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Después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, el papel jugado por el PSOE y el PSC en su defensa, la posterior y multitudinaria manifestación en protesta contra la interpretación de la sentencia y la postura del presidente Zapatero de volver a recomponer posiciones con Cataluña cuidando su fuerte sentido de identidad, un simpatizante socialista, por no decir ya muchos socialistas con cargo, se pueden preguntar si será coherente aspirar a gobernar España mientras se mantiene una actitud de apoyo al Estatuto aunque se diga respetar la criticada sentencia. Y con su pregunta puede plantearse si merece la pena volver a votar PSOE.
Voy a intentar contestar que sí, que es coherente y además que es la mejor opción -aunque como todo proceso complejo tenga sus peligros o sus tensiones a veces inconscientes- que podemos representar en dos partes, por un lado la de socialistas aparentemente más centralistas como Ibarra, Bono, Guerra, etc. y por otro la de socialistas aparentemente más federalistas como Zapatero, Felipe Gonzalez, o Montilla. Y digo aparentemente porque creo que su discurso se apoya en el centralismo o en el federalismo pero sólo de forma tangencial para defender dos aspiraciones básicas del PSOE actual, una que trata al estado como distribuidor igualitario de riqueza -los llamados centralistas- y otra que trata al estado como un proyecto progresivo de cada vez mayor representatividad y mayor división de poderes –los llamados federalistas-
Intentemos reconstruir el panorama.
La izquierda por encima de la identidad defiende la redistribución.
Cuando vimos la manifestación en Barcelona con uno de sus principales carteles exclamando: Somos una nación, nosotros decidimos. Uno piensa inmediatamente, el PSC se está suicidando políticamente. Para defender la identidad la gente vota nacionalistas, para defender izquierda e independencia ya existen otros partidos, y su sitio, si quiere ganarlo, es el de un socialismo que respete la identidad pero no lo encumbre por encima de su tarea de izquierdas y es más, que sólo lo suba al nivel que haga posible enlazar su identidad con el resto de identidades de España, donde también están sus compañeros socialistas. Sobre todo si pensamos que una gran mayoría de catalanes se sienten españoles y catalanes al mismo tiempo como se puede ver en la reciente encuesta de El Periódico.
Al alimentar esa manifestación y promover una causa de la que él ni siquiera es el mejor representante, el PSC se estaría alejando de su electorado y encima estaría movilizando al del oponente haciendo flaco favor a la izquierda.
Como dice el profesor de la universidad de Barcelona Felix Ovejero en El País, el PSC parece haber alimentado un monstruo que no hubiera nacido sin su ayuda -Tengan en cuenta que Felix Ovejero no es un representante de la derecha catalana, sino de su universidad y de la izquierda, como se puede ver en que sus escritos son referencia en la Fundación Pablo Iglesias del PSOE- Dice en su artículo, La sentencia y la hidráulica:
El argumento tiene dos partes. La primera apela a los hechos. Los políticos catalanes se presentan como portavoces de una realidad que el Estado central se resistiría a reconocer. Una realidad que tiene que ver, sobre todo, con la identidad. El Estatut sería la cristalización política de esa demanda de reconocimiento.
Si hay que tasar esta imagen por su grado de realismo hay que pensar que el guión de la política catalana lo escriben a dos manos Tim Burton y David Lynch, no del todo sobrios. Primero, no había demanda social: según una investigación realizada por una universidad catalana antes de que comenzara este lío, los catalanes éramos de los españoles más satisfechos con nuestra autonomía. Convertido ya el lío en eje de campaña electoral, antes de la victoria de Maragall apenas un 4% consideraba la simple reforma del Estatut como un asunto prioritario. Y el remate: la masiva abstención en el referéndum, a pesar del febril activismo de los medios de comunicación catalanes que, alineados con los poderes políticos y en un no parar hasta hoy mismo, han ahogado cualquier discrepancia bajo la acusación de anticatalanismo. Segundo, es irreal la tesis de la identidad centrada en la lengua, el rovell d’ou del argumento. El desajuste entre la Cataluña real y la oficial asoma por todas las costuras. Una muestra entre mil: la televisión de Barcelona, en aras de la integración de los inmigrantes, mantiene informativos en 20 lenguas, pero no en castellano, la lengua del 61,5% de quienes vivimos en el área metropolitana barcelonesa (el catalán supone un 32%) y, por supuesto, de la inmensa mayoría de los in-migrantes. Tercero: hay una voluntad explícita de escamotear la realidad, como se vio hace apenas un par de meses cuando los votos del Tripartito y CiU en el Parlament vetaron una propuesta de incluir en el censo una pregunta sobre “lenguas de identificación y conocimiento de lenguas de la población de Cataluña”.
El autor continúa señalando además un punto donde el sentido de la izquierda podría chocar frontalmente con un programa nacionalista:
a mí me resulta difícil pensar que la izquierda, y la más elemental sensibilidad democrática, puedan encontrar justificadas las apelaciones a los derechos históricos, a la necesidad de poner límites a la solidaridad o unas políticas lingüísticas que, en un contexto de existencia de una lengua común, tienen consecuencias manifiestamente discriminatorias en el mercado de trabajo, entre los propios catalanes y en el conjunto de los españoles. Pero todo podría ser.
Para terminar señalando que este es un monstruo que nunca se sacia y cuanto más se le da de comer más quiere hasta que llegue a su fin: la independencia.
En la misma dirección escribe Ibarra en el mismo periódico en su artículo Lo que no se puede ni debe ceder:
Lo único que no puede ser España es aquello que vaya quedando después de un proceso continuado de reforma de los estatutos de autonomía. España no puede ser un residuo. Si cada uno piensa en su trozo, alguien tiene que pensar en el todo, y ese es el papel y la responsabilidad del presidente del Gobierno. Para ello, muchos estamos dispuestos a ayudarle desde la lealtad y desde la responsabilidad. Estamos dispuestos a colaborar en un proceso que nos permita saber que nuestros derechos de ciudadano van a seguir estando garantizados por el Gobierno español y que, sea como sea el proceso, no se ponga en riesgo lo que nos es común y lo que nos hace fuertes y diversos.
Apuntando a otra intuición propia del PSOE más republico –en el sentido de pensador de cabecera de Zapatero, Philip Pettit - a saber, que un ciudadano no debe estar indefenso ante los múltiples poderes a los que se enfrenta, que tiene que tener capacidad de influir democráticamente en ellos, para introducir su voluntad en aquello que le termina afectando de una forma indefectible. Con otras palabras, como españoles, cualquier cosa que le pase a España nos afectará a nosotros. Algo que vemos muy claro hoy en día con la crisis, donde hasta las hipotecas de la ciudad más remota de EEUU nos afectan, por no decir la valoración que hacen de nosotros agencias de riesgo, bancos, gobiernos europeos, etc. Si la izquierda hoy en día tendría que querer algo, es una ciudadanía global, donde una persona no sea un simple sujeto pasivo del mundo que le rodea. Y si queremos aspirar a eso con el mundo entero ¿Cómo vamos a renunciar a ser sujetos políticos de lo que pasa en España para quedarnos en nuestro rinconcito? Como dice Ibarra a continuación:
España, como dice Felipe González, es un espacio público que compartimos.
Y sigue:
Yo puedo hacer el esfuerzo de comprender las razones que le llevan a pretender adaptar la legislación a las demandas ciudadanas de algunos territorios para quedarse con 20 o 30 competencias, que nos pertenecían a todos. Pero esas competencias no son del Gobierno, ni siquiera de las Cortes Generales. Esas competencias nos pertenecían a todos los españoles y a ellos no se les ha preguntado para que dejen de ser suyas y pasen a ser de unos cuantos. Sin duda, el Gobierno, al quedarse sin esas competencias, se debilitaría, pero en mi opinión, todos saldríamos más débiles de esa operación.
El nosotros decidimos sobre competencias que son de todos porque nos sentimos nación, es un acto arbitrario que no cuadra con el socialismo, la socialdemocracia, el republicanismo o el liberalismo de izquierdas.
España queda vertebrada y mejor representada con el desarrollo federativo.
Una vez dicho esto un habitante de Madrid podría romper definitivamente con el PSOE para arrojarse en brazos de las grandes defensoras de España llamadas Rosa Díez o Esperanza Aguirre, con su espada común, de las consignas simples y populares. O podría hacerse preguntas inteligentes, como:
¿Defender una articulación del Estado más federal es alimentar el monstruo de la independencia? Entonces, no defenderlo ¿no será alimentar un monstruo del centralismo que todo lo deja en las manos arbitrarias del gobernante central? ¿Queremos que un gobernante desde su trono dicte como debe funcionar España entera sin qué ésta esté representada en un entramado de instituciones y leyes? ¿Sin que los ciudadanos de cada territorio puedan expresar cada vez más fina y cercanamente sus necesidades? ¿Nos gustaría que nos gobernase alguien que no nos conoce y no tiene las herramientas políticas para hacerlo por ejemplo desde Bruselas aludiendo simplemente a nuestra identidad común de europeos o a qué somos igualmente bípedos del siglo XXI?
Bien lo dice Ibarra en el artículo citado:
Los extremeños, por ejemplo, no queremos ni oír hablar de la España centralista ni del nacionalismo económico español; ese nacionalismo que fue desde la Restauración del XIX hasta la Dictadura franquista, pasando por la Dictadura de Primo de Rivera. Para los extremeños, y para otros territorios, ese nacionalismo significó la ruina económica y la hemorragia de la emigración. El sistema fue la protección arancelaria del nacionalismo español, reservando el mercado interior para los productos textiles catalanes y siderúrgicos vascos (el arancel de 1826, el de 1849, el de 1869). Con Primo de Rivera se reservaron las cuotas de producción para los que ya producían, de tal manera que nadie podía fabricar en otro territorio lo que ya se hacía en las zonas protegidas.
Ese centralismo no va a ser ninguna garantía de la igualdad o la prosperidad de los españoles. Al contrario, la historia de España nos demuestra que esa centralidad es arbitraria, discrimina y empobrece a España entera. Como lo hizo especialmente durante los años de la última dictadura que sufrimos.
Esto lo vieron claro los arquitectos de la Constitución. Por eso plantaron el germen de un federalismo en versión autonómica, que fuese desarrollándose durante las siguientes décadas con la protección de la Constitución y el Tribunal Constitucional que en la mayor parte de nuestra historia moderna ha fallado a favor de las autonomías en cuestiones cruciales para su desarrollo.
Eliseo Aja escribía antes de la sentencia del TC:
No existe <<una>> sentencia importante que pueda considerarse desastrosa, y en cambio sí varias muy positivas, aunque puedan discutirse algunas líneas de interpretación. Además, casi cada año, ha elaborado alguna doctrina que ha permitido avanzar en el autogobierno de las CCAA: la aceptación de su actividad internacional, la prohibición de que el Estado mantenga las subvenciones en los sectores que ha traspasado, la posibilidad de la apertura de sedes oficiales en Bruselas para facilitar los contactos con la Unión Europea, la prohibición de que el Estado legisle en materias en que carece de competencia escudándose en la supletoriedad del derecho estatal, etc. (p.155 El Estado Autonómico, Alianza Editorial, 2003)
Frente a una identidad de España vaga –tan vaga como la de una Cataluña independiente- soflamada por gargantas irracionales cuando se entra en el discurso del y tu más o yo el mejor ¡o de los toros sí, toros no! o peor, autoproclamada por demagogos o dictadores, los padres de la Constitución sembraron una España que progresivamente iría desarrollando un sistema nervioso propio que llegase a todos los rincones de España, levantando una red de relaciones de poder, representativa de los ciudadanos y de los territorios a los que tenían ligados sus aspiraciones y necesidades.
Esa red era un multigobierno, que iba desde el central hasta el local pasando por el autonómico. Con su propia capacidad legislativa, judicial y administrativa. Diferentes gobiernos con sus diferentes instituciones, con su financiación asegurada y su personal propio, que aunque con la obligación de mantener la igualdad de los españoles en derechos fundamentales, nunca se vio impedida por el Tribunal Constitucional en su desarrollo particular, al contrario.
Pero incluso para algunos que aceptan este hecho autonómico, el Presitende de Cataluña es un separatista encuvierno, pero yo aunque podría tener mis diferencias, no ve en Montilla no un rechazo de la idea de España ni de su presencia en Cataluña. Veo una pelea por levantar su propia idea de España allí, su propia forma de ver esa representación. Igual que hacen el resto de los políticos en sus territorios con sus estatutos, leyes y acciones de gobierno.
Citando a Ibarra de nuevo:
Frente a los que quieren o añoran una España uniforme, defiendo la libertad de cada uno para sentirse español como mejor le parezca o a no sentirse español. Entiendo el derecho a definir a España como quieran.
Y recuperando otro artículo de El País, Catalunya y España en la encrucijada, esta vez escrito por Presidente Montilla:
Otros, los que creemos en la España plural, nos preocupamos de cómo aplicar el Estatuto a partir de ahora y cómo recuperar el cumplimiento de lo pactado.
Para continuar defendiendo un encaje de Cataluña en esa representación creciente de España, que no pasa por negar ni la Constitución ni el Tribunal Constitucional.
Nuestra respuesta buscará conjugar el respeto de la voluntad popular, la defensa del autogobierno, el cumplimiento del pacto político y el respeto al Estado de derecho. Desde la Generalitat iniciaremos un proceso de diálogo con los principales responsables de las instituciones y fuerzas políticas del Estado. Un diálogo orientado al cumplimiento del pacto estatutario y el reforzamiento del pacto constitucional. Conscientes de que es posible explorar soluciones legislativas a algunas de las afectaciones del Estatuto, y también de que algunas de las garantías del autogobierno han sido disminuidas por la interpretación del TC y no renunciamos a recuperarlas.
Justificando su papel en la manifestación:
Con esta sentencia, lamentablemente se ha perdido una oportunidad para hacer una contribución positiva a su resolución. Peor aún, hemos retrocedido con respecto al espíritu que hizo posible la Constitución de 1978. Estoy convencido de que este problema solo puede resolverse desde el reconocimiento de nuestra realidad plurinacional.
Porque serían los recursos del PP y parte del TC los que habrían adoptado una postura que va en contra de inicialmente impulsado por la Constitución. El PP estaría negando la realidad plurinacional que conllevaba la Constitución al reconocer los estatutos como fuente normativa y los pactos entre Congresos como la fuente de legitimidad, y además se estaría contradiciendo al consensuar y aprobar en otras comunidades lo que le niega a Cataluña.
No nos queda otro camino que recuperar nuevamente el espíritu constitucional primigenio para restablecer el reconocimiento y respeto a las distintas identidades, culturas y lenguas de España, en el marco de un Estado que acepte, ampare, anime y defienda sus singularidades y su pluralidad. Ello requiere la complicidad y el apoyo de quienes defendemos una visión de España como un proyecto ampliamente compartido.
Porque esa multiplicidad conectada sí es España.
Como bien señalan Felipe González y Carme Chacón, también en El País, con sus Apuntes sobre Cataluña y España:
El camino recorrido por nuestra democracia ha ido superando dos resistencias. La de los centralistas, que consideran el proceso como un debilitamiento de la nación española y una afrenta al castellano. Y la de los separatistas, que presentan los avances como un engaño y magnifican cualquier fricción como ofensas a Cataluña.
Aludiendo a lo que el profesor Eliseo Aja describe como el paso del estado más centralizado de Europa a ser uno de los más descentralizados, sino el que más.
Y reforzando la idea de Montilla que defiende que quienes más alejados están de la Constitución son aquellos que han decidido rechazar su idea de pluralidad para despreciarla con calificativos como subgénero o haciéndose valedor de la unidad de España cuando su valía está en conectar la multiplicidad y no en unificar lo diverso, aludiendo incluso a la Biblia:
- La sentencia aprobada por la mayoría del TC resulta ambivalente. En su fallo preserva la inmensa mayoría de los preceptos estatutarios y rechaza casi todas las objeciones del recurso del PP. Pero en los fundamentos de la sentencia se refleja un desconocimiento de la diversidad catalana en la realidad española. Usa expresiones ofensivas: ciudadanía catalana como “una especie de subgénero de la ciudadanía española”; injustificada primacía natural de cualquier norma estatal, u obsesión injustificada por la indisoluble unidad de la nación española.
- Si a ello se unen las dilaciones, la obstrucción intencionada de su renovación por parte del PP, o la recusación de algún miembro, se entiende perfectamente que la sentencia del TC, mucho más que el fallo, produjera indignación y rechazo en sectores amplios de la sociedad catalana.
- Los votos particulares que respaldan la impugnación del PP expresan una visión preconstitucional del Estado. Se niega la noción misma de autogobierno, se cuestiona la inmersión lingüística que cohesiona a Cataluña, se escatima la condición de parte del Estado a la Generalitat, y se llega a desfigurar incluso su nombre. Y, para ello, se invoca como autoridad jurídica y política… la Biblia.
En una intervención judicial que se parece mucho a la que en su día denunciaron los demócratas norteamericanos, con un Bush subvirtiendo los tribunales con sus jueces jóvenes nombrados a perpetuidad, sabiendo que lo mejor no era su capacidad jurídica sino que estarían 40 años defendiendo sus tesis políticas sobre religión, aborto, defensa, libertad de mercado, etc. Porque al fin y al cabo los profesores de sus think tanks son los mismos.
El problema sigue estando en la resistencia del PP a reconocer la diversidad de España y en la obstinación de los sectores catalanes que magnifican las fricciones y minimizan los avances históricos que hemos vivido. Y radica también en la falta de energía de quienes desde Cataluña y desde el resto de España apostamos por la vía del entendimiento y rechazamos tanto el camino de la imposición uniformadora como el de la separación.
Un problema que es propio de todos los partidos y se acepta:
Las responsabilidades políticas de esta situación están repartidas, aunque en distintas proporciones. Todas las fuerzas políticas incurrimos en oportunismos.
Pero con menor grado, porque aquí de lo que se trata con los estatutos es de construir una España más representativa, mientras que otros no muestran más alternativa que la de confrontar españoles intentando pescar votantes. Una España que responda a esa noción Constitucional como decía Montilla, que no es ni las de los que añoran otra España previa o la de los que quieren separarse de ella:
Las de quienes no confundimos el griterío anticatalanista de los centralistas con España, igual que distinguimos entre una minoría estridente de catalanes y Cataluña; los que pensamos que esta sentencia no es la Constitución; los convencidos de que la fuerza de España está en su diversidad, en la potencia del autogobierno, de la federalización inserta en el marco normativo que nos dimos. Es el camino de la mayoría de catalanes y españoles.
Para defender eso que al final parece que tanto les pica a algunos, la palabra nación:
que la concepción de España como “Nación de naciones” nos fortalece a todos. Que no hay ninguna razón para rechazar la diversidad identitaria que caracteriza a España como una nación política y cultural, no como un mero armazón jurídico.
HACIA UNA MATRIZ AUTONÓMICA Y UN SENADO DE AUTONOMÍAS.
Creo que hay suficientes elementos comunes de los diferentes discursos del PSOE, para construir un discurso coherente y un camino común para los próximos años, que sea realmente útil a la igualdad de los españoles, a sus oportunidades, a su representatividad, a su inserción democrática y republicana, por encima de las dos tendencias, centrífuga una o centrípeta otra, que existen de forma colateral en lo que defienden. Las tienen que depurar.
Su tarea es ponerlo en valor lo común y separar conceptualmente eso que separa, lo que seguramente esto exento de tensiones, como no lo está nada complejo en su etapa de crecimiento. Creo que Zapatero está en gran medida en esta postura y creo que desde dentro del PSOE hay voces suficientemente poderosas y persuasivas para afianzarle en esta ruta complicada. Pero desde luego prefiero los posibles riesgos que conlleva levantar un edificio así a no levantar nada, adoptando un discurso centralista donde España sólo se queda en frases huecas para luego entregarla, eso sí, detrás de las cortinas y sin debate público, como nos podemos acordar de aquel Aznar que practicaba catalán y aumentaba cotas de soberanía del 15 al 30 por ciento a cambio de gobernar. Y que no dudará en repetir Rajoy con CIU si está a su alcance.
¿Qué debería hacer el PSOE?
Pues no entrar en una guerra con el Constitucional, que ya han negado todos sus dirigentes, afirmando al contrario su acato. Ni siquiera en una guerra con el PP. Y posiblemente tampoco entrando en un debate jurídico buscando los huecos a las leyes para devolver la vigencia a la parte mutilada del Estatuto.
Creo que debería tener una estrategia clara que afiance su programa social y de igualdad de todos los españoles, con esa soberanía cada vez más amplia de los ciudadanos sobre todos los asuntos que le afecten, hasta integrar ese vector de creciente representación a través de más autogobierno ¿Cómo hacerlo?
Construyendo –habría que conseguir el respaldo de la gran mayoría de partidos- una gran Matriz de indicadores concretos de todos estos objetivos: nivel de oportunidades de un ciudadano en su región, posibilidades de estudio, participación en la creación de normas, atención sanitaria, desarrollo industrial, nivel de seguridad y un largo etc. que permitiría a todos los españoles dos cosas: asegurar su igualdad en lo básico y juzgar la eficacia de sus gobernantes autonómicos y locales.
Esta Matriz de indicadores ¿50, 100, 200? debería ser de dominio público, todos los ciudadanos y organismos deberían poder acceder a sus bases de datos, debería estar explicada en términos comprensibles y su construcción –decidir que parámetros se miden- su estandarización –como se miden y la presencia del Estado midiendo a todas de forma objetiva- y su análisis –existen múltiples interpretaciones de los datos en brutos que muchas de ellas llevan a engaño, como cuando cualquier político muestra una gráfica en un debate televisado- deberían ser cosa de un Senado de Autonomías donde estuviesen representadas todas junto con el gobierno central.
Una vez al año se produciría un debate del Estado de las Autonomías, en ese periodo todos los ciudadanos recibirían un informe básico con los datos básicos de todas las autonomías comparadas con la suya en ese momento y en el tiempo y cada Presidente tendría la palabra en ese debate defendiendo sus datos.
El autogobierno y sus normas se verían forzados a un debate público donde tendría que demostrar su eficacia ante los ciudadanos, que sirven para interconectar España, que responden al principio de cooperación y que allí donde fallan son conscientes para mejorar.
Los gobiernos responderían a hechos reales, no a sentimientos identitarios particulares. Estos serían de consumo propio y no molestarían a nadie. El estado se ocuparía de los ciudadanos en cuanto su soberanía difuminada por España, sus iguales oportunidades y de la transparencia del sistema. Y dejaría la cuestión de la identidad general para su debate del Estado de la Nación y no para la tutela de los diferentes territorios.
En esta propuesta futurista –que no lo es tanto porque los medios tecnológicos existen, el senado y el senador jugarían con una suerte de Cuadro de Mando Integral que atacaría todas las bases de datos autonómicas- si que tendría un debate tan avanzado como el que incita Ibarra aludiendo a la teoría de juegos: hacer del juego autonómico algo que sea mayor que suma cero, y en cuanto sea cero, se cortocircuita para volver a levantarlo con nuevas propuestas:
Hasta ahora el proceso territorial se ha basado en un juego de resultantes, donde España como un todo y los territorios como partes, han salido ganando, han salido fortalecidos. El juego no consistió nunca en decir: lo que yo me llevo a mi territorio lo pierde España como conjunto; cuando yo me fortalezco usted se debilita. No, no ha sido así. Ha sido siempre en positivo. El territorio se lleva como competencias lo que al ciudadano le viene bien, y el Estado mantiene, por su parte, las competencias que permiten la cohesión del conjunto y la igualación de derechos en el espacio que compartimos y que se llama España. Ese es el camino que debemos seguir recorriendo para perfeccionar el sistema, para hacerlo más eficaz y para que el proceso siga siendo de suma positiva para las partes y para el todo.
Creo que este es el camino para la izquierda y España. Creo que desde ahí es desde donde mejor se defiende un estatuto y no desde el somos una nación, nosotros decidimos. Eso no tiene nada que ver con el programa de izquierdas ni con el republicano, que es: todos somos ciudadanos, todos participamos. Y que puede hacer realidad ese valor intangible tan esquivo de la lealtad federal.
España queda vertebrada y mejor representada con el desarrollo federativo
“Sucede que a veces la socialdemocracia parece enferma, pero mientras algunos comienzan a alegrarse de la desaparición del enfermo y a pensar en el día después, éste contra todo pronóstico se levanta y con la energía de un joven comienza de nuevo a andar, creanme cuando les digo que socialdemocracia siempre estará liderando los cambios”.
Willy Brandt. 1989.
Como diría un compañero de agrupación, quiero empezar este artículo con una matización al Profesor Sami Nair, que hoy escribe un interesante artículo en El País sobre la situación actual del socialismo democrático en Europa.
Partiré de un cierto consenso respecto de que no es el mejor momento de la socialdemocracia europea, a excepción de los países escandinavos, las elecciones alemanas y las elecciones europeas han puesto de manifiesto una pérdida de respaldo del electorado hacia las ofertas políticas de los partidos socialistas.
Sami Nair analiza la situación política del Partido Socialista francés, el SPD alemán, el Laborismo Británico y la izquierda italiana. En líneas generales y salvo el caso italiano la fecha clave para Nair es el año 2000 y el factor determinante es que todos estos partidos asumen como inevitable la globalización “liberal”, siendo según Nair 2000, el año en el que la socialdemocracia se vuelve pragmática y liberal y siendo este momento en el que comienza la debacle.
Pero si hacemos un ejercicio de memoria y viajamos al año 2000 nos encontramos con una situación curiosa en el mundo occidental, en la UE de los entonces 15 países que la conformaban, en 12 había gobiernos presididos por socialistas, en 2 los socialistas eran socios minoritarios y solamente España aparecía como un reducto de la derecha con los gobiernos de Aznar, Clinton cerraba un mandato de fuerte avance social en EEUU que solo el fraude en Florida pudo cortar (no olvidemos que ganó Al Gore) en Canadá el Partido Liberal (centroizquierda) parecía inexpugnable y en América Latina Lula, Lagos y Tabare engrosaban la lista de gobernantes progresistas.
Esta hegemonía del centroizquierda en el mundo occidental comienza a finales de los 90 y en todos los casos de victorias electorales de partidos socialdemócratas y progresistas se puede observar una pauta común: todos ellos redefinen un discurso adaptado a la globalización, intentan romper las rigideces del discurso tradicional e incorporan valores y políticas tanto de la tradición liberal (en lo político) como de otros movimientos progresistas (discurso sobre derechos de las minorías, participación ciudadana, conciencia ecológica..).
Pero centrándonos en los ejemplos que cita Sami Nair vamos a ver qué sucede con todos estos partidos:
El Partido Socialista francés accede al poder en 1997 Lionel Jospin pacta con la izquierda previo proceso interno de modernizar el discurso de un partido, su gobierno dura hasta 2002 en que pierde las presidenciales por culpa de la polarización del voto de la izquierda (a pesar de lo cual Jospin se va con reconocimiento y el PS gana claramente el mismo año las elecciones locales y regionales).
El Laborismo Británico en 1997 vuelve al poder tras casi una década decir que el nuevo discurso de la Tercera Vía no tiene nada que ver es no percatarse de que gracias a Blair el laborismo volvió a ser un partido de gobierno. Tanto es así que lleva 12 años gobernando un país como Gran Bretaña.
El Partido Socialdemocrata Alemán, gana en 1998 con el nuevo discurso de Gerhard Schröeder de acercarse a las clases medias, incorporar elementos ecológicos sin renunciar a la justicia social. Gobierna hasta 2005 y desde este año hasta 2009 es socio menor en coalición con la CDU.
En Italia la coalición de antiguos comunistas junto a democratacristianos progresistas logra formar gobierno en 1996 con Romano Prodi. Volviendo al poder en 2005, pero brevemente.
Además en 2004 en España gana el PSOE, en 2004 en Austria vuelven los socialdemócratas a la Cancillería y en lineas generales se puede afirmar que los inicios del siglo XXI han venido marcados por una preponderancia de gobiernos de centroizquierda en los países más importantes de la UE.
Además de los países escandinavos cuya “especial tradición” dice Nair que los hace no comparables, esa tradición socialdemócrata nórdica se basa en: partidos de perfil mayoritario, innovación en el discurso y comunicación eficaz.
En todos estos casos podemos encontrar tres puntos en común: primero sustitución de discurso de partido de minorías por un perfil de liderazgo hacia el conjunto de la sociedad esto da capacidad de generar consensos y por tanto de sumar por la izquierda y por el centro, segundo intento ideológico de casar la tradición socialdemócrata con la tradición del republicanismo o liberalismo político, con lo que se produce un rearme de valores en un momento como el de la Globalización en el que hay diferencias profundas sobre como encararla, tercero modernización en las formas de comunicar.
Es decir la socialdemocracia continental se volvió capaz de liderar mayorías, innovó el discurso y mejoró notablemente la comunicación. ¿No nos retrotrae esto al modelo escandinavo?. Continuemos.
Hay quien dice que esta evolución de la socialdemocracia es una derechización, Nair no lo dice, pero comparte parte del razonamiento, yo particularmente no estoy de acuerdo y creo que es interesante ver que hay diferencias entre la visión de Europa de Jospin o Schröder con la idea que tienen Aznar o Berlusconi, incluso acudiendo al país cuya izquierda es la más denostada por los progresistas europeos, en parte por errores propios, en parte por desconocimiento de la política interna, Gran Bretaña. Los conservadores hubiesen desmontado todos los servicios públicos e impuesto las reglas del neoliberalismo salvaje en un momento de expansión de la economía mundial y de adoración al beneficio ilimitado (nunca conviene olvidar que en 1997 Tony Blair promovió un impuesto que gravaba los sobrebeneficios de los grandes ejecutivos, y lo hizo cuando la economía crecía y mientras se los reducía a las clases medias. Eso es algo que se llama progresividad).
Pero es que además el ciclo adverso para la socialdemocracia tampoco se puede señalar en el caso de los partidos que cita Nair en el 2000. En ese momento Europa, EEUU y los países occidentales estaban gobernados por progresistas y el ciclo continuó durante varios años.
¿Cuando comienza el ciclo descendente del PS francés? No en 2000, si no en 2005 cuando con todo a punto para derrotar a la derecha, el error del PS sobre como afrontar el debate de la Constitución Europea (la mitad del partido públicamente ignoró el apoyo de la mayoría al texto con una contracampaña) le costó credibilidad y le sumió en una crisis de liderazgo e identidad que aún continúa.
¿Qué pasó en Alemania? Que la intransigencia a reformar algo que pedía a gritos la reforma (el modelo social alemán) dividió el SPD con una escisión traumática, yo me pregunto ¿es mejor que el estado del bienestar lo recorte Merkel y los liberales carentes de sensibilidad social o hubiese sido mejor reformarlo desde la idea de mantener un modelo social moderno y prospero tal y como pedía Schröder?. El tiempo lo dirá, pero en 2005 la división del SPD y el infantilismo de algunos sectores encabezados por Lafontaine les llevó a perder la Cancillería.
¿El laborismo? No se puede negar que la disputa de Blair contra Brown ha pasado factura, junto a doce años de gobierno y errores fundamentalmente en la política exterior.
Algo así sucede en Italia, pero agravado por su sistema político que fomenta la inestabilidad con un sistema electoral puro.
En todos estos casos encontramos que el declive tiene una fecha más o menos cercana: 2005 y tiene mucho que ver con la incapacidad de sectores de los partidos de aceptar la innovación, con el abandono de posiciones de liderazgo y el paso a la invocación del voto como si de una hinchada deportiva se tratase, tiene en definitiva mucho que ver con el refugio en la ortodoxia cuando se agota el discurso innovador y con el error fatal de entrar en una dinámica de confrontación interna en los partidos en muchas ocasiones inexplicables para los electores.
El dilema para el socialismo europeo no es si debe volver a la ortodoxia o refundarse, no es ir al centro o a la izquierda, si no que el verdadero reto es ser capaz de generar liderazgos con capacidad de integrar los intereses de sociedades cada día más complejas y poder conformar mayorías y alianzas amplias, dando participación y comunicando de manera eficaz. Para ello más que una nueva revelación cuasireligiosa, yo que soy algo más laico creo que lo que se necesita es seguir apostando por la innovación con espíritu emprendedor, algo que siempre que ha hecho la socialdemocracia, le ha salido bien.
Medidas como la que ha adoptado el Gobierno de Canadá (Conservador) en relación a establecer mecanismos de toma de temperatura a través de la opinión de los ciudadanos (en el caso canadiense por una Web) para lograr la aprobación de una Ley que incide sobre los derechos de propiedad intelectual, ponen de nuevo de manifiesto el debate de lo que el Diputado Socialista por Madrid, Rafael Simancas, denomina Gobierno a la Carta, en un reciente artículo en su blog.
Simancas señala con cierta razón en su artículo que este tipo de medidas pueden suponer un menoscabo de la legitimidad democrática que tienen las instituciones, vaciar de contenido los programas electorales y en definitiva convertirse en una nueva forma de populismo. El diputado socialista hace suyos los recelos que Tocqueville manifestaba respecto de la participación ciudadana en el sistema americano, diciendo que si todo era deliberativo, el poder sería de las minorías.
Y es cierto que un cierto dogmatismo respecto de la participación ciudadana puede dar pie a formas de populismo, de lo cual dan testimonio los sistemas que en determinados países de américa latina se están implementando, que es pura y simplemente el cercenar derechos a las minorías sobre la base de consultas continuas.
Afirmar como hacen algunos que la participación ciudadana es la panacea y la solución a todos los males es erroneo, tanto como decir que la participación política se limita al sufragio cada 4 años. En un caso la participación como dogma llevaría a un modelo en el que el que más grite tendrá la razón, en el otro, el sistema político se cosificará.
Parece por tanto más lógico pensar que ambos conceptos no son excluyentes si no complementarios desde el punto de vista del socialismo democrático.
Las instituciones propias de la democracia parlamentaria pueden tener un tenor liberador de la dominación para el ser humano (Gregorio Peces-Barba) justamente ese es uno de los puntos de debate entre lo que denominan los contemporaneos socialismo de los ciudadanos, Peces-Barba socialismo ético, Roselli socialismo liberal y Bernstein revisionismo, con la ortodoxia del socialismo científico. El segundo niega la validez del liberalismo y sus instituciones (Gobierno, Parlamento, poder judicial y derechos fundamentales) considerándolas un instrumento al servicio de la opresión de los trabajadores, mientras que el socialismo a fuer de liberal, considerará que la revolución más efectiva es aquella que desarrolla al máximo los derechos fundamentales a través de leyes aprobadas por parlamentos democráticos y ejecutadas por gobiernos.
A su vez la participación ciudadana permite incorporar elementos de refuerzo de la legitimidad de las instituciones tradicionales a través de sistemas de “toma de temperatura”, puesto que no todo sistema de participación es un plebiscito populista. Podemos ver algún ejemplo de manual que puede ilustrar sobre por qué en ocasiones conviene emplear sistemas de “toma de temperatura”.
El Gobierno del PP desde 2001 desoyó al toda la comunidad universitaria española, con la LOU, algo parecido sucedió con la LOCE un año después y continuó con el decretazo, incluso la Guerra de Irak serviría de ejemplo, en todos estos casos un porcentaje muy elevado de la población, que llega a rozar el 90% en el caso de la guerra contestó con diversas protestas y movilizaciones esas medidas, estoy convencido de que de todos los que se movilizaron contra cualquiera de estas iniciativas, muchos eran votantes del PP, y creo que muchos de ellos han continuado siendolo después.
No estando, yo, de acuerdo con ninguna esa actuaciones, creo que el Gobierno Popular pensó que la reforma universitaria, imponer itinerarios segregadores en la educación, abaratar el despido, o meter a España en una Guerra en Oriente Medio, eran las mejores decisiones para la buena marcha del país.
Establecer en aquellas decisiones algún sistema de “toma de temperatura” no significa que el gobierno de Aznar no fuese adelante con sus decisiones, ni abjurase de su ideología, creo sinceramente que saber escuchar le habría permitido explicarlas y tratar de convencer a muchos ciudadanos sobre por qué el Gobierno de Aznar pensaba que eran políticas adecuadas, en todos estos casos.
Sin embargo nadie puede negar que el desprecio a quienes protestaban, la soberbia y el fundamentalismo de decir que el programa es sagrado y la mayoría parlamentaria es la única expresión posible de la voluntad popular influyeron en que muchos ciudadanos retiraran su confianza al gobierno de Aznar.
Cuando además se vió que además eran políticas erroneas, el resultado de 2004, diga lo que diga la derecha, estaba más que cantado, iban a salir del poder y Zapatero iba a ser Presidente.
Incorporar la comunicación continua a la forma de gobernar no es nuevo antes al contrario se viene realizando desde hace más de medio siglo cuando la Casa Blanca pone en funcionamiento su Secretaría de Prensa (Costa Badía). Hoy el desarrollo de nuevas formas de comunicación convierten a un ciudadano que cada día más formado e informado es un sujeto con mayor capacidad de crítica, no solo en receptor, sino en emisor de comunicaciones, con capacidad en algunos casos de generar opinión pública.
Es verdad que no se puede caer en lo que alguna mente lucida pretende que es digitalizar todos los procesos de toma de decisiones a modo de asambleas virtuales en las que quien más tiempo libre tenga para escribir en el twitter o agregar adeptos en el Facebook, gane.
Pero a la vez es cierto que las instituciones pueden y deben incorporar mecanismos de escucha y toma de temperatura, para poder ser más pedagógicas en lo que explican, puesto que con ello mejorará la calidad de la democracia. Hacer esto ultimo no es Gobierno “a la carta” sino simplemente saber escuchar y tener una mejor capacidad de convicción.
Los diagnósticos sobre política en España muchas veces se asientan sobre tópicos, uno de ellos es asegurar que algunas comunidades autónomas son sociológicamente conservadoras o progresistas “de toda la vida”.
Este es el caso de Galicia, gobernada durante la mayoría del periodo democrático por el PP, sin embargo estudios sobre la españa republicana citan a Galicia como la región más profundamente republicana del país (Gabriel Jackson “La República y la Guerra Civil Española”; Hugh Thomas “La Guerra Civil Española”).
En efecto los resultados electorales históricos muestran que en Galicia, la presencia de las fuerzas progresistas era importante durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo y a diferencia de lo que sucede en otros territorios de España, la izquierda en Galicia y en concreto el socialismo ha presentado durante todo el siglo XX una fuerte fragmentación.
En concreto se pueden citar tres tradiciones dentro del tronco común del socialismo democrático que darán orígen a diversas formaciones políticas a lo largo del siglo XX.
La primera de ellas sería el tronco republicano-liberal del socialismo gallego, que se incardina en el pensamiento de Proudhon que penetra en la península a través del que fuera Presidente de la efímera República federal, Francisco Pi i Margall, quien traduce sus obras del francés y se inspira en el federalismo cooperativo como base de la organización social para dar forma al Proyecto de Constitución Federal de 1873 (sin duda una de las normas fundamentales más avanzadas que ha tenido España). La vertiente republicano-liberal del socialismo gallego, fundamenta su visión de Galicia como parte integrante de un futuro modelo federal para España y para lograrlo se conformará la Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA) un partido pequeño, de voto urbano e ilustrado de ciudades como Santiago de Compostela y que logrará a penas 16 diputados en las Cortes, pero de gran importancia durante la II República Española, ya que participará junto a Acción Republicana y el Partido Radicalsocialista en la formación en 1934 de Izquierda Republicana partido que en 1936 alcanzará en la persona de Manuel Azaña la Presidencia de la República y cuyo lider en Galicia, Santiago Casares Quiroga será Primer Ministro.
Además en 1879 se funda en Madrid el PSOE, partido que en su implantación en Galicia combina elementos de la tradición republicano-liberal y postulados de corte obrerista, el PSOE gallego será un partido con una importante presencia en las ciudades industriales como Vigo y A Coruña así como en localidades costeras (con un peso importante del sector pesquero y en muchas de las cuales se instalará la naciente industria conservera traida de Cataluña). En materia de concepción de Galicia, el PSOE se caracteriza por una fuerte presencia en los Gobiernos Locales y apoyará la autonomía, pero a diferencia de otras formaciones gallegas, no sobre la base identitaria, sino como referente de calidad democrática, desarrollo económico y justicia social.
Finalmente en el socialismo gallego también aparece la corriente nacionalista, que centra su reivindicación social en la afirmación de la identidad nacional gallega, esta tendencia cristalizará en la Unión Socialista Galega, nacida durante los años 30, de escisiones de sectores galleguistas del PSOE y de sectores izquierdistas del Partido Galeguista. Este partido compartirá espacio social con la ORGA y en 1934 terminará integrándose en Izquierda Republicana.
La Guerra Civil y la caída de Galicia en manos de los golpistas supondrá la represión de las formaciones políticas progresistas, nacionalistas y de la derecha democrática en el país, que se verán obligadas a reorganizarse en el exilio en torno al Consello de Galiza (gobierno gallego con sede en Buenos Aires) y en el interior, en donde en el campo del socialismo volverán a surgir diferentes formaciones sobre la base de las tres almas del pensamiento socialista en Galicia.
Así pues la tradición republicano-liberal convergerá con el nacionalismo clásico en torno al Partido Galeguista, cuya actividad en Galicia se verá limitada por la creación de la Editorial Galaxia y la apuesta de sus dirigentes en el interior (encabezados por Ramón Piñeiro) de un galleguismo transversal en la sociedad y en todas las formaciones políticas.
El PSOE se mantendrá como organización clandestina en Galicia y en 1977 contará con la incorporación del entorno de Ramón Piñeiro y del entorno del republicano-liberal y del galleguismo histórico del interior en una apuesta por una formación socialdemócrata encuadrada en un proyecto federal para España.
Por su parte la vertiente nacionalista dará como resultado la creación del Partido Socialista Galego, formación socialista, galleguista y europeísta que encabezará Xosé Manuel Beiras, catedrático de economía de la Universidad de Santiago y que dará a la política gallega nombres de la talla del propio Beiras, Ceferino Díaz y sobre todo el primer Presidente socialista de la democracia en Galicia, Fernando González Laxe. El Partido Socialista Galego no tendrá procesos de fusión con el PSOE, sino que se aproximará al Partido Socialista Popular de Tierno Galván, en cuya federación gallega militaban importantes figuras políticas actuales como José Blanco y José López Orozco, Vicesecretario General del PSOE y Alcalde de Lugo respectivamente.
El desastre en las elecciones de 1977 para el Partido Socialista Galego y la apuesta de la Internacional Socialista por el PSOE como referente en España, creará una división en esta formación que llevará a los sectores más nacionalistas a la apuesta por la concertación con el galleguismo conservador y las formaciones políticas independentistas en torno a un frente que será el germen del BNG, en donde se convertirán en su ala izquierda y bajo el liderazgo de Beiras el BNG logrará ser durante 8 años la segunda fuerza política.
Fernando González Laxe, primer Presidente socialista de la Xunta.
Por su parte las tendencias de corte más socialdemócrata de esta formación, junto con el PSP gallego, iniciarán un proceso de fusión con el PSdG-PSOE, llegando un antiguo miembro de este partido, Fernando González Laxe a ser el primer Presidente socialista de la Xunta de Galicia en 1987 (gracias a un pacto con el nacionalismo gallego) dichas incorporaciones serán fundamentales en la consolidación del PSdG-PSOE como alternativa de gobierno en Galicia, si bien durante finales de los 90 sufrió un retroceso que le llevó a ser la tercera fuerza política en Galicia, siendo con la elección de Emilio Pérez Touriño como Secretario General el punto de recuperación electoral y de posicionamiento como partido de gobierno sobre la base de un discurso moderno, socialdemocrata y galleguista.
La historia del socialismo gallego tendrá otro momento señalado el 19 de junio de 2005 cuando por segunda vez en la historia un socialista, Emilio Pérez Touriño, presidirá la Xunta en gobierno de coalición con el nacionalismo, gracias a este cambio político a nivel de país el socialismo gallego experimentará un crecimiento electoral que lleva a que presida las Diputaciones de Lugo y A Coruñá, la Federación Galega de Municipios y Provincias y gobierne a casi el 70% de la población gallega, ostentando por ejemplo la alcaldía de tres de las cuatro capitales de provincia (y siendo socio del BNG en Pontevedra) así como en la capital autonómica y en ciudades del peso de Vigo, Vilagarcía de Arousa y Marín.
Emilio Pérez Touriño, toma posesión como Presidente de la Xunta de Galicia
Fruto de este cambio político sísimico que ha vivido Galicia, en los ultimos 4 años se han producido importantes transformaciones en el país, como la apuesta por las políticas sociales (sanidad desprivatizada y de calidad, escolarización infantil universal, concertación social con sindicatos y empresarios) territoriales (protección del litoral, energías renovables, desarrollo del medio rural y llegada de la alta velocidad) además de estar creciendo económicamente durante esta legislatura varios puntos por encima de la media española y europea, lo cual permite que Galicia esté preparada para seguir creando bienestar y luchar contra la crisis financiera internacional.
“Esperarás como Fabio a que llegue el momento justo, pero cuando llegue golpea con fuerza o tu espera habrá sido en vano”
Fabian Society.
Recientemente el historiador peruano Eugenio Chang Rodríguez presentó en la Casa de América su ultimo libro basado en la biografía de Victor Raul Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y de cuyo fallcecimiento se cumplen 30 años en 2009.
Para los europeos en general y los españoles en particular la figura de Victor Raul Haya de la Torre, es bastante desconocida, queda opcada por los grandes nombres que han dominado la convulsa vida política latinoamericana, sin embargo se puede afirmar que el suyo fue el primer intento serio de adaptar el socialismo democrático a la realidad de aquella región.
Dice Ludolfo Paramio que uno de los problemas estructurales para la expansión de la socialdemocracia en América Latina fue que la ausencia de un desarrollo industrial similar al europeo, hizo que el cambio social menos acentuado y que a comienzos del siglo XX en los países del continente aun predominasen sociedades predominantemente rurales, en las que teorías como el anarquismo, exportadas frecuentemente por inmigrantes europeos tuvieron más facilidad de propagación y en las que aún coleaban las luchas entre liberales y autoritarios.
Inspirado en la Revolución Mexicana de 1917 y exiliado en aquel país por una cruel dictadura, Victor Raul Haya de la Torre publicó en una revista próxima al Partido Laborista británico, cinco ideas sobre el modelo latinoamericano de socialismo:
1. Lucha contra el imperialismo y la dominación.
2. Integración política y económica de América Latina.
3. Reforma agraria e industrial.
4. Internacionalización del Canal de Panamá.
5. Solidaridad con los pueblos dominados y oprimidos de la tierra.
Estos principios desarrollados en un interesante libro llamado “El Antiimperialismo y el APRA” suponen el primer intento serio de organizar un modelo partido socialista en América Latina y de estructurar una organización continental, inspirada en lo que es la Internacional Socialista, pero circunscrita a América Latina.
El resultado práctico del trabajo de Victor Raul Haya de la Torre se plasmó en la fundación de partidos de base aprista, que aun hoy gobiernan o son alternativa de poder en varios países de la región destacandose Acción Democrática de Venezuela, hoy transformado en varios partidos de corte socialdemócrata y de facto la oposición más seria a Hugo Chavez, el Partido de Liberación Nacional de Costa Rica, el Partido Socialista Chileno y en su país natal el Partido Aprista Peruano y en la influencia en la fundación del Partido del Trabajo de Brasil.
Más de 75 años después de la fundación del APRA en México, la historia latinoamericana muestra varios intentos de implantar una izquierda de corte populista en la región que se observan con mucho interés en Europa, principalmente cuando se dedican a realizar gestos desafiantes ante el poder norteamericano, sin embargo llama la atención que a pesar de que esta izquierda combinada con populismo suele tener una duración limitada en el tiempo, las formaciones políticas fundadas bajo el prisma de Haya de la Torre, más pragmáticas, radicalmente democráticas, pero firmes en sus valores, se mantienen, gobiernan y realmente transforman sus sociedades, inmplantando sistemas socialmente más justos que las liberan de la dominación interna y externa.
El debate abierto en España, respecto la financiación autonómica, tras las reformas estatutarias culminadas entre 2005 y 2007, pone de manifiesto una acentuación del carácter federal del Estado, ya que por primera vez se asiste dentro de todas las formaciones políticas de ámbito nacional a un debate centro-periferia, o a una tensión entre la agenda politica autonómica, con la agenda política federal o estatal.
Fruto de nuestra falta de experiencia federal, se está provocando un debate absurdo entre quienes se enrocan en posiciones de ferrea defensa de una homogeneidad en las políticas de las 17 CCAA y aquellos que demandan que la autonomía significa un espacio intocable de competencia y prestación de servicios, en la que aquello que recaudo en mi territorio lo gasto yo, lo cierto es que ni una postura ni la otra están en lo cierto y a la vez ambas presentan elementos acertados de diagnóstico.
Por un lado es lógico y la Constitución lo proclama (artículo 149.1.1º) que tiene que existir un mínimo común denominador en derechos y obligaciones para todos los ciudadanos del Estado, por otro lado autonomía significa la capacidad de prestar servicios o garantizar derechos de manera particularizada y adaptada a las particularidades de cada territorio, de hecho la existencia de políticas públicas territorializadas y no homogeneas desarrolladas por las CCAA o las EELL en su ámbito de competencia ha sido avalado por el Tribunal Constitucional.
Esta tensión a nivel financiero supone que las CCAA, para poder tener gobernabilidad (entendida como la capacidad del Gobierno de dar respuestas a las demandas ciudadanas) tienen que tener financiación suficiente para desarrollar sus políticas propias, pero también tienen que tener financiación suficiente para evitar desestructuración territorial y la existencia de espacios de desigualdad como por ejemplo sucede en Italia, dado que los nuevos Estatutos consolidan transferencias que desde 1992 han sido traspasadas por el Estado a las CCAA, los gobiernos exigen respaldo financiero para desarrollarlas.
Si atendemos a lo que sucede fuera de España donde existen multitud de Estados Federales, similares a nuestro Estado de las Autonomías, el proceso de resolución de este tipo de conflictos, principalmente relacionados con la financiación, se ha basado en el desarrollo de una práctica que Roberto destacaba en su blog, con su denominación alemana, el bundestreue, es decir la lealtad federal, vamos a ver algunos casos:
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Bundestreue
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El federalismo estadounidense se basó tradicionalmente en la existencia de dos niveles de gobierno, federal y estatal y la no injerencia de uno sobre otro, el desarrollo del New Deal de Roossevelt coincidente con el nacimiento de las relaciones intergubernamentales generó en determinados ámbitos de actuación política (infraestructuras, asistencia social, sanidad y educación) la necesidad de equilibrar el desarrollo específico de cada Estado, con la cohesión de la federación, para ello los diversos conflictos que surgieron entre el centro y la periferia se resolvieron con el reconocimiento y desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo federal, del concepto de “federalismo cooperativo” que obligaba a la federación a garantizar a los Estados recursos financieros suficientes para ejerecer su autogobierno y éstos a su vez se obligaban a contribuir al bienestar del país compartiendo su riqueza. En Canadá al igual que en los Estados Unidos el principio se ha desarrollado por los diferentes Tribunales, en la práctica de resolución de conflictos entre las Provincias y el Gobierno Federal durante el desarrollo del Estado del Bienestar y principalmente a la hora de articular las relaciones entre la federación y la provincia de Québec. El sistema federal alemán por su parte ha reconocido el principio de la bundestreue, sobre la base de su desarrollo consuetudinario en la práctica política y la jurisprudencia constitucional. En Alemania la lealtad federal tiene dos dimensiones, por un lado el respeto obligado que los länder tienen que prestar a la normativa federal garante de la igualdad mínima entre los ciudadanos, de otro, la federación no puede imponer políticas sin escuchar y hacer partícipes a los diferentes länder, para ello se estimulan los órganos de cooperación bilateral, pero sobre todo multilateral. El principio de lealtad federal tal y como se entiende en Alemania, se reproduce en el modelo federal Austriaco. En ambos casos el desarrollo de la lealtad federal se ha vinculado a la implementación del Estado del Bienestar tras la II Guerra Mundial. La Confederación Helvética ha reconocido la lealtad federal en su Constitución en 1999, sobre la base de 4 principios : 1. La Confederación tiene la prohibición de delegar competencias a los Cantones, si éstos carecen de recursos económicos suficientes para asumirlas. 2. Los Cantones no pueden conformar relaciones entre ellos con el objetivo de alterar los equilibrios y para presionar al gobierno federal. 3. Las relaciones de los Cantones con el Gobierno Suizo se fundan en la confianza cooperativa y la visión de conjunto. 4. El gobierno federal tiene la obligación de informar y consultar a los Cantones, antes de tramitar cualquier iniciativa legislativa y presupuestaria. |
España, por tanto no es una excepción, el debate en torno a como se estructura la relación entre los territorios y el gobierno central se da a medida que se desarrolla el Estado del Bienestar (y por tanto se centra en la distribución de los recursos entre los territorios) y tal y como sucede en Canadá, se produce por la existencia de regiones con una situación identitaria específica. Además tal y como sucede en los países indicados, estas tensiones afectan a la unidad y lealtad partidista de los gobiernos regionales, ya que la autonomía tiene una dimensión política que genera agendas y dinámicas políticas propias en cada territorio, que a veces entran en conflicto con el gobierno del Estado, del mismo color político.
Sin embargo al final, en EEUU, Canadá o Alemania, el Partido Demócrata, el Liberal o los Socialdemócratas ni los Republicanos, Conservadores o Democratacristianos, se rompen cada vez que hay este tipo de tensiones, antes al contrario el sistema político federal experimenta un debate, del cual suele salir fortalecido, la diferencia entre estos países y España se basa por un lado en que en todos ellos prima una visión multilateralista y de conjunto (no excluyente de las relaciones bilaterales, mientras que en España la multilateralidad es la excepción) y de otro existe un Senado Federal en la que los Estados, länder, Provincias o Cantones, participan como tales en la conformación de las leyes (por tanto también en el presupuesto) y de la voluntad federal (en España el Senado no es territorial).
Por ello en España no hay que preocuparse y hay que ver este debate como algo normal que si consigue reforzar los mecanismos multilaterales e impulsar la reforma del Senado, fortalecerá nuestro sistema autonómico.
Una de las mitificaciones del proceso norteamericano de primarias es la idea de que los candidatos son elegidos por votación directa en algunos casos como Iowa o Nevada de cualquier ciudadano, en otros como New Hampshire de los votantes que se registran como simpatizantes de un partido.
Pues bien no es cierto, en las primarias de los estados no se vota al candidato, sino que se eligen a los delegados que representarán a cada Estado en la Convención Nacional de cada partido. En este sentido cada partido es libre de organizar la representación de los Estados en su Convención y la asignación de delegados obedece a razones diversas (población, afiliación…). En este supermartes los demócratas se juegan en 24 Estados cerca de 2000 votos en la Convención, mientras que los republicanos elegirán a poco más de 1100 delegados.
El sistema de primarias fue establecido ante las continuas manipulaciones que los aparatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano, realizaban para elegir delegados a las Convenciones, lo que dió lugar a que Theodore Roosvelt se escindiese del Partido Republicano, fundando el Partido Progresista que fue el primero en establecer un sistema de elección por primarias, que la práctica y la buena acogida, unido a un número infinito de manipulaciones en los tribunales por la asignación de delegados, llevaron a Demócratas y Republicanos a establecer este sistema y a los Estados a regularlo legislativamente.
Por tanto las características de las primarias en los Estados Unidos es que son un proceso de elección indirecta, similar al que en los partidos europeos se realiza cuando se eligen delegados a sus Congresos, pero que presenta varias particularidades:
+ Nace como reacción de desconfianza hacia los aparatos de los partidos mayoritarios, que manipulaban la elección de delegados a sus Convenciones Nacionales, en un país que como Estados Unidos tiene un sistema político de elección uninominal y que desde su nacimiento desconfía de los partidos políticos, de hecho Jefferson promueve que la Constitución americana ni siquiera los mencione.
+ Está regulado legalmente por cada Estado que además supervisa y certifíca el proceso, de manera que ha devenido en obligatorio para todos los partidos. Esto ha generado cerca de 50 sistemas de elecciones primarias pero grosso modo se pueden resumir en tres: abierta (vota cualquier ciudadano, por ejemplo en el Caucus de Iowa) semi-abierta (votan los ciudadanos registrados como simpatizantes de uno u otro partido como sucede en New Hampshire) o cerrada (solo votan los militantes).
+ Los partidos gozan de una amplia autonomía a la hora de asignar delegados a los Estados, pudiendo anular la participación de los delegados de los Estados si estos, como ha pasado recientemente deciden unilateralemente y sin contar con la dirección de los partidos, adelantar o retrasar las elecciones. Además en el caso del Partido Demócrata existe la figura de los superdelegados, que es un colegio de delegados que se designan desde la dirección demócrata directamente como participantes en la Convención.
Finalmente también es importante señalar que los delegados elegidos en las primarias, no acuden a la Convención con mandato imperativo y de hecho son frecuentes los cambios de votos y la indisciplina, principalmente en el Partido Demócrata. A modo de ejemplo de ello en la Convención Demócrata de 1968 Hubert Humpreys, entonces Vicepresidente de Lyndon Johnson, que ni siquiera se había presentado a las primarias fue designado candidato a la presidencia, debido a la influencia del Alcalde de Chicago y de los superdelegados sobre los delegados elegidos por las estructuras estatales.
Un sistema interesante que aunque no difiere tanto de los europeos, a veces suscita ansias de reforma en los partidos europeos para asemejarlos a los norteamericanos, en esto hay un par de buenas lecturas de José Antonio Gomez Yañez “Partidos sin Ley” y “Primarias” publicadas en El País, pero ese es otro debate….
Leyendo hoy el blog de Joaquín Leguina me he decidido a mandarle un comentario, ahí va:
Aceptando que no se puede ser de izquierdas otorgando derechos en función de la comunidad cultural que algunos “expertos” o predicadores otorgan a un grupo humano -y eso vale tanto para el nacionalismo como para un multiculturalismo político mal entendido- el argumento se queda corto.
Porque los derechos, tanto legales como sociales, que nosotros tenemos en España, están en función de un estado -de bienestar- que los distribuye y asegura, y el estado está en función de una soberanía nacional que en su germen no se diferencia del que tienen los nacionalismos.
La soberanía, concepto todo lo chusco que se quiera, está muy asociada a la idea de nación, al de poder, o poderes que se llevan bien en un mismo espacio y a falsas creencias en una cultura común -como si la cultura pudiese ser única y homogénea-
La diferencia no está en eso, sino en que la “izquierda” da a esa herencia histórica del estado -que a su vez es heredero del cruce de linajes de casas reales luchando por el dominio del resto- un impulso universal, al menos dentro de sus fronteras, y en la medida de lo posible fuera.
Y quiero que se me entienda, a mi no me gustan los nacionalismos, pero creo que criticarlos haciendo un canto al igualitarismo y contra las fronteras, sólo le da razones a ellos por nuestra incoherencia o por negarles algo de lo que nosotros si hacemos uso –la soberanía-
Más bien lo que diferencia a la izquierda –con sentido de gobierno y estado- del nacionalismo, es que una usa la soberanía para ampliar derechos, como por ejemplo los lingüísticos, y los nacionalismos para restringir unos y apoyar otros. La izquierda democrática juega a crecer y el nacionalismo a un juego de suma cero.
Quizás la diferencia entre la izquierda y el nacionalismo, más que de igualitarismo y de identidad, sea de la racionalidad aplicada al juego del estado.
Cuando se estudia la incidencia que tiene y los retos que plante la inmigración al Estado debe establecerse este análisis sobre dos premisas, en primer lugar que el factor que lanza los retos, el fenómeno migratorio, no es una realidad nueva y en segundo lugar que el elemento que se ve impactado por el fenómeno anteriormente señalado, el Estado, es un concepto que puede ser muy variable y por lo tanto difícilmente acotable en una definición.
En relación al primer factor, hay que tener en cuenta que el desplazamiento de personas de un lugar a otro, buscando mejores condiciones de vida por razones diversas (clima, prosperidad, riqueza territorial, etc.) es algo que ya se ha producido a lo largo de la historia, la Antigua Roma, sin ir más lejos, tuvo que asumir la llegada, a la capital del Imperio, de flujos de personas de diversos orígenes, culturas y tradiciones muy diferentes entre sí, mediante actuaciones de diverso tipo como la ordenación urbana, procura de agua y alcantarillado a las nuevas edificaciones de una ciudad en continuo crecimiento o reformando su sistema legal para afrontar supuestos interpersonales de sujetos de distintas procedencias.
Por su parte el segundo elemento de análisis, tampoco es nuevo, si bien es realmente complicado de conceptuar, puesto que cuando se habla de Estado, se enuncia un término de difícil acotación por razones emocionales e ideológicas.
Entre las muchas definiciones que se pueden dar del Estado pueden seleccionarse cuatro, cada una de las cuales puede explicar algunos determinados modelos de concebir el Estado, que se han tenido. Una perspectiva tomista[1], diría que el Estado vendría a ser la ordenación de la razón, dirigida al bien común por quien tiene a su cargo cada comunidad temporal, inspirada en el orden divino, es decir esta postura explicaría un modelo de Estado teocéntrico, en el que el soberano, inspirado en el ordena divino dirigiría los destinos de las personas de su ámbito espacial. En cambio un análisis marxista[2] definiría el Estado como un instrumento espacial de dominación de clase, es decir el Estado sería una herramienta en manos de la clase burguesa preponderante en un territorio, a través de la cual mediante mecanismos identitarios de alienación hacen olvidar al proletariado su conciencia de clase. El autor Alemán carl Schmitt[3], entiende el Estado como la integración de la comunidad nacional bajo el mando del Fhürer. Finalmente Bobbio[4] concibe el Estado como la legitimación del poder, democráticamente legitimado para remover los obstáculos, permitiendo desarrollar a los ciudadanos sus planes de vida libremente elegidos.
Estas cuatro definiciones son solo algunas de las que han pretendido definir qué es el Estado, sin embargo no es posible afirmar con rigor y sin ideología que una de ellas es la verdadera, antes al contrario puede afirmarse que todas en tanto en cuanto explican modelos de Estado tienen elementos de veracidad, puesto que el Estado ha sido teocéntrico, inspirado en un supuesto orden divino, pero también durante el siglo XIX y principios del XX fue un instrumento de dominación de clase, puesto que en las “democracias censitarias” el acceso de la clase trabajadora a derechos individuales y colectivos estaba vedado, si acudimos al periodo entre la I y la II Guerra Mundial también podemos observar que los Estados totalitarios como la Alemania nazi se fundamentaban en la adhesión fanática y basada en elementos de carácter racial de un pueblo a un líder, pero también tras 1945, se aprecia que el Estado se convierte en un elemento protector de los ciudadanos, que lo legitiman participando en la democracia, que ofrece protección y cobertura de las necesidades básicas de todos ellos, para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. Sin embargo en todas ellas encontramos tres elementos comunes, población, territorio y poder o soberanía, es decir hablamos de entes que se forman cuando en un territorio se organiza jurídico-políticamente un pueblo, que por razones de diversa índole (alienación, legitimación democrática, etc.) se somete a un Gobierno[5].
Por lo tanto podría afirmarse a tenor de lo anterior de que quizás se esté mitificando el fenómeno de la inmigración, a fin de cuentas es habitual, desde finales del Siglo XX, oír hablar de que se vive una época de cambios, de grandes transformaciones, que han generado todo un presupuesto ideológico de la cultura del cambio, que hay que relativizar en muchos casos puesto que grandes transformaciones se han producido siempre, piénsese en la generación que vive la II Guerra Mundial y que observa como en apenas menos de diez años, surgen y desaparecen los Estados totalitarios, se lanza la primera bomba atómica, caen los Imperios Británico y Francés para dar paso a un mundo bipolar, se desarrolla un modelo de Estado del Bienestar y se crea el Mercado Común en Europa.
Sin embargo el hecho de relativizar la cultura de los cambios vertiginosos a la que anteriormente se ha hecho referencia, no implica negar por otro lado que cambios de gran calado (como siempre) se están produciendo y que el fenómeno de la inmigración, que se está produciendo desde finales del siglo pasado, parejo al proceso de la Globalización, supone un importante reto para el Estado moderno[6], puesto que desafía a los tres pilares sobre los cuales se ha sustentado, población, territorio y poder, dilema que no deja de ser menor puesto que afecta a la esencia misma de la idea de Estado, cualquiera que fuese su variante o modelo.
[1] Sobre la concepción tomista del orden social y el poder puede acudirse al texto de Tomas de Aquino en, Ansuategui Roig, 1994.
[2]. Sobre la concepción marxista del Estado puede acudirse al texto de Karl Marx en, Ansuategui Roig, 1994
[3] Schmitt, 1990.
[4] Sobre la concepción tomista del Estado promocional puede acudirse al texto de Norberto Bobbio en, Francisco Javier Ansuategui Roig, 1994
[5] Sobre los elementos constitutivos del Estado, puede acudirse al texto de Biscaretti di Ruffia en Pérez Royo 1997.
[6] López Sala, 2005.
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