LATINOAMERICANISMO Y SOCIALDEMOCRACIA

“Esperarás como Fabio a que llegue el momento justo, pero cuando llegue golpea con fuerza o tu espera habrá sido en vano”

Fabian Society.

Recientemente el historiador peruano Eugenio Chang Rodríguez presentó en la Casa de América su ultimo libro basado en la biografía de Victor Raul Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y de cuyo fallcecimiento se cumplen 30 años en 2009.

Para los europeos en general y los españoles en particular la figura de Victor Raul Haya de la Torre, es bastante desconocida, queda opcada por los grandes nombres que han dominado la convulsa vida política latinoamericana, sin embargo se puede afirmar que el suyo fue el primer intento serio de adaptar el socialismo democrático a la realidad de aquella región.

Dice Ludolfo Paramio que uno de los problemas estructurales para la expansión de la socialdemocracia en América Latina fue que la ausencia de un desarrollo industrial similar al europeo, hizo que el cambio social menos acentuado y que a comienzos del siglo XX en los países del continente aun predominasen sociedades predominantemente rurales, en las que teorías como el anarquismo, exportadas frecuentemente por inmigrantes europeos tuvieron más facilidad de propagación y en las que aún coleaban las luchas entre liberales y autoritarios.

Inspirado en la Revolución Mexicana de 1917 y exiliado en aquel país por una cruel dictadura, Victor Raul Haya de la Torre publicó en una revista próxima al Partido Laborista británico, cinco ideas sobre el modelo latinoamericano de socialismo:

1. Lucha contra el imperialismo y la dominación.

2. Integración política y económica de América Latina.

3. Reforma agraria e industrial.

4. Internacionalización del Canal de Panamá.

5. Solidaridad con los pueblos dominados y oprimidos de la tierra.

Estos principios desarrollados en un interesante libro llamado “El Antiimperialismo y el APRA” suponen el primer intento serio de organizar un modelo partido socialista en América Latina y de estructurar una organización continental, inspirada en lo que es la Internacional Socialista, pero circunscrita a América Latina.

El resultado práctico del trabajo de Victor Raul Haya de la Torre se plasmó en la fundación de partidos de base aprista, que aun hoy gobiernan o son alternativa de poder en varios países de la región destacandose Acción Democrática de Venezuela, hoy transformado en varios partidos de corte socialdemócrata y de facto la oposición más seria a Hugo Chavez, el Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, el Partido Socialista Chileno y en su país natal el Partido Aprista Peruano y en la influencia en la fundación del Partido del Trabajo de Brasil. 

Más de 75 años después de la fundación del APRA en México, la historia latinoamericana muestra varios intentos de implantar una izquierda de corte populista en la región que se observan con mucho interés en Europa, principalmente cuando se dedican a realizar gestos desafiantes ante el poder norteamericano, sin embargo llama la atención que a pesar de que esta izquierda combinada con populismo suele tener una duración limitada en el tiempo, las formaciones políticas fundadas bajo el prisma de Haya de la Torre, más pragmáticas, radicalmente democráticas, pero firmes en sus valores, se mantienen, gobiernan y realmente transforman sus sociedades, inmplantando sistemas socialmente más justos que las liberan de la dominación interna y externa.

APUNTES SOBRE LEALTAD FEDERAL

El debate abierto en España, respecto la financiación autonómica, tras las reformas estatutarias culminadas entre 2005 y 2007, pone de manifiesto una acentuación del carácter federal del Estado, ya que por primera vez se asiste dentro de todas las formaciones políticas de ámbito nacional a un debate centro-periferia, o a una tensión entre la agenda politica autonómica, con la agenda política federal o estatal.

Fruto de nuestra falta de experiencia federal, se está provocando un debate absurdo entre quienes se enrocan en posiciones de ferrea defensa de una homogeneidad en las políticas de las 17 CCAA y aquellos que demandan que la autonomía significa un espacio intocable de competencia y prestación de servicios, en la que aquello que recaudo en mi territorio lo gasto yo, lo cierto es que ni una postura ni la otra están en lo cierto y a la vez ambas presentan elementos acertados de diagnóstico.

Por un lado es lógico y la Constitución lo proclama (artículo 149.1.1º) que tiene que existir un mínimo común denominador en derechos y obligaciones para todos los ciudadanos del Estado, por otro lado autonomía significa la capacidad de prestar servicios o garantizar derechos de manera particularizada y adaptada a las particularidades de cada territorio, de hecho la existencia de políticas públicas territorializadas y no homogeneas desarrolladas por las CCAA o las EELL en su ámbito de competencia ha sido avalado por el Tribunal Constitucional.

Esta tensión a nivel financiero supone que las CCAA, para poder tener gobernabilidad (entendida como la capacidad del Gobierno de dar respuestas a las demandas ciudadanas) tienen que tener financiación suficiente para desarrollar sus políticas propias, pero también tienen que tener financiación suficiente para evitar desestructuración territorial y la existencia de espacios de desigualdad como por ejemplo sucede en Italia, dado que los nuevos Estatutos consolidan transferencias que desde 1992 han sido traspasadas por el Estado a las CCAA, los gobiernos exigen respaldo financiero para desarrollarlas.

Si atendemos a lo que sucede fuera de España donde existen multitud de Estados Federales, similares a nuestro Estado de las Autonomías, el proceso de resolución de este tipo de conflictos, principalmente relacionados con la financiación, se ha basado en el desarrollo de una práctica que Roberto destacaba en su blog, con su denominación alemana, el bundestreue, es decir la lealtad federal, vamos a ver algunos casos:

Bundestreue

I. ESTADOS UNIDOS. El federalismo estadounidense se basó tradicionalmente en la existencia de dos niveles de gobierno, federal y estatal y la no injerencia de uno sobre otro, el desarrollo del New Deal de Roossevelt coincidente con el nacimiento de las relaciones intergubernamentales generó en determinados ámbitos de actuación política (infraestructuras, asistencia social, sanidad y educación) la necesidad de equilibrar el desarrollo específico de cada Estado, con la cohesión de la federación, para ello los diversos conflictos que surgieron entre el centro y la periferia se resolvieron con el reconocimiento y desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo federal, del concepto de “federalismo cooperativo” que obligaba a la federación a garantizar a los Estados recursos financieros suficientes para ejerecer su autogobierno y éstos a su vez se obligaban a contribuir al bienestar del país compartiendo su riqueza. II. CANADÁ. En Canadá al igual que en los Estados Unidos el principio se ha desarrollado por los diferentes Tribunales, en la práctica de resolución de conflictos entre las Provincias y el Gobierno Federal durante el desarrollo del Estado del Bienestar y principalmente a la hora de articular las relaciones entre la federación y la provincia de Québec. III. ALEMANIA. El sistema federal alemán por su parte ha reconocido el principio de la bundestreue, sobre la base de su desarrollo consuetudinario en la práctica política y la jurisprudencia constitucional. En Alemania la lealtad federal tiene dos dimensiones, por un lado el respeto obligado que los länder tienen que prestar a la normativa federal garante de la igualdad mínima entre los ciudadanos, de otro, la federación no puede imponer políticas sin escuchar y hacer partícipes a los diferentes länder, para ello se estimulan los órganos de cooperación bilateral, pero sobre todo multilateral. IV. AUSTRIA. El principio de lealtad federal tal y como se entiende en Alemania, se reproduce en el modelo federal Austriaco. En ambos casos el desarrollo de la lealtad federal se ha vinculado a la implementación del Estado del Bienestar tras la II Guerra Mundial. V. SUIZA. La Confederación Helvética ha reconocido la lealtad federal en su Constitución en 1999, sobre la base de 4 principios : 1.       La Confederación tiene la prohibición de delegar competencias a los Cantones, si éstos carecen de recursos económicos suficientes para asumirlas. 2.       Los Cantones no pueden conformar relaciones entre ellos con el objetivo de alterar los equilibrios y para presionar al gobierno federal. 3.       Las relaciones de los Cantones con el Gobierno Suizo se fundan en la confianza cooperativa y la visión de conjunto. 4.       El gobierno federal tiene la obligación de informar y consultar a los Cantones, antes de tramitar cualquier iniciativa legislativa y presupuestaria.

 

España, por tanto no es una excepción, el debate en torno a como se estructura la relación entre los territorios y el gobierno central se da a medida que se desarrolla el Estado del Bienestar (y por tanto se centra en la distribución de los recursos entre los territorios) y tal y como sucede en Canadá, se produce por la existencia de regiones con una situación identitaria específica. Además tal y como sucede en los países indicados, estas tensiones afectan a la unidad y lealtad partidista de los gobiernos regionales, ya que la autonomía tiene una dimensión política que genera agendas y dinámicas políticas propias en cada territorio, que a veces entran en conflicto con el gobierno del Estado, del mismo color político.

 

Sin embargo al final, en EEUU, Canadá o Alemania, el Partido Demócrata, el Liberal o los Socialdemócratas ni los Republicanos, Conservadores o Democratacristianos, se rompen cada vez que hay este tipo de tensiones, antes al contrario el sistema político federal experimenta un debate, del cual suele salir fortalecido, la diferencia entre estos países y España se basa por un lado en que en todos ellos prima una visión multilateralista y de conjunto (no excluyente de las relaciones bilaterales, mientras que en España la multilateralidad es la excepción) y de otro existe un Senado Federal en la que los Estados, länder, Provincias o Cantones, participan como tales en la conformación de las leyes (por tanto también en el presupuesto) y de la voluntad federal (en España el Senado no es territorial).

 

Por ello en España no hay que preocuparse y hay que ver este debate como algo normal que si consigue reforzar los mecanismos multilaterales e impulsar la reforma del Senado, fortalecerá nuestro sistema autonómico.

PRIMARY COLORS: DESMONTANDO ALGUNOS MITOS SOBRE LAS PRIMARIAS

Una de las mitificaciones del proceso norteamericano de primarias es la idea de que los candidatos son elegidos por votación directa en algunos casos como Iowa o Nevada de cualquier ciudadano, en otros como New Hampshire de los votantes que se registran como simpatizantes de un partido.

 Pues bien no es cierto, en las primarias de los estados no se vota al candidato, sino que se eligen a los delegados que representarán a cada Estado en la Convención Nacional de cada partido. En este sentido cada partido es libre de organizar la representación de los Estados en su Convención y la asignación de delegados obedece a razones diversas (población, afiliación…). En este supermartes los demócratas se juegan en 24 Estados cerca de 2000 votos en la Convención, mientras que los republicanos elegirán a poco más de 1100 delegados.

El sistema de primarias fue establecido ante las continuas manipulaciones que los aparatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano, realizaban para elegir delegados a las Convenciones, lo que dió lugar a que Theodore Roosvelt se escindiese del Partido Republicano, fundando el Partido Progresista que fue el primero en establecer un sistema de elección por primarias, que la práctica y la buena acogida, unido a un número infinito de manipulaciones en los tribunales por la asignación de delegados, llevaron a Demócratas y Republicanos a establecer este sistema y a los Estados a regularlo legislativamente.

Por tanto las características de las primarias en los Estados Unidos es que son un proceso de elección indirecta, similar al que en los partidos europeos se realiza cuando se eligen delegados a sus Congresos, pero que presenta varias particularidades:

+ Nace como reacción de desconfianza hacia los aparatos de los partidos mayoritarios, que manipulaban la elección de delegados a sus Convenciones Nacionales, en un país que como Estados Unidos tiene un sistema político de elección uninominal y que desde su nacimiento desconfía de los partidos políticos, de hecho Jefferson promueve que la Constitución americana ni siquiera los mencione.

+ Está regulado legalmente por cada Estado que además supervisa y certifíca el proceso, de manera que ha devenido en obligatorio para todos los partidos. Esto ha generado cerca de 50 sistemas de elecciones primarias pero grosso modo se pueden resumir en tres: abierta (vota cualquier ciudadano, por ejemplo en el Caucus de Iowa) semi-abierta (votan los ciudadanos registrados como simpatizantes de uno u otro partido como sucede en New Hampshire) o cerrada (solo votan los militantes).

+ Los partidos gozan de una amplia autonomía a la hora de asignar delegados a los Estados, pudiendo anular la participación de los delegados de los Estados si estos, como ha pasado recientemente deciden unilateralemente y sin contar con la dirección de los partidos, adelantar o retrasar las elecciones. Además en el caso del Partido Demócrata existe la figura de los superdelegados, que es un colegio de delegados que se designan desde la dirección demócrata directamente como participantes en la Convención.

Finalmente también es importante señalar que los delegados elegidos en las primarias, no acuden a la Convención con mandato imperativo y de hecho son frecuentes los cambios de votos y la indisciplina, principalmente en el Partido Demócrata. A modo de ejemplo de ello en la Convención Demócrata de 1968 Hubert Humpreys, entonces Vicepresidente de Lyndon Johnson, que ni siquiera se había presentado a las primarias fue designado candidato a la presidencia, debido a la influencia del Alcalde de Chicago y de los superdelegados sobre los delegados elegidos por las estructuras estatales.

Un sistema interesante que aunque no difiere tanto de los europeos, a veces suscita ansias de reforma en los partidos europeos para asemejarlos a los norteamericanos, en esto hay un par de buenas lecturas de José Antonio Gomez Yañez “Partidos sin Ley” y “Primarias” publicadas en El País, pero ese es otro debate….

LOS RETOS DE LA INMIGRACIÓN PARA EL ESTADO MODERNO (II) POBLACIÓN, TERRITORIO Y SOBERANÍA

Inmigración y Población 

 

Es evidente que no se puede hablar de Estado sin población, al igual que tampoco puede hacerse sin el elemento del territorio o el poder, si no existe una base poblacional cohesionada los otros dos elementos quedan vacíos o inexistentes y por tanto no se podría hablar de Estado en puridad.

Una de las características del Estado moderno es una tendencia a la homogeneización de su población bien por vínculos profundos e identitarios de origen como puede ser el caso de países como Portugal o Grecia, en donde se puede afirmar grosso modo que existe una unidad cultural, lingüística o social con un alto grado de uniformidad, el desarrollo de otros Estados, cuyo punto de partida es una pluralidad, ha conllevado que la homogeneización se logre mediante la imposición de una de las identidades existentes en el territorio sobre las demás, este sería el ejemplo típico de Francia donde se impuso un modelo tendente al unitarismo frente a las peculiaridades bretona, occitana o alsaciana; finalmente otro tercer grupo de Estados aun siendo plurales hacen de esa pluralidad su seña de identidad y por extensión de homogeneización de sus habitantes, tal sería el caso de Canadá, España (a pesar de tendencias unitaristas a lo largo de la historia) Suiza, Estados Unidos o en menor medida Bélgica.

En estos tres modelos de entender el elemento poblacional, en los que bien se haya optado por la asimilación unitarista, la pluralidad identitaria o simplemente se asuma una realidad común anterior, hablamos de una seña de identidad del Estado caracterizada por un vínculo entre las personas, que coexisten en ese mencionado territorio, que con el paso del tiempo ha ido haciéndose más claro e inequívoco conformando una base humana con un fuerte sentimiento de identidad.

En este sentido la inmigración choca con este paradigma del Estado moderno, porque si bien es cierto que desplazamientos de personas siempre se han producido, el hecho de que los medios de transporte se hayan desarrollado como lo han hecho en los últimos años del Siglo XX, unido a que los medios de comunicación también han experimentado una revolución sin precedentes hasta tal punto que en los países menos desarrollados llega el way of life del primer mundo continuamente, de forma que las distancias se reducen y el desplazamiento de personas que reciben los Estados desarrollados ya no es aislado de otras zonas o de países limítrofes en los que por proximidad pueden existir vínculos culturales o sociales más cercanos, que faciliten la adaptación de los inmigrantes, sino continuo, constante, en aumento y de zonas del planeta que poco o nada pueden tener que ver con los países de destino lo cual conlleva que se esté conformando un tejido poblacional basado en la pluralidad de identidades y por lo tanto no ya en la homogeneización, lo cual supone que ese nuevo paradigma puede crear y en ocasiones crea tensiones sociales, por ejemplo la problemática del velo en la escuela pública francesa o determinadas tradiciones culturales en relación al papel de la mujer de los países islámicos, toda vez que en un periodo relativamente escaso de tiempo se están concentrando núcleos de población de diversas características, valores socioculturales y tradiciones diversas en un espacio que durante siglos ha sido ocupado por una población más o menos homogénea.

 

Inmigración y Territorio. 

 

Si nos aproximamos al segundo elemento, el territorio, es obvio que si la población se organiza y se somete a un poder, el marco donde sucede esto, el territorio es esencial para delimitar cuando hablamos de Estado, sin duda es el elemento que puede suscitar mayor conocimiento y en cierto sentido también consenso cuando se trata de delimitar la idea del Estado.

El elemento del territorio tiene por consiguiente una doble dimensión para el Estado, puesto que se trata por un lado del espacio compartido por los habitantes del Estado, pero de otro el territorio tiene límites, fronteras, que separan un Estado de otro y por tanto separan distintas poblaciones y distintas formas de entender el poder.

Sin embargo en los últimos años, el proceso de globalización económica ha supuesto el fin de las fronteras para la economía[1], con lo cual se ha abierto un nuevo espacio de libertad de circulación de capitales que ha conllevado también una mayor facilidad de circulación de personas, lo que unido al desarrollo de los medios de transporte, de comunicación y al impacto del bienestar de los Estados desarrollados en las zonas más desfavorecidas del planeta conducen a que los antiguos límites territoriales y controles se vean desbordados por desplazamientos constantes de muchas personas que van a instalarse de un lugar a otro.

Por lo tanto en este sentido es pertinente señalar que ante los actuales flujos de inmigración, la clásica política de control de fronteras de los Estados se ve impotente y desbordada puesto que por un lado los propios Estados realizan actuaciones contradictorias consigo mismos puesto que simultaneamente tienen que proceder a una mayor apertura de fronteras, fruto de la integración económica supranacional en determinados ámbitos regionales, piénsese en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México o la Unión Europea, mientras tratan de mantener un tapón sobre los flujos migratorios, tratando de aferrarse a la idea de frontera como delimitación del territorio en sentido clásico, como si fuese posible separar ambos fenómenos.

 

Inmigración y Poder.

 

Cuando se analizan los tres elementos que conforman la idea de Estado moderno, la idea de cierre es la de poder, es decir una vez existe una población establecida en un espacio territorial, se tiene que someter a unas reglas de organización política, sin las cuales no se puede hablar de Estado, propiamente dicho. Puede parecer que el fenómeno de la inmigración toca muy de pasada, este elemento de cierre del concepto de Estado en sus múltiples definiciones y variantes, sin embargo estamos ante un factor que se ve cuando menos igual de desafiado que los dos anteriores, sobre una doble dimensión, territorial y de ciudadana o de legitimación.

La dimensión territorial del poder, se ve desbordada por la realidad de la inmigración en varios ámbitos, ad extra en tanto que en el marco del proceso de integración supranacional de Estados, por ejemplo de la Unión Europea, no solo crea espacios económicos o políticos comunes si no que crea intereses comunes que superan a los del Estado per se y conllevan que políticas antaño propias y soberanas de los Estados pasen a ser políticas compartidas, un buen ejemplo en la Unión Europea sería la regulación de las fronteras, puesto que al diluirse entre socios, se crean fronteras comunes, de manera que aunque Alemania o Francia carezcan de fronteras con Estados no comunitarios, la política de fronteras de países como España que sí la tienen, les afectan y por tanto la soberanía estatal, española en este caso, para controlar sus fronteras se ve condicionada por una política común de fronteras puesto que el interés en el control de los flujos es común.

 Si atendemos al elemento interno de la organización territorial del poder, la inmigración plantea un reto a los Estados en dos escenarios, por un lado en aquellos Estados políticamente descentralizados como España, Canadá o Estados Unidos, surgen problemáticas relativas a la competencia en cuanto a la gestión del fenómeno, puesto que autonomía política implica que dentro de un marco común puede haber distintos modelos y políticas económicas, sociales, urbanísticas o educativas, de todo tipo que fomenten que en cada territorio del Estado los problemas de inmigración sean muy diferentes, por ejemplo en España una comunidad con un fuerte peso de la Agricultura en su economía como Castilla y León atraerá un tipo de inmigración determinado con unos problemas de integración que pueden ser diferentes a otros territorios en que como Andalucía sea el sector hostelero el que llame a otro tipo de inmigración, en el caso Español el debate sobre las reformas de los Estatutos de Autonomía recoge este asunto puesto que las Comunidades Autónomas, pero también las entidades locales reclaman un mayor poder sobre las políticas de inmigración y por tanto el Estado, que de por si se ve desbordado exteriormente, también se ve desbordado ad intra.  

En cuanto a la dimensión ciudadana o de legitimación del poder que se ve afectada por el fenómeno de la inmigración, no se analiza una cuestión de poca importancia, puesto que el poder en el Estado no solo se ejerce, sino que necesita legitimación de la población que está sometida a él.

En este contexto la inmigración implica que, dado que en los Estados de recepción se está procediendo a regular una multiplicidad de permisos y situaciones de estancia[1] que en muchas ocasiones de manera que la población inmigrante carece de derechos equiparables a los ciudadanos del país donde residen, lo cual es un riesgo porque puede crear bolsas de descontentos en ambos colectivos, en el caso de los inmigrantes porque a pesar de que están trabajando y cumpliendo con obligaciones ciudadanas (como pagar impuestos o cotizar a la Seguridad Social) se ven privados de determinados derechos civiles de ciudadanía como puedan ser el derecho de sufragio en determinadas elecciones que les afecten o derechos de libertad de movimientos o de intimidad, con lo cual se crea por un lado diversas categorías de personas, lo cual trastoca la idea de los Estados democráticos de la no discriminación pero a su vez en el lado de los ciudadanos del país de recepción, en aquellos sectores más desfavorecidos puede crearse la sensación en momentos de recortes de servicios públicos (como los operados en España por el PP) de que existe una falsa competencia con los inmigrantes, que por su condición de llegada suelen estar también económicamente desfavorecidos, para lograr ayudas sociales que cuando les son negadas crean un malestar en esta población ciudadana de pleno derecho que tiene la percepción de que le usurpan sus derechos. En definitiva esto muestra que por un lado una minoría que crece y que puede terminar siendo mayoritaria o suficientemente representativa pero que se ve sistemáticamente fuera del juego político creando un nuevo “Tercer Estado” por utilizar la terminología de Sieyès[2] y de otro unas capas sociales desfavorecidas que se pueden sentir abandonadas por el Estado, que como una de sus finalidades tendría garantizarles la dignidad y que se ven desplazadas por población de otros países, tendencias éstas que llevan a romper la cohesión social y a crear tensiones que en ultimo término sirven para que la población cuestione el poder y por tanto la legitimidad del mismo se vea comprometida.

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[1] Carlos Jiménez Romero, 2003.

[2] Emmanuel Sieyès, 1989.

[1] Saskia Sassen, 2001.

COMENTARIO A “IZQUIERDA Y ESPAÑA”.

Tema muy amplio, vertiginosamente amplio el de tu entrada sobre Izquierda y España. Espero muchas entradas tuyas sobre cada uno de los asuntos centrales del federalismo.

La primera vez tuve una idea clara sobre el asunto fue leyendo a un señor que retrataba agudamente el mismo ejemplo que pones, el norteamericano. Me refiero a Tocqueville y La Democracia en América. Ser federalista o centralista no eran posturas digamos ideológicas, sino casi casi ingenieriles. Ser federalista tenía que ver con un balanceo de poder que permitiese el movimiento interno y el control. Control tanto desde la periferia como desde el centro, porque ser federalista no es ser separatista, ni poner la diferencia por encima de lo común, sino aceptar y diseñar el cauce tanto de las fuerzas centrífugas como de las centrípetas en la arquitectura del estado. De ahí el activismo cívico norteamericano y el poder centralizador de sus jueces, por citar algunos de sus elementos más llamativos. La verdad es que a Tocqueville le dedicaré algún post.

Este balanceo me parece esencial, porque siendo más o menos correcto pensar que la cercanía a los problemas es la única forma de superarlos, la cosa tiene sus matices. Alguna vez te he oído hablar del gobierno multinivel. En eso tiene que estar el federalismo y el municipalismo, en resolver, o crear, lo que está a su alcance representativo. Pero, si se me permite poner el contrapunto, no todo está al alcance de sus ojos. Una comunidad o un municipio puede verse envuelto en asuntos que afectan a intereses que sobrepasan los de sus electores, ya sea por la movilidad de estos mismos, porque de sus acciones se derivarán subproductos al resto, o porque la supervivencia del cargo político de turno no esté en juego en temas que sí gestiona o que puede ralentizar sólo por fastidiar, etc. Estoy pensando por ejemplo en las políticas del medio ambiente, en las energéticas, en las de infraestructuras o incluso en las educativas.

Creo en el aumento de democracia que supone el federalismo, pero también creo ser consciente de que todo perfeccionamiento de un sistema democrático lo hace todo más frágil y necesitado de mayor esfuerzo y calidad por parte de sus políticos pero sobretodo de sus ciudadanos.

Se necesitan políticos capaces de no ser fieles lacayos del todos a una de las políticas partidistas lanzadas a las comunidades propias en una estrategia de desgaste con el gobierno central, pero también de políticos capaces de no ser administradores de lo inmediato y lo propio, que sepan que están inmersos en un estado y que del beneficio de la comunidad vecina, mañana vendrá el suyo, o que no entiendan que su labor principal es hacer oposición día y noche a un gobierno de nivel superior, aunque sea más televisivo.

Se necesitan ciudadanos informados, que sepan que hay en juego en cada esfera. Que conozcan para qué sirve un concejal, un alcalde, un diputado regional, un presidente y un parlamento de España. ¡Y por tanto se necesitan políticos a todos estos niveles que expliquen muy bien su tarea, sus propósitos y cuál es su alcance! No le voy a quitar responsabilidad al ciudadano, a veces tan mimados por lo políticamente correcto -aunque la condescencendia es propio del paternalismo y este en política es uno de los mayores desprecios por las personas comunes-, pero el político que se embarca en aventuras descentralizadoras no debería esperar que el tiempo le dé algún día lejano la razón, sino que tiene que ponerse a explicar lo que hace y a generar una cultura de la descentralización, que no pase por la particularidad cultural (¡) que las más de las veces parece que es el único medio que se les ocurre, sino por el desarrollo de la democracia y la participación.

Por cierto, que bien le vinieron las políticas europeas de cohesión a todas las ciudades españolas. Balanceo!!!!! que gran palabra, que sublime idea para el control, la libertad y la justicia. Europa y Ciudad, que gran lema para futuros debates.