo niega la validez del liberalismo y sus instituciones (Gobierno, Parlamento, poder judicial y derechos fundamentales) considerándolas un instrumento al servicio de la opresión de los trabajadores, mientras que el socialismo a fuer de liberal, considerará que la revolución más efectiva es aquella que desarrolla al máximo los derechos fundamentales a través de leyes aprobadas por parlamentos democráticos y ejecutadas por gobiernos.
A su vez la participación ciudadana permite incorporar elementos de refuerzo de la legitimidad de las instituciones tradicionales a través de sistemas de “toma de temperatura”, puesto que no todo sistema de participación es un plebiscito populista. Podemos ver algún ejemplo de manual que puede ilustrar sobre por qué en ocasiones conviene emplear sistemas de “toma de temperatura”.
El Gobierno del PP desde 2001 desoyó al toda la comunidad universitaria española, con la LOU, algo parecido sucedió con la LOCE un año después y continuó con el decretazo, incluso la Guerra de Irak serviría de ejemplo, en todos estos casos un porcentaje muy elevado de la población, que llega a rozar el 90% en el caso de la guerra contestó con diversas protestas y movilizaciones esas medidas, estoy convencido de que de todos los que se movilizaron contra cualquiera de estas iniciativas, muchos eran votantes del PP, y creo que muchos de ellos han continuado siendolo después.
No estando, yo, de acuerdo con ninguna esa actuaciones, creo que el Gobierno Popular pensó que la reforma universitaria, imponer itinerarios segregadores en la educación, abaratar el despido, o meter a España en una Guerra en Oriente Medio, eran las mejores decisiones para la buena marcha del país.
Establecer en aquellas decisiones algún sistema de “toma de temperatura” no significa que el gobierno de Aznar no fuese adelante con sus decisiones, ni abjurase de su ideología, creo sinceramente que saber escuchar le habría permitido explicarlas y tratar de convencer a muchos ciudadanos sobre por qué el Gobierno de Aznar pensaba que eran políticas adecuadas, en todos estos casos.
Sin embargo nadie puede negar que el desprecio a quienes protestaban, la soberbia y el fundamentalismo de decir que el programa es sagrado y la mayoría parlamentaria es la única expresión posible de la voluntad popular influyeron en que muchos ciudadanos retiraran su confianza al gobierno de Aznar.
Cuando además se vió que además eran políticas erroneas, el resultado de 2004, diga lo que diga la derecha, estaba más que cantado, iban a salir del poder y Zapatero iba a ser Presidente.
Incorporar la comunicación continua a la forma de gobernar no es nuevo antes al contrario se viene realizando desde hace más de medio siglo cuando la Casa Blanca pone en funcionamiento su Secretaría de Prensa (Costa Badía). Hoy el desarrollo de nuevas formas de comunicación convierten a un ciudadano que cada día más formado e informado es un sujeto con mayor capacidad de crítica, no solo en receptor, sino en emisor de comunicaciones, con capacidad en algunos casos de generar opinión pública.
Es verdad que no se puede caer en lo que alguna mente lucida pretende que es digitalizar todos los procesos de toma de decisiones a modo de asambleas virtuales en las que quien más tiempo libre tenga para escribir en el twitter o agregar adeptos en el Facebook, gane.
Pero a la vez es cierto que las instituciones pueden y deben incorporar mecanismos de escucha y toma de temperatura, para poder ser más pedagógicas en lo que explican, puesto que con ello mejorará la calidad de la democracia. Hacer esto ultimo no es Gobierno “a la carta” sino simplemente saber escuchar y tener una mejor capacidad de convicción.
Dando un repaso por los blogs de los políticos, podemos ver que Leire Pajín ha contestado desde su espacio a la rumorología electrónica puesta al servicio del difama que algo queda, tan del gusto electoral de cierto sector de la política española. Diciendo lo que gana como secretaria de organización y lo que le corresponde en concepto de compensación por haber sido secretaria de estado y tener que someterse a las normas sobre incompatibilidades de dirección en las empresas privadas. No es la primera que lo hace, pero sí que es un ejemplo para la inmensa mayoría de los políticos de España. Y abre un necesario debate sobre la transparencia que parece que va a seguir estos días con el tema de las incompatibilidades de los diputados, con la trama de imputados del PP y con el ruido que trata de lanzar la prensa afín al PP.
UN DEBATE ESCASO EN ESPAÑA
No sé si es porque somos españoles o mediterráneos con toda su historia católica tan distinta del resto de los europeos con su espíritu del capitalismo, o porque a nuestra cultura le falta aún mucha filosofía sobre el dinero, el trabajo, la empresa y las responsabilidades públicas. Pero está claro que nos hace falta un fuerte debate público sobre estos temas para cambiar ciertas ideas.
El espíritu de la riqueza y la culpa.
¿Hay que sentirse culpable por ganar dinero y más si uno es de izquierdas?
Generalizando, España que tiene mucho pasado de curas, inquisiciones políticas y caballeros hidalgos y menos de empresarios, burgueses y profesionales, y esto ha hecho que tengamos un fuerte rechazo a la idea de enriquecimiento. Pensamos que quien tiene dinero es sencillamente porque lo ha robado legal –bajo pseudoleyes progresistas- o ilegalmente. Y no nos dé por pensar que se lo han robado a quienes no han tenido oportunidad para ganarlo, sino que la tendencia es a asignar las bienes a los que antes poseían todo por la gracia de Dios o de la herencia. Idea -latente en gran parte de derecha más rancia de este país y que infecta en otros grandes espectros- que sólo tolera que quienes tienen sean los que siempre han tenido. Mientras que a los demás sólo les cabe la culpa, porque además el sistema no permite tener ganancias con juego limpio y justicia, al menos el sistema que ellos se esfuerzan en imponer para cerrar su círculo.
Mientras que por un lado defienden un derecho atávico de exclusivo enriquecimiento y casi casi de pernada, por otro lado se dedican a difundir el espíritu de la culpa entre todos aquellos que pretendan vivir bien con su dinero, utilizando la religión, el espíritu de culpa con la pobreza de los demás, etc.
Y en parte funciona, porque nuestra herencia católica es dura hasta para las peores cosas. Tan es así que seguimos dando más valor al sentimiento de culpa –del arrepentido reincidente- que al de la responsabilidad. Siempre preferimos al que se arrepiente y confiesa públicamente entre sollozos, que al que se equivoca, calla con su orgullo herido y se esfuerza en mejorar para que nadie pueda volver a tener la posibilidad de llamarle la atención. Así somos.
Pero ya es hora de que abandonemos esa trampa de la culpabilidad y de esa falsa moral sólo aplicable a los demás. Y más cuando nos lo intentan infundir los más irresponsables y los que menos han hecho por ganar lo que tienen.
Noción del trabajo y la recompensa.
A cierta izquierda reaccionaria –política y sindical- le interesa confundir la idea de enriquecimiento con la idea de explotación. Hace sospechosa a cualquier persona que gane más que el sueldo de un trabajador medio. Ya sea porque se esfuerza y colabora con los explotadores, ya sea porque es ella misma un potencial explotador.
A parte del sector empresarial le parece que está en guerra con el trabajador. Que lo suyo no es una colaboración, sino un choque de fuerzas y un regateo permanente siempre buscando el menor sueldo posible.
A parte de la clase trabajadora le parece que a ellos les compran –se dejan comprar a veces y otras no les queda más remedio- por tiempo y no por trabajo hecho. Y que ya que es eso, encima no van a contribuir a quienes les fuerzan a trabajar. De ahí que seamos menos productivos que la mayoría de países ricos del planeta.
Y con estas ideas, los trabajadores están mal pagados -aunque sean de los serios y profesionales- comparados con cualquier país de occidente, entendemos que los negocios son cosa de explotar, que la competencia es exclusivamente ganar unos y perder otros, que lo de producir no va con nosotros, etc. Así, tenemos la crisis que tenemos y la especulación tipical spanish, ganada a pulso entre todos.
Algún día entenderemos que las empresas son esenciales para el buen desarrollo de un estado, que una sociedad necesita reconocer el trabajo de los profesionales, que defender el poder adquisitivo de todos no pasa por demonizar el dinero, y que el trabajo y los negocios son gano yo y ganas tú y no una guerra.
No hay que criticar los sueldos, sino él no ganárselos.
¿Tenemos que confundir él trabajo bien pagado con enriquecerse sin aportar nada a la sociedad?
A cierta derecha reaccionaria –política y empresarial- le interesa confundir la idea de enriquecimiento por cualquier medio con la idea de que ganar dinero es bueno. Pero son dos cosas distintas. Uno puede pensar que ganar dinero no está nada mal y sin embargo puede tener una idea clara de cómo es justo ganarlo y cómo no.
Uno puede tener la idea –nada utópica- de que un objetivo como progresistas es conseguir que el dinero sea cada vez una información más precisa de las relaciones y propiedades de los sistemas de trabajo y comercio. Pero también hay que reconocer que esto en parte se ha conseguido –en la Europa del bienestar-. A través de un sistema que posibilita estudiar a la mayoría, que protege al trabajador con derechos y convenios colectivos, que tiene mecanismos para controlar la competencia y el fraude, etc.
Es verdad que existen situaciones injustas presentes y heredadas. Patrimonios fruto de prácticas caciquiles pasadas, fraudes modernos y de naturaleza casi tecnológica. O simplemente las diferentes circunstancias de cada uno, con sus barreras y oportunidades. Pero de ahí no se sigue que el sistema sea esencialmente injusto y que todo lo que existe en él no es más que pecado injustificable.
El sistema, en la medida que es producto de las mentes más progresistas de la Europa moderna, deja espacio para la justicia y para que el trabajo individual redunde en el beneficio de la sociedad. Y en esa medida deberíamos empezar a juzgar los sueldos en función de lo que aportan a su parte del sistema –más justo- y no en función de ciertas críticas con aire de santurronería reaccionaria.
Socialismo y voto de pobreza
¿Esa es la herencia de Pablo Iglesias?
Ya saben aquello de que los socialistas están para que no existan pobres y no para hacer voto de pobreza –o peor, para hacer la pobreza igual para todos-
Lo que no significa que se pueda dar un salto para defender la validez de enriquecerse por cualquier medio mientras de paso se apoyan políticas de izquierdas para todos –que debe ser la excusa con la que se consuelan los corruptos de nuestro lado-
Pero que tampoco significa que se tenga que renunciar a ganar dinero por un trabajo que exige en muchos casos una larga carrera no reconocida de esfuerzos ocultos y cuando se llega, una dedicación casi exclusiva si es que se quieren cumplir con lo prometido a los votantes y con los propios valores.
Que el PSOE naciera fundamentalmente de la denuncia de la cuestión social –más la denuncia de la corrupción democrática de España y la oposición a las guerras coloniales- y que su fundador tuviese su mayor atractivo difusor en su conducta ejemplar y coherente, no significa que el PSOE de hoy tenga que ser una foto de aquellos inicios. El gran valor del PSOE en aquellos tiempos fue detectar los problemas fundamentales de los españoles y poner su maquinaria al servicio de las soluciones y la crítica feroz ante la salvaje situación. Más tarde su valor estuvo en aceptar la visión republicana que antaño había rechazado para concentrarse en su causa –las tesis de Indalecio Prieto que empezaron en el IX Congreso- Más tarde fue oposición y exilio. Luego regeneración a todos los niveles –Felipe González- Y ahora tiene que ser derechos, más democracia y modernización. Y para eso no necesita socialistas con raidos abrigos de pana, porque entre sus logros está haber eliminado esa pobreza que nos atenazó un siglo. No, necesitamos políticos profesionales, expertos, formados y reconocidos en su trabajo. El voto de pobreza ya no nos hace falta. La ejemplaridad de Iglesias, su auténtico legado político, viene de hacer causa personal de su causa política. Para igualarle tenemos que ser fieles defensores de los derechos, luchando contra cualquier relación de dominación, teniendo a la gente más preparada en un mundo donde los que juegan sucio tienen los mejores bufetes de abogados, y teniendo mucha visión de futuro. Ese es nuestro legado, y lo de la pobreza es una tontería de los que no entienden el papel del PSOE en el desarrollo de nuestro país.
La política sólo para los que previamente son solventes.
¿Para dedicarse a la política hay que tener otra vía de sustento?
Esto es una trampa. Una vez se lo escuché a Torres Mora en la Jaime Vera –cuando yo defendía que los políticos profesionales más jóvenes de hoy en día tenían que tener carrera, porque estas desde hace tiempo están al alcance de casi todos- y él respondía que la gente con poder y preparación no por tener una salida rechaza tener más poder. Y es verdad, las ansias de aferrarse al sillón son de otra naturaleza casi metafísica, tanto si se necesitaba de la política para sobrevivir, como si es para vivir por encima de lo que se ha tenido siempre, como si es para aparentar o tener contactos con los que ganar un dinero extra. La erótica del poder, ya saben.
De los que sólo piensan en el sillón no nos libra nada. Ni el que sean solventes más allá de la política –bueno, de estos, casi cabe esperar lo contrario, que se lo piensen dos veces antes de arrimarse a este mundo- Sólo nos protege de ellos una cosa, nuestra vigilancia más beligerante.
Pero es que además, esto de que la política es para los que pueden permitírselo, es un argumento reaccionario con solera. Recuerden aquello de que sólo está permitido que gobiernen reyes, o estamentos altos, burguesía o aquellos varones libres que pagan impuestos, etc. Recuerden, porque ya saben que la democracia no siempre fue universal. Y la excusa era que para participar había que aportar –desde sus reglas restrictivas y no decididas entre todos aunque hechas para todos, claro está-
Como esto se sostuvo poco tiempo, se añadió la excusa que así se evitaba que los advenedizos se acercaran sólo con el motivo de hacerse ricos. Y más tarde se le puso una tercera cláusula a esta maravillosa reacción: que la política era algo que no tenía que estar subvencionado por el dinero de todos sino sólo por el de los políticos. Ya saben, la cosa esa del liberalismo de palo y el estado mínimo.
Todo para que al final la política quedase en manos de los que tienen los enormes recursos que necesitan los partidos mayoritarios, las campañas electorales y la permanente actividad. Es decir, para que la política sólo fuese cosa de patriarcas y de sus grandes corporaciones.
Así, aquellos que critican a los que más tienen, a las formas injustas en las que muchas veces consiguen sus riquezas o la merma de derechos que lleva consigo su agenda –que es lo que les lleva a la política- no podrán acceder nunca al gobierno a no ser que pertenezcan a la propia clase que critican. Vamos, que así la crítica y la alternancia sólo es cuestión de cierta clase social, inamovible y caciquil, que se va turnando. Eso que los españoles inventamos en el S. XIX y que algunos siguen echando de menos, por lo que dejan entrever en sus argumentos.
No nos equivoquemos, la solvencia del político de izquierdas sólo tiene que ser juzgada por sus objetivos –derechos, democracia y modernización- Que sí necesitan de destreza y preparación –si es que no queremos dejar la política en manos de los funcionarios más altos o de las empresas subcontratadas- pero no de un capital inversor.
Otra cosa es la reforma de la vida política y el dilema de la profesionalización
Defender la profesionalidad de los políticos no implica defender una casta impenetrable, que se rige por normas internas exclusivamente, que no permite intromisiones y que tiene como principal valor el vivir de su trabajo público.
La vida política española –la que mejor conozco- necesita una gran renovación. Los partidos políticos necesitan encontrar un camino para seguir siendo mayoritarios y razonablemente homogéneos de tal forma que aporten estabilidad a la frágil democracia, y que les permita a su vez ser permeables por la sociedad, por sus opiniones, por sus expertos, por sus activistas de causas concretas, etc. para que puedan tener el suficiente conocimiento encarnado de la sociedad entera y de las soluciones a problemas – o innovaciones- que demanda.
Los partidos políticos necesitan una vida interna mucho más democrática, no haciendo de cada tema una asamblea, sino abriéndose en sus elecciones a la sociedad entera –tipo primarias americanas- necesitan que los simpatizantes puedan entrar y salir con mayor soltura, necesitan mayor contacto con la universidad, con las instituciones, incluso con la empresa –en un sentido de tener a mano a sus profesionales y sus métodos de trabajo-
Es verdad que este dilema complicado ha sido resuelto rápidamente, casi desde el principio, por la derecha y de una forma muy simple. Ha creado un híbrido con sus propios lobbys, haciendo que sean intercambiables las familias y cortes políticas con las familias y cortes empresariales.
En la izquierda parece que la solución tiende más hacia una oligarquía interna. Algo que se debería evitar antes de que cristalice de forma perenne, abriéndose más a la sociedad y poniendo en valor a sus profesionales por sus capacidades públicas. Al fin y al cabo, que existan políticos transparentes dependen de que los modelos institucionales y de partidos, sean también transparentes y abiertos.
Transparencia ordenada y no inquisición de difamadores.
La transparencia no tiene nada que ver con otra de nuestras maravillosas herencias: la confesión. Tan es así, que aun teniendo asumida y reglamentada la presunción de inocencia, mira que nos cuesta. El famoso que calla ante los comentarios de su vida sexual, otorga. El político que no responde a difamaciones, otorga igual. El acusado pero absuelto, seguro que algo hizo. Como somos y lo que nos queda por aprender.
La transparencia no es sólo estar atento a los periodistas más mordaces o a la oposición sin escrúpulos, no. Además eso nos convertiría en defensores de una falsa transparencia que sólo va con nosotros cuando nos afecta. ¡No! La transparencia va de crear un sistema universal de acceso a ciertos datos relevantes–los que tienen que ver con el control democrático y la defensa de los derechos- tanto de las instituciones públicas como privadas. Información accesible a todos porque a todos afecta. Información ordenada, comparable, estandarizada, comprensible e incluso computable –no como hace Esperanza Aguirre cambiando todas las comparativas de sus sistemas públicos-
Esta es la tarea del socialismo más joven: Un sistema de información y reglas accesibles de forma universal, que no haga que los derechos o las oportunidades estén sólo al alcance de tecnócratas entrenados para sobrevivir entre una maraña de leyes, prácticas habituales injustificadas, toma de decisiones oculta, estrategias de alto nivel que nada tienen que ver con el bien común, etc. Un sistema que nos permitan protegernos de las grandes corporaciones, de las instituciones mal gestionadas y de los malos políticos. Y no un sistema que cuando funciona mal sólo sea denunciable pagando a esos tecnócratas –algo que sólo pueden hacer muy pocos-
Más allá del dato de los 8000 millones de euros y de los cientos de miles de empleos que va a crear el Plan Zapatero, el Fondo de Inversión Local aprobado por el Gobierno de España es la iniciativa que puede haber realizado con mayor intensidad un cambio en la administración pública española.
Primero porque para tramitar las ayudas del fondo, 8107, de los 8112 ayuntamientos que hay en España han tenido que contar con firma electrónica, lo cual supone que todos nuestros gobiernos locales podrán realizar cualquier trámite sin cruzar un papel y sobre todo en tiempo real, mejorando la eficacia y la transparencia de la gestión administrativa.
Además las Diputaciones han actuado como lo que la Constitución marca que tienen que ser, presatadoras de servicios a los Ayuntamientos, ya que su asesoría ha sido fundamental para tramitar el acceso a la firma electrónica y la presentación de Proyectos, sobre todo de los Ayuntamientos más pequeños, con lo cual la Diputación además ha podido coordinar proyectos para planificar coordinadamente el desarrollo del territorio provincial.
Pero fundamentalmente se ha realizado algo que rompe la lógica de competencia por el territorio en la historia de la Administración Española ya que por primera vez se ha aplicado el principio de subsidiariedad y se ha roto la competencia por el territorio entre administraciones públicas. El Plan Zapatero parte de una premisa, los Ayuntamientos son a la vez entidades autónomas y son Estado, por tanto como herramienta del estado más cercana a los ciudadanos y conocedora de sus problemas inmediatos se les ha confiado la resolución de la crisis desde su autonomía ya que son los Ayuntamientos quienes presentan los proyectos que consideren oportunos a un fondo dirigido a financiar proyectos generadores de empleo, que mejoren la calidad de vida de los vecinos, un fondo transparente y garante de la igualdad en el territorio.
Esta nueva relación entre Estado y Ayuntamientos basada en el equilibrio de que el Estado cuenta con 8112 gobiernos autónomos nivel local y que esa autonomía local siginifica para nuestros Ayuntamientos formar parte de un todo que es el Estado, es algo que cualquier manual calificaría como equilibrio y lealtad federal (bundestreue) curiosamente en España parecería que el federalismo cooperativo ha entrado a partir de la relación entre el Estado y los Gobiernos Locales, mientras que las CCAA en su relación con el Estado siguen teniendo deficits de federalismo cooperativo.
El por qué de esta diferencia radica en que los Ayuntamientos tienen espacios de relación intergubernamental horizontal y vertical consolidados en nuestro sistema político, la FEMP y las Federaciones Territoriales, las CCAA aún dependen de la reforma del Senado.
Los diagnósticos sobre política en España muchas veces se asientan sobre tópicos, uno de ellos es asegurar que algunas comunidades autónomas son sociológicamente conservadoras o progresistas “de toda la vida”.
Este es el caso de Galicia, gobernada durante la mayoría del periodo democrático por el PP, sin embargo estudios sobre la españa republicana citan a Galicia como la región más profundamente republicana del país (Gabriel Jackson “La República y la Guerra Civil Española”; Hugh Thomas “La Guerra Civil Española”).
En efecto los resultados electorales históricos muestran que en Galicia, la presencia de las fuerzas progresistas era importante durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo y a diferencia de lo que sucede en otros territorios de España, la izquierda en Galicia y en concreto el socialismo ha presentado durante todo el siglo XX una fuerte fragmentación.
En concreto se pueden citar tres tradiciones dentro del tronco común del socialismo democrático que darán orígen a diversas formaciones políticas a lo largo del siglo XX.
La primera de ellas sería el tronco republicano-liberal del socialismo gallego, que se incardina en el pensamiento de Proudhon que penetra en la península a través del que fuera Presidente de la efímera República federal, Francisco Pi i Margall, quien traduce sus obras del francés y se inspira en el federalismo cooperativo como base de la organización social para dar forma al Proyecto de Constitución Federal de 1873 (sin duda una de las normas fundamentales más avanzadas que ha tenido España). La vertiente republicano-liberal del socialismo gallego, fundamenta su visión de Galicia como parte integrante de un futuro modelo federal para España y para lograrlo se conformará la Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA) un partido pequeño, de voto urbano e ilustrado de ciudades como Santiago de Compostela y que logrará a penas 16 diputados en las Cortes, pero de gran importancia durante la II República Española, ya que participará junto a Acción Republicana y el Partido Radicalsocialista en la formación en 1934 de Izquierda Republicana partido que en 1936 alcanzará en la persona de Manuel Azaña la Presidencia de la República y cuyo lider en Galicia, Santiago Casares Quiroga será Primer Ministro.
Además en 1879 se funda en Madrid el PSOE, partido que en su implantación en Galicia combina elementos de la tradición republicano-liberal y postulados de corte obrerista, el PSOE gallego será un partido con una importante presencia en las ciudades industriales como Vigo y A Coruña así como en localidades costeras (con un peso importante del sector pesquero y en muchas de las cuales se instalará la naciente industria conservera traida de Cataluña). En materia de concepción de Galicia, el PSOE se caracteriza por una fuerte presencia en los Gobiernos Locales y apoyará la autonomía, pero a diferencia de otras formaciones gallegas, no sobre la base identitaria, sino como referente de calidad democrática, desarrollo económico y justicia social.
Finalmente en el socialismo gallego también aparece la corriente nacionalista, que centra su reivindicación social en la afirmación de la identidad nacional gallega, esta tendencia cristalizará en la Unión Socialista Galega, nacida durante los años 30, de escisiones de sectores galleguistas del PSOE y de sectores izquierdistas del Partido Galeguista. Este partido compartirá espacio social con la ORGA y en 1934 terminará integrándose en Izquierda Republicana.
La Guerra Civil y la caída de Galicia en manos de los golpistas supondrá la represión de las formaciones políticas progresistas, nacionalistas y de la derecha democrática en el país, que se verán obligadas a reorganizarse en el exilio en torno al Consello de Galiza (gobierno gallego con sede en Buenos Aires) y en el interior, en donde en el campo del socialismo volverán a surgir diferentes formaciones sobre la base de las tres almas del pensamiento socialista en Galicia.
Así pues la tradición republicano-liberal convergerá con el nacionalismo clásico en torno al Partido Galeguista, cuya actividad en Galicia se verá limitada por la creación de la Editorial Galaxia y la apuesta de sus dirigentes en el interior (encabezados por Ramón Piñeiro) de un galleguismo transversal en la sociedad y en todas las formaciones políticas.
El PSOE se mantendrá como organización clandestina en Galicia y en 1977 contará con la incorporación del entorno de Ramón Piñeiro y del entorno del republicano-liberal y del galleguismo histórico del interior en una apuesta por una formación socialdemócrata encuadrada en un proyecto federal para España.
Por su parte la vertiente nacionalista dará como resultado la creación del Partido Socialista Galego, formación socialista, galleguista y europeísta que encabezará Xosé Manuel Beiras, catedrático de economía de la Universidad de Santiago y que dará a la política gallega nombres de la talla del propio Beiras, Ceferino Díaz y sobre todo el primer Presidente socialista de la democracia en Galicia, Fernando González Laxe. El Partido Socialista Galego no tendrá procesos de fusión con el PSOE, sino que se aproximará al Partido Socialista Popular de Tierno Galván, en cuya federación gallega militaban importantes figuras políticas actuales como José Blanco y José López Orozco, Vicesecretario General del PSOE y Alcalde de Lugo respectivamente.
El desastre en las elecciones de 1977 para el Partido Socialista Galego y la apuesta de la Internacional Socialista por el PSOE como referente en España, creará una división en esta formación que llevará a los sectores más nacionalistas a la apuesta por la concertación con el galleguismo conservador y las formaciones políticas independentistas en torno a un frente que será el germen del BNG, en donde se convertirán en su ala izquierda y bajo el liderazgo de Beiras el BNG logrará ser durante 8 años la segunda fuerza política.
Fernando González Laxe, primer Presidente socialista de la Xunta.
Por su parte las tendencias de corte más socialdemócrata de esta formación, junto con el PSP gallego, iniciarán un proceso de fusión con el PSdG-PSOE, llegando un antiguo miembro de este partido, Fernando González Laxe a ser el primer Presidente socialista de la Xunta de Galicia en 1987 (gracias a un pacto con el nacionalismo gallego) dichas incorporaciones serán fundamentales en la consolidación del PSdG-PSOE como alternativa de gobierno en Galicia, si bien durante finales de los 90 sufrió un retroceso que le llevó a ser la tercera fuerza política en Galicia, siendo con la elección de Emilio Pérez Touriño como Secretario General el punto de recuperación electoral y de posicionamiento como partido de gobierno sobre la base de un discurso moderno, socialdemocrata y galleguista.
La historia del socialismo gallego tendrá otro momento señalado el 19 de junio de 2005 cuando por segunda vez en la historia un socialista, Emilio Pérez Touriño, presidirá la Xunta en gobierno de coalición con el nacionalismo, gracias a este cambio político a nivel de país el socialismo gallego experimentará un crecimiento electoral que lleva a que presida las Diputaciones de Lugo y A Coruñá, la Federación Galega de Municipios y Provincias y gobierne a casi el 70% de la población gallega, ostentando por ejemplo la alcaldía de tres de las cuatro capitales de provincia (y siendo socio del BNG en Pontevedra) así como en la capital autonómica y en ciudades del peso de Vigo, Vilagarcía de Arousa y Marín.
Emilio Pérez Touriño, toma posesión como Presidente de la Xunta de Galicia
Fruto de este cambio político sísimico que ha vivido Galicia, en los ultimos 4 años se han producido importantes transformaciones en el país, como la apuesta por las políticas sociales (sanidad desprivatizada y de calidad, escolarización infantil universal, concertación social con sindicatos y empresarios) territoriales (protección del litoral, energías renovables, desarrollo del medio rural y llegada de la alta velocidad) además de estar creciendo económicamente durante esta legislatura varios puntos por encima de la media española y europea, lo cual permite que Galicia esté preparada para seguir creando bienestar y luchar contra la crisis financiera internacional.
“Esperarás como Fabio a que llegue el momento justo, pero cuando llegue golpea con fuerza o tu espera habrá sido en vano”
Fabian Society.
Recientemente el historiador peruano Eugenio Chang Rodríguez presentó en la Casa de América su ultimo libro basado en la biografía de Victor Raul Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y de cuyo fallcecimiento se cumplen 30 años en 2009.
Para los europeos en general y los españoles en particular la figura de Victor Raul Haya de la Torre, es bastante desconocida, queda opcada por los grandes nombres que han dominado la convulsa vida política latinoamericana, sin embargo se puede afirmar que el suyo fue el primer intento serio de adaptar el socialismo democrático a la realidad de aquella región.
Dice Ludolfo Paramio que uno de los problemas estructurales para la expansión de la socialdemocracia en América Latina fue que la ausencia de un desarrollo industrial similar al europeo, hizo que el cambio social menos acentuado y que a comienzos del siglo XX en los países del continente aun predominasen sociedades predominantemente rurales, en las que teorías como el anarquismo, exportadas frecuentemente por inmigrantes europeos tuvieron más facilidad de propagación y en las que aún coleaban las luchas entre liberales y autoritarios.
Inspirado en la Revolución Mexicana de 1917 y exiliado en aquel país por una cruel dictadura, Victor Raul Haya de la Torre publicó en una revista próxima al Partido Laborista británico, cinco ideas sobre el modelo latinoamericano de socialismo:
1. Lucha contra el imperialismo y la dominación.
2. Integración política y económica de América Latina.
3. Reforma agraria e industrial.
4. Internacionalización del Canal de Panamá.
5. Solidaridad con los pueblos dominados y oprimidos de la tierra.
Estos principios desarrollados en un interesante libro llamado “El Antiimperialismo y el APRA” suponen el primer intento serio de organizar un modelo partido socialista en América Latina y de estructurar una organización continental, inspirada en lo que es la Internacional Socialista, pero circunscrita a América Latina.
El resultado práctico del trabajo de Victor Raul Haya de la Torre se plasmó en la fundación de partidos de base aprista, que aun hoy gobiernan o son alternativa de poder en varios países de la región destacandose Acción Democrática de Venezuela, hoy transformado en varios partidos de corte socialdemócrata y de facto la oposición más seria a Hugo Chavez, el Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, el Partido Socialista Chileno y en su país natal el Partido Aprista Peruano y en la influencia en la fundación del Partido del Trabajo de Brasil.
Más de 75 años después de la fundación del APRA en México, la historia latinoamericana muestra varios intentos de implantar una izquierda de corte populista en la región que se observan con mucho interés en Europa, principalmente cuando se dedican a realizar gestos desafiantes ante el poder norteamericano, sin embargo llama la atención que a pesar de que esta izquierda combinada con populismo suele tener una duración limitada en el tiempo, las formaciones políticas fundadas bajo el prisma de Haya de la Torre, más pragmáticas, radicalmente democráticas, pero firmes en sus valores, se mantienen, gobiernan y realmente transforman sus sociedades, inmplantando sistemas socialmente más justos que las liberan de la dominación interna y externa.
El debate abierto en España, respecto la financiación autonómica, tras las reformas estatutarias culminadas entre 2005 y 2007, pone de manifiesto una acentuación del carácter federal del Estado, ya que por primera vez se asiste dentro de todas las formaciones políticas de ámbito nacional a un debate centro-periferia, o a una tensión entre la agenda politica autonómica, con la agenda política federal o estatal.
Fruto de nuestra falta de experiencia federal, se está provocando un debate absurdo entre quienes se enrocan en posiciones de ferrea defensa de una homogeneidad en las políticas de las 17 CCAA y aquellos que demandan que la autonomía significa un espacio intocable de competencia y prestación de servicios, en la que aquello que recaudo en mi territorio lo gasto yo, lo cierto es que ni una postura ni la otra están en lo cierto y a la vez ambas presentan elementos acertados de diagnóstico.
Por un lado es lógico y la Constitución lo proclama (artículo 149.1.1º) que tiene que existir un mínimo común denominador en derechos y obligaciones para todos los ciudadanos del Estado, por otro lado autonomía significa la capacidad de prestar servicios o garantizar derechos de manera particularizada y adaptada a las particularidades de cada territorio, de hecho la existencia de políticas públicas territorializadas y no homogeneas desarrolladas por las CCAA o las EELL en su ámbito de competencia ha sido avalado por el Tribunal Constitucional.
Esta tensión a nivel financiero supone que las CCAA, para poder tener gobernabilidad (entendida como la capacidad del Gobierno de dar respuestas a las demandas ciudadanas) tienen que tener financiación suficiente para desarrollar sus políticas propias, pero también tienen que tener financiación suficiente para evitar desestructuración territorial y la existencia de espacios de desigualdad como por ejemplo sucede en Italia, dado que los nuevos Estatutos consolidan transferencias que desde 1992 han sido traspasadas por el Estado a las CCAA, los gobiernos exigen respaldo financiero para desarrollarlas.
Si atendemos a lo que sucede fuera de España donde existen multitud de Estados Federales, similares a nuestro Estado de las Autonomías, el proceso de resolución de este tipo de conflictos, principalmente relacionados con la financiación, se ha basado en el desarrollo de una práctica que Roberto destacaba en su blog, con su denominación alemana, el bundestreue, es decir la lealtad federal, vamos a ver algunos casos:
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Bundestreue
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El federalismo estadounidense se basó tradicionalmente en la existencia de dos niveles de gobierno, federal y estatal y la no injerencia de uno sobre otro, el desarrollo del New Deal de Roossevelt coincidente con el nacimiento de las relaciones intergubernamentales generó en determinados ámbitos de actuación política (infraestructuras, asistencia social, sanidad y educación) la necesidad de equilibrar el desarrollo específico de cada Estado, con la cohesión de la federación, para ello los diversos conflictos que surgieron entre el centro y la periferia se resolvieron con el reconocimiento y desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo federal, del concepto de “federalismo cooperativo” que obligaba a la federación a garantizar a los Estados recursos financieros suficientes para ejerecer su autogobierno y éstos a su vez se obligaban a contribuir al bienestar del país compartiendo su riqueza. En Canadá al igual que en los Estados Unidos el principio se ha desarrollado por los diferentes Tribunales, en la práctica de resolución de conflictos entre las Provincias y el Gobierno Federal durante el desarrollo del Estado del Bienestar y principalmente a la hora de articular las relaciones entre la federación y la provincia de Québec. El sistema federal alemán por su parte ha reconocido el principio de la bundestreue, sobre la base de su desarrollo consuetudinario en la práctica política y la jurisprudencia constitucional. En Alemania la lealtad federal tiene dos dimensiones, por un lado el respeto obligado que los länder tienen que prestar a la normativa federal garante de la igualdad mínima entre los ciudadanos, de otro, la federación no puede imponer políticas sin escuchar y hacer partícipes a los diferentes länder, para ello se estimulan los órganos de cooperación bilateral, pero sobre todo multilateral. El principio de lealtad federal tal y como se entiende en Alemania, se reproduce en el modelo federal Austriaco. En ambos casos el desarrollo de la lealtad federal se ha vinculado a la implementación del Estado del Bienestar tras la II Guerra Mundial. La Confederación Helvética ha reconocido la lealtad federal en su Constitución en 1999, sobre la base de 4 principios : 1. La Confederación tiene la prohibición de delegar competencias a los Cantones, si éstos carecen de recursos económicos suficientes para asumirlas. 2. Los Cantones no pueden conformar relaciones entre ellos con el objetivo de alterar los equilibrios y para presionar al gobierno federal. 3. Las relaciones de los Cantones con el Gobierno Suizo se fundan en la confianza cooperativa y la visión de conjunto. 4. El gobierno federal tiene la obligación de informar y consultar a los Cantones, antes de tramitar cualquier iniciativa legislativa y presupuestaria. |
España, por tanto no es una excepción, el debate en torno a como se estructura la relación entre los territorios y el gobierno central se da a medida que se desarrolla el Estado del Bienestar (y por tanto se centra en la distribución de los recursos entre los territorios) y tal y como sucede en Canadá, se produce por la existencia de regiones con una situación identitaria específica. Además tal y como sucede en los países indicados, estas tensiones afectan a la unidad y lealtad partidista de los gobiernos regionales, ya que la autonomía tiene una dimensión política que genera agendas y dinámicas políticas propias en cada territorio, que a veces entran en conflicto con el gobierno del Estado, del mismo color político.
Sin embargo al final, en EEUU, Canadá o Alemania, el Partido Demócrata, el Liberal o los Socialdemócratas ni los Republicanos, Conservadores o Democratacristianos, se rompen cada vez que hay este tipo de tensiones, antes al contrario el sistema político federal experimenta un debate, del cual suele salir fortalecido, la diferencia entre estos países y España se basa por un lado en que en todos ellos prima una visión multilateralista y de conjunto (no excluyente de las relaciones bilaterales, mientras que en España la multilateralidad es la excepción) y de otro existe un Senado Federal en la que los Estados, länder, Provincias o Cantones, participan como tales en la conformación de las leyes (por tanto también en el presupuesto) y de la voluntad federal (en España el Senado no es territorial).
Por ello en España no hay que preocuparse y hay que ver este debate como algo normal que si consigue reforzar los mecanismos multilaterales e impulsar la reforma del Senado, fortalecerá nuestro sistema autonómico.
-Si usted está debatiendo sobre seguridad y ve como se cuestionan las libertades básicas, aquí tiene unos argumentos para encauzar el debate y señalar las falacias del neoconservador-
2. La mentira del nuevo equilibrio
3. Universalidad de los derechos humanos; diferentes interpretaciones y una misma evaluación
4. Formulaciones concretas; aquí cabe el debate
5. Las torturas, la pena de muerte y los derechos judiciales
6. Derechos humanos y extranjería
En gran parte de occidente tras la Segunda Guerra Mundial, cierta concepción humanística se terminó por imponer como sustrato último de toda política justificable y de toda norma legal: Los Derechos Humanos. Es verdad que han existido con una guerra fría de por medio, un Vietnam, una política de intervención en América del Sur y otra económica con África que poco ejemplo han dado, pero se podría decir que han sido bastante respetados de fronteras hacia dentro. Por desgracia hoy en día en vez de preocuparnos de sacar estos derechos más allá de nuestras fronteras, vemos que se empiezan a cuestionar abiertamente la legitimidad de estos derechos incluso internamente. Estas normas que alcanzaron la categoría de semi-sagradas están sufriendo el mayor ataque por parte de la estrategia neoconservadora del miedo.
Dworkin plantea su defensa desde la raíz que los nutre. Desde los principios de la Dignidad Humana. Si estos principios son los que nos mueven, los que nos permiten representar el mundo de una forma ética y los que nos dan significado como seres humanos, es desde ellos desde donde tenemos que defendernos contra las cesiones a las supuestas políticas de seguridad neoconservadoras. La gente tiene miedo, o se le infunde miedo, y hay que preguntarles si están dispuestos a renunciar a sus principios básicos para sentirse más seguros.
En su libro, Dworkin toma sus Principios de la Dignidad Humana como están recogidos en los diferentes tratados generales y más específicamente en las constituciones, leyes y acciones de gobiernos particulares. Para luego denunciar como estos están siendo puestos en cuestión con acciones como Guantánamo o Abu Ghraib, por las políticas de recortes de libertades y por la apelación a sentimientos de inseguridad mayoritarios.
[ Yo añadiría una consideración, subiendo al nivel superior –por sí resultase que los derechos humanos y los derechos políticos más básicos también fuesen objeto del debate político- A saber, que las políticas de derechos son auténticas políticas de seguridad de los ciudadanos. Nos protegen de las actuaciones arbitrarias de los poderosos y de los que poseen los recursos. Eliminar o aminorar las garantías constitucionales nos vende como ciudadanos ante el poder. El relato del peligro externo ni nos protege de lo de fuera ni nos preserva dentro como hombres libres. Los derechos son la seguridad de la ciudadanía, sin ellos, está vendida –esclavizada- ]
Uno de los argumentos neoconservadores trata de llevar el debate a una cuestión de equilibrio entre seguridad y derechos. Dado que el peligro ha aumentado sobremanera -dicen- desde el 11M, hay que volver a reajustar la balanza. Es necesario que existan menos libertades en un mundo más temible.
Igual que uno reequilibra el gasto según la prosperidad económica o invierte más en una infraestructura que en otras -estación de trenes o aeropuertos- o en el diseño de estas, según sea más conveniente. Así también, dicen, se deberían cambiar las garantías constitucionales.
En esta equiparación es donde denuncia la falacia. Los derechos políticos básicos no son decisiones deliberadas previamente según convengan como son las decisiones políticas cotidianas. Los principios de la dignidad humana están fuera del debate político porque no son negociables. Porque no es una cuestión de intereses, sino que es una cuestión moral.
Siguiendo a Dworkin podríamos decir que estos derechos básicos no son abordables desde un debate costes / beneficios, porque no se derivan de una posible gestión. Su procedencia es moral y aquí no cuadra la lógica del negocio.
Además, resulta significativo en cuanto a la capacidad que tienen los neoconservadores de aceptar incoherencias, como esos mismos derechos que se permiten poner en cuestión, son luego la principal razón pública para intervenir militarmente en otros países. Como tal o cual dictador pone en peligro o tiene supeditada a su población o la vecina, nosotros, nación poderosa, tenemos la obligación de intervenir. ¿Si los derechos humanos sufrieran un fuerte desgastes significaría esto que invadirían menos o peor, qué se andarían con menos miramientos a la hora de invadir, ya expresando sus verdaderas razones? Me parece que escogerían la segunda posibilidad.
[ Estirando la interpretación del autor, la lógica del coste beneficio o de la deliberación cotidiana del político producen inconsistencias en el marco moral, con terribles consecuencias posteriores para toda la arquitectura del sistema. Poner en cuestión estos derechos es poner en cuestión los fundamentos de una democracia sana. ]
Estos principios tienen en cada gobierno y en cada constitución un desarrollo propio, característico de la propia sociedad que lo legitima. Pero esto no quiere decir que cada equipo de gobierno o cada periodo constituyente pueda interpretar estos principios como les dé la gana. Antes decíamos que los derechos humanos no eran intereses negociables, ahora afirmamos que no son ni interpretaciones subjetivas ni partidistas.
Un país puede tolerar la libertad de expresión incluso si esta es usada para cuestionar sus principios fundamentales -el caso de EEUU- o un país puede acotar esa libertad de expresión para proteger otros derechos, como la dignidad de las víctimas del Holocausto -el caso de Alemania- Lo que une a estos dos ejemplos, es que procuran hacer inteligibles los principios básicos de los que hablamos. Puede que una formulación sea más perfecta que la otra, pero los dos responden a un interpretación de buena fe.
[ Por matizar a Dworkin, no creo que la buena fe ni la inteligibilidad de las interpreataciones sean los mejores criterios de evaluación de gobiernos y constituciones con respecto a los derechos humanos. Como él sabe, estas interpretaciones no se siguen de forma lógica de los derechos básicos, sino que responden a circunstancias concretas, pero no por ello tenemos que abandonar la búsqueda de una evaluación más analítica.
Podríamos considerar que los principios básicos de la dignidad del hombre son un núcleo a desarrollar según las necesidades del contexto. Que este desarrollo es técnico en gran medida y por tanto tiene un espacio de soluciones plural, en el que caben distintas respuestas para los mismos problemas -podemos diseñar diferentes motores para un mismo modelo de coche y ninguno tiene porque ser el mejor, sino que pueden responder a prioridades diferentes, como el consumo o la potencia- Y que la evaluación estará en cuantos casos concretos en la relación persona-estado pueden considerarse como una violación de la integridad moral de las primeras. Da igual que un modelo potencie una perspectiva u otra, que se base en una cultura u otra, que actúe positivamente contra unas discriminaciones u otras, con tal de que al final tienda a aminorar los casos de violaciones de los derechos humanos que se cometen bajo su órbita de actuación.]
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