El PSOE Y CATALUÑA

Después de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña, el papel jugado por el PSOE y el PSC en su defensa, la posterior y multitudinaria manifestación en protesta contra la interpretación de la sentencia y la postura del presidente Zapatero de volver a recomponer posiciones con Cataluña cuidando su fuerte sentido de identidad, un simpatizante socialista, por no decir ya muchos socialistas con cargo, se pueden preguntar si será coherente aspirar a gobernar España mientras se mantiene una actitud de apoyo al Estatuto aunque se diga respetar la criticada sentencia. Y con su pregunta puede plantearse si merece la pena volver a votar PSOE.

Voy a intentar contestar que sí, que es coherente y además que es la mejor opción -aunque como todo proceso complejo tenga sus peligros o sus tensiones a veces inconscientes- que podemos representar en dos partes, por un lado la de socialistas aparentemente más centralistas como Ibarra, Bono, Guerra, etc. y por otro la de socialistas aparentemente más federalistas como Zapatero, Felipe Gonzalez, o Montilla. Y digo aparentemente porque creo que su discurso se apoya en el centralismo o en el federalismo pero sólo de forma tangencial para defender dos aspiraciones básicas del PSOE actual, una que trata al estado como distribuidor igualitario de riqueza -los llamados centralistas- y otra que trata al estado como un proyecto progresivo de cada vez mayor representatividad y mayor división de poderes –los llamados federalistas-

Intentemos reconstruir el panorama.

La izquierda por encima de la identidad defiende la redistribución.

Cuando vimos la manifestación en Barcelona con uno de sus principales carteles exclamando: Somos una nación, nosotros decidimos. Uno piensa inmediatamente, el PSC se está suicidando políticamente. Para defender la identidad la gente vota nacionalistas, para defender izquierda e independencia ya existen otros partidos, y su sitio, si quiere ganarlo, es el de un socialismo que respete la identidad pero no lo encumbre por encima de su tarea de izquierdas y es más, que sólo lo suba al nivel que haga posible enlazar su identidad con el resto de identidades de España, donde también están sus compañeros socialistas. Sobre todo si pensamos que una gran mayoría de catalanes se sienten españoles y catalanes al mismo tiempo como se puede ver en la reciente encuesta  de El Periódico.

Al alimentar esa manifestación y promover una causa de la que él ni siquiera es el mejor representante, el PSC se estaría alejando de su electorado y encima estaría movilizando al del oponente haciendo flaco favor a la izquierda.

Como dice el profesor de la universidad de Barcelona Felix Ovejero en El País, el PSC parece haber alimentado un monstruo que no hubiera nacido sin su ayuda -Tengan en cuenta que Felix Ovejero no es un representante de la derecha catalana, sino de su universidad y de la izquierda, como se puede ver en que sus escritos son referencia en la Fundación Pablo Iglesias del PSOE- Dice en su artículo, La sentencia y la hidráulica:

El argumento tiene dos partes. La primera apela a los hechos. Los políticos catalanes se presentan como portavoces de una realidad que el Estado central se resistiría a reconocer. Una realidad que tiene que ver, sobre todo, con la identidad. El Estatut sería la cristalización política de esa demanda de reconocimiento.

Si hay que tasar esta imagen por su grado de realismo hay que pensar que el guión de la política catalana lo escriben a dos manos Tim Burton y David Lynch, no del todo sobrios. Primero, no había demanda social: según una investigación realizada por una universidad catalana antes de que comenzara este lío, los catalanes éramos de los españoles más satisfechos con nuestra autonomía. Convertido ya el lío en eje de campaña electoral, antes de la victoria de Maragall apenas un 4% consideraba la simple reforma del Estatut como un asunto prioritario. Y el remate: la masiva abstención en el referéndum, a pesar del febril activismo de los medios de comunicación catalanes que, alineados con los poderes políticos y en un no parar hasta hoy mismo, han ahogado cualquier discrepancia bajo la acusación de anticatalanismo. Segundo, es irreal la tesis de la identidad centrada en la lengua, el rovell d’ou del argumento. El desajuste entre la Cataluña real y la oficial asoma por todas las costuras. Una muestra entre mil: la televisión de Barcelona, en aras de la integración de los inmigrantes, mantiene informativos en 20 lenguas, pero no en castellano, la lengua del 61,5% de quienes vivimos en el área metropolitana barcelonesa (el catalán supone un 32%) y, por supuesto, de la inmensa mayoría de los in-migrantes. Tercero: hay una voluntad explícita de escamotear la realidad, como se vio hace apenas un par de meses cuando los votos del Tripartito y CiU en el Parlament vetaron una propuesta de incluir en el censo una pregunta sobre “lenguas de identificación y conocimiento de lenguas de la población de Cataluña”.

El autor continúa señalando además un punto donde el sentido de la izquierda podría chocar frontalmente con un programa nacionalista:

a mí me resulta difícil pensar que la izquierda, y la más elemental sensibilidad democrática, puedan encontrar justificadas las apelaciones a los derechos históricos, a la necesidad de poner límites a la solidaridad o unas políticas lingüísticas que, en un contexto de existencia de una lengua común, tienen consecuencias manifiestamente discriminatorias en el mercado de trabajo, entre los propios catalanes y en el conjunto de los españoles. Pero todo podría ser.

Para terminar señalando que este es un monstruo que nunca se sacia y cuanto más se le da de comer más quiere hasta que llegue a su fin: la independencia.

En la misma dirección escribe Ibarra en el mismo periódico en su artículo Lo que no se puede ni debe ceder:

Lo único que no puede ser España es aquello que vaya quedando después de un proceso continuado de reforma de los estatutos de autonomía. España no puede ser un residuo. Si cada uno piensa en su trozo, alguien tiene que pensar en el todo, y ese es el papel y la responsabilidad del presidente del Gobierno. Para ello, muchos estamos dispuestos a ayudarle desde la lealtad y desde la responsabilidad. Estamos dispuestos a colaborar en un proceso que nos permita saber que nuestros derechos de ciudadano van a seguir estando garantizados por el Gobierno español y que, sea como sea el proceso, no se ponga en riesgo lo que nos es común y lo que nos hace fuertes y diversos.

Apuntando a otra intuición propia del PSOE más republico –en el sentido de pensador de cabecera de Zapatero, Philip Pettit - a saber, que un ciudadano no debe estar indefenso ante los múltiples poderes a los que se enfrenta, que tiene que tener capacidad de influir democráticamente en ellos, para introducir su voluntad en aquello que le termina afectando de una forma indefectible. Con otras palabras, como españoles, cualquier cosa que le pase a España nos afectará a nosotros. Algo que vemos muy claro hoy en día con la crisis, donde hasta las hipotecas de la ciudad más remota de EEUU nos afectan, por no decir la valoración que hacen de nosotros agencias de riesgo, bancos, gobiernos europeos, etc. Si la izquierda hoy en día tendría que querer algo, es una ciudadanía global, donde una persona no sea un simple sujeto pasivo del mundo que le rodea. Y si queremos aspirar a eso con el mundo entero ¿Cómo vamos a renunciar a ser sujetos políticos de lo que pasa en España para quedarnos en nuestro rinconcito? Como dice Ibarra a continuación:

España, como dice Felipe González, es un espacio público que compartimos.

Y sigue:

Yo puedo hacer el esfuerzo de comprender las razones que le llevan a pretender adaptar la legislación a las demandas ciudadanas de algunos territorios para quedarse con 20 o 30 competencias, que nos pertenecían a todos. Pero esas competencias no son del Gobierno, ni siquiera de las Cortes Generales. Esas competencias nos pertenecían a todos los españoles y a ellos no se les ha preguntado para que dejen de ser suyas y pasen a ser de unos cuantos. Sin duda, el Gobierno, al quedarse sin esas competencias, se debilitaría, pero en mi opinión, todos saldríamos más débiles de esa operación.

El nosotros decidimos sobre competencias que son de todos porque nos sentimos nación, es un acto arbitrario que no cuadra con el socialismo, la socialdemocracia, el republicanismo o el liberalismo de izquierdas.

España queda vertebrada y mejor representada con el desarrollo federativo.

Una vez dicho esto un habitante de Madrid podría romper definitivamente con el PSOE para arrojarse en brazos de las grandes defensoras de España llamadas Rosa Díez o Esperanza Aguirre, con su espada común, de las consignas simples y populares. O podría hacerse preguntas inteligentes, como:

¿Defender una articulación del Estado más federal es alimentar el monstruo de la independencia? Entonces, no defenderlo ¿no será alimentar un monstruo del centralismo que todo lo deja en las manos arbitrarias del gobernante central? ¿Queremos que un gobernante desde su trono dicte como debe funcionar España entera sin qué ésta esté representada en un entramado de instituciones y leyes? ¿Sin que los ciudadanos de cada territorio puedan expresar cada vez más fina y cercanamente sus necesidades? ¿Nos gustaría que nos gobernase alguien que no nos conoce y no tiene las herramientas políticas para hacerlo por ejemplo desde Bruselas aludiendo simplemente a nuestra identidad común de europeos o a qué somos igualmente bípedos del siglo XXI?

Bien lo dice Ibarra en el artículo citado:

Los extremeños, por ejemplo, no queremos ni oír hablar de la España centralista ni del nacionalismo económico español; ese nacionalismo que fue desde la Restauración del XIX hasta la Dictadura franquista, pasando por la Dictadura de Primo de Rivera. Para los extremeños, y para otros territorios, ese nacionalismo significó la ruina económica y la hemorragia de la emigración. El sistema fue la protección arancelaria del nacionalismo español, reservando el mercado interior para los productos textiles catalanes y siderúrgicos vascos (el arancel de 1826, el de 1849, el de 1869). Con Primo de Rivera se reservaron las cuotas de producción para los que ya producían, de tal manera que nadie podía fabricar en otro territorio lo que ya se hacía en las zonas protegidas.

Ese centralismo no va a ser ninguna garantía de la igualdad o la prosperidad de los españoles. Al contrario, la historia de España nos demuestra que esa centralidad es arbitraria, discrimina y empobrece a España entera. Como lo hizo especialmente durante los años de la última dictadura que sufrimos.

Esto lo vieron claro los arquitectos de la Constitución. Por eso plantaron el germen de un federalismo en versión autonómica, que fuese desarrollándose durante las siguientes décadas con la protección de la Constitución y el Tribunal Constitucional que en la mayor parte de nuestra historia moderna ha fallado a favor de las autonomías en cuestiones cruciales para su desarrollo.

Eliseo Aja escribía antes de la sentencia del TC:

No existe <<una>> sentencia importante que pueda considerarse desastrosa, y en cambio sí varias muy positivas, aunque puedan discutirse algunas líneas de interpretación. Además, casi cada año, ha elaborado alguna doctrina que ha permitido avanzar en el autogobierno de las CCAA: la aceptación de su actividad internacional, la prohibición de que el Estado mantenga las subvenciones en los sectores que ha traspasado, la posibilidad de la apertura de sedes oficiales en Bruselas para facilitar los contactos con la Unión Europea, la prohibición de que el Estado legisle en materias en que carece de competencia escudándose en la supletoriedad del derecho estatal, etc. (p.155 El Estado Autonómico, Alianza Editorial, 2003)

Frente a una identidad de España vaga –tan vaga como la de una Cataluña independiente- soflamada por gargantas irracionales cuando se entra en el discurso del y tu más o yo el mejor ¡o de los toros sí, toros no! o peor, autoproclamada por demagogos o dictadores, los padres de la Constitución sembraron una España que progresivamente iría desarrollando un sistema nervioso propio que llegase a todos los rincones de España, levantando una red de relaciones de poder, representativa de los ciudadanos y de los territorios a los que tenían ligados sus aspiraciones y necesidades.

Esa red era un multigobierno, que iba desde el central hasta el local pasando por el autonómico. Con su propia capacidad legislativa, judicial y administrativa. Diferentes gobiernos con sus diferentes instituciones, con su financiación asegurada y su personal propio, que aunque con la obligación de mantener la igualdad de los españoles en derechos fundamentales, nunca se vio impedida por el Tribunal Constitucional en su desarrollo particular, al contrario.

Pero incluso para algunos que aceptan este hecho autonómico, el Presitende de Cataluña es un separatista encuvierno, pero yo aunque podría tener mis diferencias, no ve en Montilla no un rechazo de la idea de España ni de su presencia en Cataluña. Veo una pelea por levantar su propia idea de España allí, su propia forma de ver esa representación. Igual que hacen el resto de los políticos en sus territorios con sus estatutos, leyes y acciones de gobierno.

Citando a Ibarra de nuevo:

Frente a los que quieren o añoran una España uniforme, defiendo la libertad de cada uno para sentirse español como mejor le parezca o a no sentirse español. Entiendo el derecho a definir a España como quieran.

Y recuperando otro artículo de El País, Catalunya y España en la encrucijada, esta vez escrito por Presidente Montilla:

Otros, los que creemos en la España plural, nos preocupamos de cómo aplicar el Estatuto a partir de ahora y cómo recuperar el cumplimiento de lo pactado.

Para continuar defendiendo un encaje de Cataluña en esa representación creciente de España, que no pasa por negar ni la Constitución ni el Tribunal Constitucional.

Nuestra respuesta buscará conjugar el respeto de la voluntad popular, la defensa del autogobierno, el cumplimiento del pacto político y el respeto al Estado de derecho. Desde la Generalitat iniciaremos un proceso de diálogo con los principales responsables de las instituciones y fuerzas políticas del Estado. Un diálogo orientado al cumplimiento del pacto estatutario y el reforzamiento del pacto constitucional. Conscientes de que es posible explorar soluciones legislativas a algunas de las afectaciones del Estatuto, y también de que algunas de las garantías del autogobierno han sido disminuidas por la interpretación del TC y no renunciamos a recuperarlas.

Justificando su papel en la manifestación:

Con esta sentencia, lamentablemente se ha perdido una oportunidad para hacer una contribución positiva a su resolución. Peor aún, hemos retrocedido con respecto al espíritu que hizo posible la Constitución de 1978. Estoy convencido de que este problema solo puede resolverse desde el reconocimiento de nuestra realidad plurinacional.

Porque serían los recursos del PP y parte del TC los que habrían adoptado una postura que va en contra de inicialmente impulsado por la Constitución. El PP estaría negando la realidad plurinacional que conllevaba la Constitución al reconocer los estatutos como fuente normativa y los pactos entre Congresos como la fuente de legitimidad, y además se estaría contradiciendo al consensuar y aprobar en otras comunidades lo que le niega a Cataluña.

No nos queda otro camino que recuperar nuevamente el espíritu constitucional primigenio para restablecer el reconocimiento y respeto a las distintas identidades, culturas y lenguas de España, en el marco de un Estado que acepte, ampare, anime y defienda sus singularidades y su pluralidad. Ello requiere la complicidad y el apoyo de quienes defendemos una visión de España como un proyecto ampliamente compartido.

Porque esa multiplicidad conectada sí es España.

Como bien señalan Felipe González y Carme Chacón, también en El País, con sus Apuntes sobre Cataluña y España:

El camino recorrido por nuestra democracia ha ido superando dos resistencias. La de los centralistas, que consideran el proceso como un debilitamiento de la nación española y una afrenta al castellano. Y la de los separatistas, que presentan los avances como un engaño y magnifican cualquier fricción como ofensas a Cataluña.

Aludiendo a lo que el profesor Eliseo Aja describe como el paso del estado más centralizado de Europa a ser uno de los más descentralizados, sino el que más.

Y reforzando la idea de Montilla que defiende que quienes más alejados están de la Constitución son aquellos que han decidido rechazar su idea de pluralidad para despreciarla con calificativos como subgénero o haciéndose valedor de la unidad de España cuando su valía está en conectar la multiplicidad y no en unificar lo diverso, aludiendo incluso a la Biblia:

- La sentencia aprobada por la mayoría del TC resulta ambivalente. En su fallo preserva la inmensa mayoría de los preceptos estatutarios y rechaza casi todas las objeciones del recurso del PP. Pero en los fundamentos de la sentencia se refleja un desconocimiento de la diversidad catalana en la realidad española. Usa expresiones ofensivas: ciudadanía catalana como “una especie de subgénero de la ciudadanía española”; injustificada primacía natural de cualquier norma estatal, u obsesión injustificada por la indisoluble unidad de la nación española.

- Si a ello se unen las dilaciones, la obstrucción intencionada de su renovación por parte del PP, o la recusación de algún miembro, se entiende perfectamente que la sentencia del TC, mucho más que el fallo, produjera indignación y rechazo en sectores amplios de la sociedad catalana.

- Los votos particulares que respaldan la impugnación del PP expresan una visión preconstitucional del Estado. Se niega la noción misma de autogobierno, se cuestiona la inmersión lingüística que cohesiona a Cataluña, se escatima la condición de parte del Estado a la Generalitat, y se llega a desfigurar incluso su nombre. Y, para ello, se invoca como autoridad jurídica y política… la Biblia.

En una intervención judicial que se parece mucho a la que en su día denunciaron los demócratas norteamericanos, con un Bush subvirtiendo los tribunales con sus jueces jóvenes nombrados a perpetuidad, sabiendo que lo mejor no era su capacidad jurídica sino que estarían 40 años defendiendo sus tesis políticas sobre religión, aborto, defensa, libertad de mercado, etc. Porque al fin y al cabo los profesores de sus think tanks son los mismos.

El problema sigue estando en la resistencia del PP a reconocer la diversidad de España y en la obstinación de los sectores catalanes que magnifican las fricciones y minimizan los avances históricos que hemos vivido. Y radica también en la falta de energía de quienes desde Cataluña y desde el resto de España apostamos por la vía del entendimiento y rechazamos tanto el camino de la imposición uniformadora como el de la separación.

Un problema que es propio de todos los partidos y se acepta:

Las responsabilidades políticas de esta situación están repartidas, aunque en distintas proporciones. Todas las fuerzas políticas incurrimos en oportunismos.

Pero con menor grado, porque aquí de lo que se trata con los estatutos es de construir una España más representativa, mientras que otros no muestran más alternativa que la de confrontar españoles intentando pescar votantes. Una España que responda a esa noción Constitucional como decía Montilla, que no es ni las de los que añoran otra España previa o la de los que quieren separarse de ella:

Las de quienes no confundimos el griterío anticatalanista de los centralistas con España, igual que distinguimos entre una minoría estridente de catalanes y Cataluña; los que pensamos que esta sentencia no es la Constitución; los convencidos de que la fuerza de España está en su diversidad, en la potencia del autogobierno, de la federalización inserta en el marco normativo que nos dimos. Es el camino de la mayoría de catalanes y españoles.

Para defender eso que al final parece que tanto les pica a algunos, la palabra nación:

que la concepción de España como “Nación de naciones” nos fortalece a todos. Que no hay ninguna razón para rechazar la diversidad identitaria que caracteriza a España como una nación política y cultural, no como un mero armazón jurídico.

HACIA UNA MATRIZ AUTONÓMICA Y UN SENADO DE AUTONOMÍAS.

Creo que hay suficientes elementos comunes de los diferentes discursos del PSOE, para construir un discurso coherente y un camino común para los próximos años, que sea realmente útil a la igualdad de los españoles, a sus oportunidades, a su representatividad, a su inserción democrática y republicana, por encima de las dos tendencias, centrífuga una o centrípeta otra, que existen de forma colateral en lo que defienden. Las tienen que depurar.

Su tarea es ponerlo en valor lo común y separar conceptualmente eso que separa, lo que seguramente esto exento de tensiones, como no lo está nada complejo en su etapa de crecimiento. Creo que Zapatero está en gran medida en esta postura y creo que desde dentro del PSOE hay voces suficientemente poderosas y persuasivas para afianzarle en esta ruta complicada. Pero desde luego prefiero los posibles riesgos que conlleva levantar un edificio así a no levantar nada, adoptando un discurso centralista donde España sólo se queda en frases huecas para luego entregarla, eso sí, detrás de las cortinas y sin debate público, como nos podemos acordar de aquel Aznar que practicaba catalán y aumentaba cotas de soberanía del 15 al 30 por ciento a cambio de gobernar. Y que no dudará en repetir Rajoy con CIU si está a su alcance.

¿Qué debería hacer el PSOE?

Pues no entrar en una guerra con el Constitucional, que ya han negado todos sus dirigentes, afirmando al contrario su acato. Ni siquiera en una guerra con el PP. Y posiblemente tampoco entrando en un debate jurídico buscando los huecos a las leyes para devolver la vigencia a la parte mutilada del Estatuto.

Creo que debería tener una estrategia clara que afiance su programa social y de igualdad de todos los españoles, con esa soberanía cada vez más amplia de los ciudadanos sobre todos los asuntos que le afecten, hasta integrar ese vector de creciente representación a través de más autogobierno ¿Cómo hacerlo?

Construyendo –habría que conseguir el respaldo de la gran mayoría de partidos- una gran Matriz de indicadores concretos de todos estos objetivos: nivel de oportunidades de un ciudadano en su región, posibilidades de estudio, participación en la creación de normas, atención sanitaria, desarrollo industrial, nivel de seguridad y un largo etc. que permitiría a todos los españoles dos cosas: asegurar su igualdad en lo básico y juzgar la eficacia de sus gobernantes autonómicos y locales.

Esta Matriz de indicadores ¿50, 100, 200? debería ser de dominio público, todos los ciudadanos y organismos deberían poder acceder a sus bases de datos, debería estar explicada en términos comprensibles y su construcción –decidir que parámetros se miden- su estandarización –como se miden y la presencia del Estado midiendo a todas de forma objetiva- y su análisis –existen múltiples interpretaciones de los datos en brutos que muchas de ellas llevan a engaño, como cuando cualquier político muestra una gráfica en un debate televisado- deberían ser cosa de un Senado de Autonomías donde estuviesen representadas todas junto con el gobierno central.

Una vez al año se produciría un debate del Estado de las Autonomías, en ese periodo todos los ciudadanos recibirían un informe básico con los datos básicos de todas las autonomías comparadas con la suya en ese momento y en el tiempo y cada Presidente tendría la palabra en ese debate defendiendo sus datos.

El autogobierno y sus normas se verían forzados a un debate público donde tendría que demostrar su eficacia ante los ciudadanos, que sirven para interconectar España, que responden al principio de cooperación y que allí donde fallan son conscientes para mejorar.

Los gobiernos responderían a hechos reales, no a sentimientos identitarios particulares. Estos serían de consumo propio y no molestarían a nadie. El estado se ocuparía de los ciudadanos en cuanto su soberanía difuminada por España, sus iguales oportunidades y  de la transparencia del sistema. Y dejaría la cuestión de la identidad general para su debate del Estado de la Nación y no para la tutela de los diferentes territorios.

En esta propuesta futurista –que no lo es tanto porque los medios tecnológicos existen, el senado y el senador jugarían con una suerte de Cuadro de Mando Integral que atacaría todas las bases de datos autonómicas- si que tendría un debate tan avanzado como el que incita Ibarra aludiendo a la teoría de juegos: hacer del juego autonómico algo que sea mayor que suma cero, y en cuanto sea cero, se cortocircuita para volver a levantarlo con nuevas propuestas:

Hasta ahora el proceso territorial se ha basado en un juego de resultantes, donde España como un todo y los territorios como partes, han salido ganando, han salido fortalecidos. El juego no consistió nunca en decir: lo que yo me llevo a mi territorio lo pierde España como conjunto; cuando yo me fortalezco usted se debilita. No, no ha sido así. Ha sido siempre en positivo. El territorio se lleva como competencias lo que al ciudadano le viene bien, y el Estado mantiene, por su parte, las competencias que permiten la cohesión del conjunto y la igualación de derechos en el espacio que compartimos y que se llama España. Ese es el camino que debemos seguir recorriendo para perfeccionar el sistema, para hacerlo más eficaz y para que el proceso siga siendo de suma positiva para las partes y para el todo.

Creo que este es el camino para la izquierda y España. Creo que desde ahí es desde donde mejor se defiende un estatuto y no desde el somos una nación, nosotros decidimos. Eso no tiene nada que ver con el programa de izquierdas ni con el republicano, que es: todos somos ciudadanos, todos participamos. Y que puede hacer realidad ese valor intangible tan esquivo de la lealtad federal.

España queda vertebrada y mejor representada con el desarrollo federativo

APUNTES SOBRE LEALTAD FEDERAL (II)

Más allá del dato de los 8000 millones de euros y de los cientos de miles de empleos que va a crear el Plan Zapatero, el Fondo de Inversión Local aprobado por el Gobierno de España es la iniciativa que puede haber realizado con mayor intensidad un cambio en la administración pública española.

Primero porque para tramitar las ayudas del fondo, 8107, de los 8112 ayuntamientos que hay en España han tenido que contar con firma electrónica, lo cual supone que todos nuestros gobiernos locales podrán realizar cualquier trámite sin cruzar un papel y sobre todo en tiempo real, mejorando la eficacia y la transparencia de la gestión administrativa.

Además las Diputaciones han actuado como lo que la Constitución marca que tienen que ser, presatadoras de servicios a los Ayuntamientos, ya que su asesoría ha sido fundamental para tramitar el acceso a la firma electrónica y la presentación de Proyectos, sobre todo de los Ayuntamientos más pequeños, con lo cual la Diputación además ha podido coordinar proyectos para planificar coordinadamente el desarrollo del territorio provincial.

Pero fundamentalmente se ha realizado algo que rompe la lógica de competencia por el territorio en la historia de la Administración Española ya que por primera vez se ha aplicado el principio de subsidiariedad y se ha roto la competencia por el territorio entre administraciones públicas. El Plan Zapatero parte de una premisa, los Ayuntamientos son a la vez entidades autónomas y son Estado, por tanto como herramienta del estado más cercana a los ciudadanos y conocedora de sus problemas inmediatos se les ha confiado la resolución de la crisis desde su autonomía ya que son los Ayuntamientos quienes presentan los proyectos que consideren oportunos a un fondo dirigido a financiar proyectos generadores de empleo, que mejoren la calidad de vida de los vecinos, un fondo transparente y garante de la igualdad en el territorio.

Esta nueva relación entre Estado y Ayuntamientos basada en el equilibrio de que el Estado cuenta con 8112 gobiernos autónomos nivel local y que esa autonomía local siginifica para nuestros Ayuntamientos formar parte de un todo que es el Estado, es algo que cualquier manual calificaría como equilibrio y lealtad federal (bundestreue) curiosamente en España parecería que el federalismo cooperativo ha entrado a partir de la relación entre el Estado y los Gobiernos Locales, mientras que las CCAA en su relación con el Estado siguen teniendo deficits de federalismo cooperativo.

El por qué de esta diferencia radica en que los Ayuntamientos tienen espacios de relación intergubernamental horizontal y vertical consolidados en nuestro sistema político, la FEMP y las Federaciones Territoriales, las CCAA aún dependen de la reforma del Senado.

MÁS DE CIEN AÑOS DE SOCIALISMO GALLEGO

Los diagnósticos sobre política en España muchas veces se asientan sobre tópicos, uno de ellos es asegurar que algunas comunidades autónomas son sociológicamente conservadoras o progresistas “de toda la vida”.

Este es el caso de Galicia, gobernada durante la mayoría del periodo democrático por el PP, sin embargo estudios sobre la españa republicana citan a Galicia como la región más profundamente republicana del país (Gabriel Jackson “La República y la Guerra Civil Española”; Hugh Thomas “La Guerra Civil Española”).

En efecto los resultados electorales históricos muestran que en Galicia, la presencia de las fuerzas progresistas era importante durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo y a diferencia de lo que sucede en otros territorios de España, la izquierda en Galicia y en concreto el socialismo ha presentado durante todo el siglo XX una fuerte fragmentación.

En concreto se pueden citar tres tradiciones dentro del tronco común del socialismo democrático que darán orígen a diversas formaciones políticas a lo largo del siglo XX.

La primera de ellas sería el tronco republicano-liberal del socialismo gallego, que se incardina en el pensamiento de Proudhon que penetra en la península a través del que fuera Presidente de la efímera República federal, Francisco Pi i Margall, quien traduce sus obras del francés y se inspira en el federalismo cooperativo como base de la organización social para dar forma al Proyecto de Constitución Federal de 1873 (sin duda una de las normas fundamentales más avanzadas que ha tenido España). La vertiente republicano-liberal del socialismo gallego, fundamenta su visión de Galicia como parte integrante de un futuro modelo federal para España y para lograrlo se conformará la Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA) un partido pequeño, de voto urbano e ilustrado de ciudades como Santiago de Compostela y que logrará a penas 16 diputados en las Cortes, pero de gran importancia durante la II República Española, ya que participará junto a Acción Republicana y el Partido Radicalsocialista en la formación en 1934 de Izquierda Republicana partido que en 1936 alcanzará en la persona de Manuel Azaña la Presidencia de la República y cuyo lider en Galicia, Santiago Casares Quiroga será Primer Ministro.  

Además en 1879 se funda en Madrid el PSOE, partido que en su implantación en Galicia combina elementos de la tradición republicano-liberal y postulados de corte obrerista, el PSOE gallego será un partido con una importante presencia  en las ciudades industriales como Vigo y A Coruña así como en localidades costeras (con un peso importante del sector pesquero y en muchas de las cuales se instalará la naciente industria conservera traida de Cataluña). En materia de concepción de Galicia, el PSOE se caracteriza por una fuerte presencia en los Gobiernos Locales y apoyará la autonomía, pero a diferencia de otras formaciones gallegas, no sobre la base identitaria, sino como referente de calidad democrática, desarrollo económico y justicia social.

Finalmente en el socialismo gallego también aparece la corriente nacionalista, que centra su reivindicación social en la afirmación de la identidad nacional gallega, esta tendencia cristalizará en la Unión Socialista Galega, nacida durante los años 30, de escisiones de sectores galleguistas del PSOE y de sectores izquierdistas del Partido Galeguista. Este partido compartirá espacio social con la ORGA y en 1934 terminará integrándose en Izquierda Republicana.

La Guerra Civil y la caída de Galicia en manos de los golpistas supondrá la represión de las formaciones políticas progresistas, nacionalistas y de la derecha democrática en el país, que se verán obligadas a reorganizarse en el exilio en torno al Consello de Galiza (gobierno gallego con sede en Buenos Aires) y en el interior, en donde en el campo del socialismo volverán a surgir diferentes formaciones sobre la base de las tres almas del pensamiento socialista en Galicia.

Así pues la tradición republicano-liberal convergerá con el nacionalismo clásico en torno al Partido Galeguista, cuya actividad en Galicia se verá limitada por la creación de la Editorial Galaxia y la apuesta de sus dirigentes en el interior (encabezados por Ramón Piñeiro) de un galleguismo transversal en la sociedad y en todas las formaciones políticas.

El PSOE se mantendrá como organización clandestina en Galicia y en 1977 contará con la incorporación del entorno de Ramón Piñeiro y del entorno del republicano-liberal y del galleguismo histórico del interior en una apuesta por una formación socialdemócrata encuadrada en un proyecto federal para España. 

Por su parte la vertiente nacionalista dará como resultado la creación del Partido Socialista Galego, formación socialista, galleguista y europeísta que encabezará Xosé Manuel Beiras, catedrático de economía de la Universidad de Santiago y que dará a la política gallega nombres de la talla del propio Beiras, Ceferino Díaz y sobre todo el primer Presidente socialista de la democracia en Galicia, Fernando González Laxe. El Partido Socialista Galego no tendrá procesos de fusión con el PSOE, sino que se aproximará al Partido Socialista Popular de Tierno Galván, en cuya federación gallega militaban importantes figuras políticas actuales como José Blanco y José López Orozco, Vicesecretario General del PSOE y Alcalde de Lugo respectivamente.

El desastre en las elecciones de 1977 para el Partido Socialista Galego y la apuesta de la Internacional Socialista por el PSOE como referente en España, creará una división en esta formación que llevará a los sectores más nacionalistas a la apuesta por la concertación con el galleguismo conservador y las formaciones políticas independentistas en torno a un frente que será el germen del BNG, en donde se convertirán en su ala izquierda y bajo el liderazgo de Beiras el BNG logrará ser durante 8 años la segunda fuerza política.

Fernando González Laxe, primer Presidente socialista de la Xunta.

Por su parte las tendencias de corte más socialdemócrata de esta formación, junto con el PSP gallego,  iniciarán un proceso de fusión con el PSdG-PSOE, llegando un antiguo miembro de este partido, Fernando González Laxe a ser el primer Presidente socialista de la Xunta de Galicia en 1987 (gracias a un pacto con el nacionalismo gallego) dichas incorporaciones serán fundamentales en la consolidación del PSdG-PSOE como alternativa de gobierno en Galicia, si bien durante finales de los 90 sufrió un retroceso que le llevó a ser la tercera fuerza política en Galicia, siendo con la elección de Emilio Pérez Touriño como Secretario General el punto de recuperación electoral y de posicionamiento como partido de gobierno sobre la base de un discurso moderno, socialdemocrata y galleguista.

La historia del socialismo gallego tendrá otro momento señalado el 19 de junio de 2005 cuando por segunda vez en la historia un socialista, Emilio Pérez Touriño, presidirá la Xunta en gobierno de coalición con el nacionalismo,  gracias a este cambio político a nivel de país el socialismo gallego experimentará un crecimiento electoral que lleva a que presida las Diputaciones de Lugo y A Coruñá, la Federación Galega de Municipios y Provincias y  gobierne a casi el 70% de la población gallega, ostentando por ejemplo la alcaldía de tres de las cuatro capitales de provincia (y siendo socio del BNG en Pontevedra) así como en la capital autonómica y en ciudades del peso de Vigo, Vilagarcía de Arousa y Marín.

Emilio Pérez Touriño, toma posesión como Presidente de la Xunta de Galicia

Fruto de este cambio político sísimico que ha vivido Galicia, en los ultimos 4 años se han producido importantes transformaciones en el país, como la apuesta por las políticas sociales (sanidad desprivatizada y de calidad, escolarización infantil universal, concertación social con sindicatos y empresarios) territoriales (protección del litoral, energías renovables, desarrollo del medio rural y llegada de la alta velocidad) además de estar creciendo económicamente durante esta legislatura varios puntos por encima de la media española y europea, lo cual permite que Galicia esté preparada para seguir creando bienestar y luchar contra la crisis financiera internacional.

APUNTES SOBRE LEALTAD FEDERAL

El debate abierto en España, respecto la financiación autonómica, tras las reformas estatutarias culminadas entre 2005 y 2007, pone de manifiesto una acentuación del carácter federal del Estado, ya que por primera vez se asiste dentro de todas las formaciones políticas de ámbito nacional a un debate centro-periferia, o a una tensión entre la agenda politica autonómica, con la agenda política federal o estatal.

Fruto de nuestra falta de experiencia federal, se está provocando un debate absurdo entre quienes se enrocan en posiciones de ferrea defensa de una homogeneidad en las políticas de las 17 CCAA y aquellos que demandan que la autonomía significa un espacio intocable de competencia y prestación de servicios, en la que aquello que recaudo en mi territorio lo gasto yo, lo cierto es que ni una postura ni la otra están en lo cierto y a la vez ambas presentan elementos acertados de diagnóstico.

Por un lado es lógico y la Constitución lo proclama (artículo 149.1.1º) que tiene que existir un mínimo común denominador en derechos y obligaciones para todos los ciudadanos del Estado, por otro lado autonomía significa la capacidad de prestar servicios o garantizar derechos de manera particularizada y adaptada a las particularidades de cada territorio, de hecho la existencia de políticas públicas territorializadas y no homogeneas desarrolladas por las CCAA o las EELL en su ámbito de competencia ha sido avalado por el Tribunal Constitucional.

Esta tensión a nivel financiero supone que las CCAA, para poder tener gobernabilidad (entendida como la capacidad del Gobierno de dar respuestas a las demandas ciudadanas) tienen que tener financiación suficiente para desarrollar sus políticas propias, pero también tienen que tener financiación suficiente para evitar desestructuración territorial y la existencia de espacios de desigualdad como por ejemplo sucede en Italia, dado que los nuevos Estatutos consolidan transferencias que desde 1992 han sido traspasadas por el Estado a las CCAA, los gobiernos exigen respaldo financiero para desarrollarlas.

Si atendemos a lo que sucede fuera de España donde existen multitud de Estados Federales, similares a nuestro Estado de las Autonomías, el proceso de resolución de este tipo de conflictos, principalmente relacionados con la financiación, se ha basado en el desarrollo de una práctica que Roberto destacaba en su blog, con su denominación alemana, el bundestreue, es decir la lealtad federal, vamos a ver algunos casos:

Bundestreue

I. ESTADOS UNIDOS. El federalismo estadounidense se basó tradicionalmente en la existencia de dos niveles de gobierno, federal y estatal y la no injerencia de uno sobre otro, el desarrollo del New Deal de Roossevelt coincidente con el nacimiento de las relaciones intergubernamentales generó en determinados ámbitos de actuación política (infraestructuras, asistencia social, sanidad y educación) la necesidad de equilibrar el desarrollo específico de cada Estado, con la cohesión de la federación, para ello los diversos conflictos que surgieron entre el centro y la periferia se resolvieron con el reconocimiento y desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo federal, del concepto de “federalismo cooperativo” que obligaba a la federación a garantizar a los Estados recursos financieros suficientes para ejerecer su autogobierno y éstos a su vez se obligaban a contribuir al bienestar del país compartiendo su riqueza. II. CANADÁ. En Canadá al igual que en los Estados Unidos el principio se ha desarrollado por los diferentes Tribunales, en la práctica de resolución de conflictos entre las Provincias y el Gobierno Federal durante el desarrollo del Estado del Bienestar y principalmente a la hora de articular las relaciones entre la federación y la provincia de Québec. III. ALEMANIA. El sistema federal alemán por su parte ha reconocido el principio de la bundestreue, sobre la base de su desarrollo consuetudinario en la práctica política y la jurisprudencia constitucional. En Alemania la lealtad federal tiene dos dimensiones, por un lado el respeto obligado que los länder tienen que prestar a la normativa federal garante de la igualdad mínima entre los ciudadanos, de otro, la federación no puede imponer políticas sin escuchar y hacer partícipes a los diferentes länder, para ello se estimulan los órganos de cooperación bilateral, pero sobre todo multilateral. IV. AUSTRIA. El principio de lealtad federal tal y como se entiende en Alemania, se reproduce en el modelo federal Austriaco. En ambos casos el desarrollo de la lealtad federal se ha vinculado a la implementación del Estado del Bienestar tras la II Guerra Mundial. V. SUIZA. La Confederación Helvética ha reconocido la lealtad federal en su Constitución en 1999, sobre la base de 4 principios : 1.       La Confederación tiene la prohibición de delegar competencias a los Cantones, si éstos carecen de recursos económicos suficientes para asumirlas. 2.       Los Cantones no pueden conformar relaciones entre ellos con el objetivo de alterar los equilibrios y para presionar al gobierno federal. 3.       Las relaciones de los Cantones con el Gobierno Suizo se fundan en la confianza cooperativa y la visión de conjunto. 4.       El gobierno federal tiene la obligación de informar y consultar a los Cantones, antes de tramitar cualquier iniciativa legislativa y presupuestaria.

 

España, por tanto no es una excepción, el debate en torno a como se estructura la relación entre los territorios y el gobierno central se da a medida que se desarrolla el Estado del Bienestar (y por tanto se centra en la distribución de los recursos entre los territorios) y tal y como sucede en Canadá, se produce por la existencia de regiones con una situación identitaria específica. Además tal y como sucede en los países indicados, estas tensiones afectan a la unidad y lealtad partidista de los gobiernos regionales, ya que la autonomía tiene una dimensión política que genera agendas y dinámicas políticas propias en cada territorio, que a veces entran en conflicto con el gobierno del Estado, del mismo color político.

 

Sin embargo al final, en EEUU, Canadá o Alemania, el Partido Demócrata, el Liberal o los Socialdemócratas ni los Republicanos, Conservadores o Democratacristianos, se rompen cada vez que hay este tipo de tensiones, antes al contrario el sistema político federal experimenta un debate, del cual suele salir fortalecido, la diferencia entre estos países y España se basa por un lado en que en todos ellos prima una visión multilateralista y de conjunto (no excluyente de las relaciones bilaterales, mientras que en España la multilateralidad es la excepción) y de otro existe un Senado Federal en la que los Estados, länder, Provincias o Cantones, participan como tales en la conformación de las leyes (por tanto también en el presupuesto) y de la voluntad federal (en España el Senado no es territorial).

 

Por ello en España no hay que preocuparse y hay que ver este debate como algo normal que si consigue reforzar los mecanismos multilaterales e impulsar la reforma del Senado, fortalecerá nuestro sistema autonómico.

PRIMARY COLORS: DESMONTANDO ALGUNOS MITOS SOBRE LAS PRIMARIAS

Una de las mitificaciones del proceso norteamericano de primarias es la idea de que los candidatos son elegidos por votación directa en algunos casos como Iowa o Nevada de cualquier ciudadano, en otros como New Hampshire de los votantes que se registran como simpatizantes de un partido.

 Pues bien no es cierto, en las primarias de los estados no se vota al candidato, sino que se eligen a los delegados que representarán a cada Estado en la Convención Nacional de cada partido. En este sentido cada partido es libre de organizar la representación de los Estados en su Convención y la asignación de delegados obedece a razones diversas (población, afiliación…). En este supermartes los demócratas se juegan en 24 Estados cerca de 2000 votos en la Convención, mientras que los republicanos elegirán a poco más de 1100 delegados.

El sistema de primarias fue establecido ante las continuas manipulaciones que los aparatos del Partido Demócrata y del Partido Republicano, realizaban para elegir delegados a las Convenciones, lo que dió lugar a que Theodore Roosvelt se escindiese del Partido Republicano, fundando el Partido Progresista que fue el primero en establecer un sistema de elección por primarias, que la práctica y la buena acogida, unido a un número infinito de manipulaciones en los tribunales por la asignación de delegados, llevaron a Demócratas y Republicanos a establecer este sistema y a los Estados a regularlo legislativamente.

Por tanto las características de las primarias en los Estados Unidos es que son un proceso de elección indirecta, similar al que en los partidos europeos se realiza cuando se eligen delegados a sus Congresos, pero que presenta varias particularidades:

+ Nace como reacción de desconfianza hacia los aparatos de los partidos mayoritarios, que manipulaban la elección de delegados a sus Convenciones Nacionales, en un país que como Estados Unidos tiene un sistema político de elección uninominal y que desde su nacimiento desconfía de los partidos políticos, de hecho Jefferson promueve que la Constitución americana ni siquiera los mencione.

+ Está regulado legalmente por cada Estado que además supervisa y certifíca el proceso, de manera que ha devenido en obligatorio para todos los partidos. Esto ha generado cerca de 50 sistemas de elecciones primarias pero grosso modo se pueden resumir en tres: abierta (vota cualquier ciudadano, por ejemplo en el Caucus de Iowa) semi-abierta (votan los ciudadanos registrados como simpatizantes de uno u otro partido como sucede en New Hampshire) o cerrada (solo votan los militantes).

+ Los partidos gozan de una amplia autonomía a la hora de asignar delegados a los Estados, pudiendo anular la participación de los delegados de los Estados si estos, como ha pasado recientemente deciden unilateralemente y sin contar con la dirección de los partidos, adelantar o retrasar las elecciones. Además en el caso del Partido Demócrata existe la figura de los superdelegados, que es un colegio de delegados que se designan desde la dirección demócrata directamente como participantes en la Convención.

Finalmente también es importante señalar que los delegados elegidos en las primarias, no acuden a la Convención con mandato imperativo y de hecho son frecuentes los cambios de votos y la indisciplina, principalmente en el Partido Demócrata. A modo de ejemplo de ello en la Convención Demócrata de 1968 Hubert Humpreys, entonces Vicepresidente de Lyndon Johnson, que ni siquiera se había presentado a las primarias fue designado candidato a la presidencia, debido a la influencia del Alcalde de Chicago y de los superdelegados sobre los delegados elegidos por las estructuras estatales.

Un sistema interesante que aunque no difiere tanto de los europeos, a veces suscita ansias de reforma en los partidos europeos para asemejarlos a los norteamericanos, en esto hay un par de buenas lecturas de José Antonio Gomez Yañez “Partidos sin Ley” y “Primarias” publicadas en El País, pero ese es otro debate….

LOS RETOS DE LA INMIGRACIÓN PARA EL ESTADO MODERNO (II) POBLACIÓN, TERRITORIO Y SOBERANÍA

Inmigración y Población 

 

Es evidente que no se puede hablar de Estado sin población, al igual que tampoco puede hacerse sin el elemento del territorio o el poder, si no existe una base poblacional cohesionada los otros dos elementos quedan vacíos o inexistentes y por tanto no se podría hablar de Estado en puridad.

Una de las características del Estado moderno es una tendencia a la homogeneización de su población bien por vínculos profundos e identitarios de origen como puede ser el caso de países como Portugal o Grecia, en donde se puede afirmar grosso modo que existe una unidad cultural, lingüística o social con un alto grado de uniformidad, el desarrollo de otros Estados, cuyo punto de partida es una pluralidad, ha conllevado que la homogeneización se logre mediante la imposición de una de las identidades existentes en el territorio sobre las demás, este sería el ejemplo típico de Francia donde se impuso un modelo tendente al unitarismo frente a las peculiaridades bretona, occitana o alsaciana; finalmente otro tercer grupo de Estados aun siendo plurales hacen de esa pluralidad su seña de identidad y por extensión de homogeneización de sus habitantes, tal sería el caso de Canadá, España (a pesar de tendencias unitaristas a lo largo de la historia) Suiza, Estados Unidos o en menor medida Bélgica.

En estos tres modelos de entender el elemento poblacional, en los que bien se haya optado por la asimilación unitarista, la pluralidad identitaria o simplemente se asuma una realidad común anterior, hablamos de una seña de identidad del Estado caracterizada por un vínculo entre las personas, que coexisten en ese mencionado territorio, que con el paso del tiempo ha ido haciéndose más claro e inequívoco conformando una base humana con un fuerte sentimiento de identidad.

En este sentido la inmigración choca con este paradigma del Estado moderno, porque si bien es cierto que desplazamientos de personas siempre se han producido, el hecho de que los medios de transporte se hayan desarrollado como lo han hecho en los últimos años del Siglo XX, unido a que los medios de comunicación también han experimentado una revolución sin precedentes hasta tal punto que en los países menos desarrollados llega el way of life del primer mundo continuamente, de forma que las distancias se reducen y el desplazamiento de personas que reciben los Estados desarrollados ya no es aislado de otras zonas o de países limítrofes en los que por proximidad pueden existir vínculos culturales o sociales más cercanos, que faciliten la adaptación de los inmigrantes, sino continuo, constante, en aumento y de zonas del planeta que poco o nada pueden tener que ver con los países de destino lo cual conlleva que se esté conformando un tejido poblacional basado en la pluralidad de identidades y por lo tanto no ya en la homogeneización, lo cual supone que ese nuevo paradigma puede crear y en ocasiones crea tensiones sociales, por ejemplo la problemática del velo en la escuela pública francesa o determinadas tradiciones culturales en relación al papel de la mujer de los países islámicos, toda vez que en un periodo relativamente escaso de tiempo se están concentrando núcleos de población de diversas características, valores socioculturales y tradiciones diversas en un espacio que durante siglos ha sido ocupado por una población más o menos homogénea.

 

Inmigración y Territorio. 

 

Si nos aproximamos al segundo elemento, el territorio, es obvio que si la población se organiza y se somete a un poder, el marco donde sucede esto, el territorio es esencial para delimitar cuando hablamos de Estado, sin duda es el elemento que puede suscitar mayor conocimiento y en cierto sentido también consenso cuando se trata de delimitar la idea del Estado.

El elemento del territorio tiene por consiguiente una doble dimensión para el Estado, puesto que se trata por un lado del espacio compartido por los habitantes del Estado, pero de otro el territorio tiene límites, fronteras, que separan un Estado de otro y por tanto separan distintas poblaciones y distintas formas de entender el poder.

Sin embargo en los últimos años, el proceso de globalización económica ha supuesto el fin de las fronteras para la economía[1], con lo cual se ha abierto un nuevo espacio de libertad de circulación de capitales que ha conllevado también una mayor facilidad de circulación de personas, lo que unido al desarrollo de los medios de transporte, de comunicación y al impacto del bienestar de los Estados desarrollados en las zonas más desfavorecidas del planeta conducen a que los antiguos límites territoriales y controles se vean desbordados por desplazamientos constantes de muchas personas que van a instalarse de un lugar a otro.

Por lo tanto en este sentido es pertinente señalar que ante los actuales flujos de inmigración, la clásica política de control de fronteras de los Estados se ve impotente y desbordada puesto que por un lado los propios Estados realizan actuaciones contradictorias consigo mismos puesto que simultaneamente tienen que proceder a una mayor apertura de fronteras, fruto de la integración económica supranacional en determinados ámbitos regionales, piénsese en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México o la Unión Europea, mientras tratan de mantener un tapón sobre los flujos migratorios, tratando de aferrarse a la idea de frontera como delimitación del territorio en sentido clásico, como si fuese posible separar ambos fenómenos.

 

Inmigración y Poder.

 

Cuando se analizan los tres elementos que conforman la idea de Estado moderno, la idea de cierre es la de poder, es decir una vez existe una población establecida en un espacio territorial, se tiene que someter a unas reglas de organización política, sin las cuales no se puede hablar de Estado, propiamente dicho. Puede parecer que el fenómeno de la inmigración toca muy de pasada, este elemento de cierre del concepto de Estado en sus múltiples definiciones y variantes, sin embargo estamos ante un factor que se ve cuando menos igual de desafiado que los dos anteriores, sobre una doble dimensión, territorial y de ciudadana o de legitimación.

La dimensión territorial del poder, se ve desbordada por la realidad de la inmigración en varios ámbitos, ad extra en tanto que en el marco del proceso de integración supranacional de Estados, por ejemplo de la Unión Europea, no solo crea espacios económicos o políticos comunes si no que crea intereses comunes que superan a los del Estado per se y conllevan que políticas antaño propias y soberanas de los Estados pasen a ser políticas compartidas, un buen ejemplo en la Unión Europea sería la regulación de las fronteras, puesto que al diluirse entre socios, se crean fronteras comunes, de manera que aunque Alemania o Francia carezcan de fronteras con Estados no comunitarios, la política de fronteras de países como España que sí la tienen, les afectan y por tanto la soberanía estatal, española en este caso, para controlar sus fronteras se ve condicionada por una política común de fronteras puesto que el interés en el control de los flujos es común.

 Si atendemos al elemento interno de la organización territorial del poder, la inmigración plantea un reto a los Estados en dos escenarios, por un lado en aquellos Estados políticamente descentralizados como España, Canadá o Estados Unidos, surgen problemáticas relativas a la competencia en cuanto a la gestión del fenómeno, puesto que autonomía política implica que dentro de un marco común puede haber distintos modelos y políticas económicas, sociales, urbanísticas o educativas, de todo tipo que fomenten que en cada territorio del Estado los problemas de inmigración sean muy diferentes, por ejemplo en España una comunidad con un fuerte peso de la Agricultura en su economía como Castilla y León atraerá un tipo de inmigración determinado con unos problemas de integración que pueden ser diferentes a otros territorios en que como Andalucía sea el sector hostelero el que llame a otro tipo de inmigración, en el caso Español el debate sobre las reformas de los Estatutos de Autonomía recoge este asunto puesto que las Comunidades Autónomas, pero también las entidades locales reclaman un mayor poder sobre las políticas de inmigración y por tanto el Estado, que de por si se ve desbordado exteriormente, también se ve desbordado ad intra.  

En cuanto a la dimensión ciudadana o de legitimación del poder que se ve afectada por el fenómeno de la inmigración, no se analiza una cuestión de poca importancia, puesto que el poder en el Estado no solo se ejerce, sino que necesita legitimación de la población que está sometida a él.

En este contexto la inmigración implica que, dado que en los Estados de recepción se está procediendo a regular una multiplicidad de permisos y situaciones de estancia[1] que en muchas ocasiones de manera que la población inmigrante carece de derechos equiparables a los ciudadanos del país donde residen, lo cual es un riesgo porque puede crear bolsas de descontentos en ambos colectivos, en el caso de los inmigrantes porque a pesar de que están trabajando y cumpliendo con obligaciones ciudadanas (como pagar impuestos o cotizar a la Seguridad Social) se ven privados de determinados derechos civiles de ciudadanía como puedan ser el derecho de sufragio en determinadas elecciones que les afecten o derechos de libertad de movimientos o de intimidad, con lo cual se crea por un lado diversas categorías de personas, lo cual trastoca la idea de los Estados democráticos de la no discriminación pero a su vez en el lado de los ciudadanos del país de recepción, en aquellos sectores más desfavorecidos puede crearse la sensación en momentos de recortes de servicios públicos (como los operados en España por el PP) de que existe una falsa competencia con los inmigrantes, que por su condición de llegada suelen estar también económicamente desfavorecidos, para lograr ayudas sociales que cuando les son negadas crean un malestar en esta población ciudadana de pleno derecho que tiene la percepción de que le usurpan sus derechos. En definitiva esto muestra que por un lado una minoría que crece y que puede terminar siendo mayoritaria o suficientemente representativa pero que se ve sistemáticamente fuera del juego político creando un nuevo “Tercer Estado” por utilizar la terminología de Sieyès[2] y de otro unas capas sociales desfavorecidas que se pueden sentir abandonadas por el Estado, que como una de sus finalidades tendría garantizarles la dignidad y que se ven desplazadas por población de otros países, tendencias éstas que llevan a romper la cohesión social y a crear tensiones que en ultimo término sirven para que la población cuestione el poder y por tanto la legitimidad del mismo se vea comprometida.

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[1] Carlos Jiménez Romero, 2003.

[2] Emmanuel Sieyès, 1989.

[1] Saskia Sassen, 2001.

COMENTARIO A “IZQUIERDA Y ESPAÑA”.

Tema muy amplio, vertiginosamente amplio el de tu entrada sobre Izquierda y España. Espero muchas entradas tuyas sobre cada uno de los asuntos centrales del federalismo.

La primera vez tuve una idea clara sobre el asunto fue leyendo a un señor que retrataba agudamente el mismo ejemplo que pones, el norteamericano. Me refiero a Tocqueville y La Democracia en América. Ser federalista o centralista no eran posturas digamos ideológicas, sino casi casi ingenieriles. Ser federalista tenía que ver con un balanceo de poder que permitiese el movimiento interno y el control. Control tanto desde la periferia como desde el centro, porque ser federalista no es ser separatista, ni poner la diferencia por encima de lo común, sino aceptar y diseñar el cauce tanto de las fuerzas centrífugas como de las centrípetas en la arquitectura del estado. De ahí el activismo cívico norteamericano y el poder centralizador de sus jueces, por citar algunos de sus elementos más llamativos. La verdad es que a Tocqueville le dedicaré algún post.

Este balanceo me parece esencial, porque siendo más o menos correcto pensar que la cercanía a los problemas es la única forma de superarlos, la cosa tiene sus matices. Alguna vez te he oído hablar del gobierno multinivel. En eso tiene que estar el federalismo y el municipalismo, en resolver, o crear, lo que está a su alcance representativo. Pero, si se me permite poner el contrapunto, no todo está al alcance de sus ojos. Una comunidad o un municipio puede verse envuelto en asuntos que afectan a intereses que sobrepasan los de sus electores, ya sea por la movilidad de estos mismos, porque de sus acciones se derivarán subproductos al resto, o porque la supervivencia del cargo político de turno no esté en juego en temas que sí gestiona o que puede ralentizar sólo por fastidiar, etc. Estoy pensando por ejemplo en las políticas del medio ambiente, en las energéticas, en las de infraestructuras o incluso en las educativas.

Creo en el aumento de democracia que supone el federalismo, pero también creo ser consciente de que todo perfeccionamiento de un sistema democrático lo hace todo más frágil y necesitado de mayor esfuerzo y calidad por parte de sus políticos pero sobretodo de sus ciudadanos.

Se necesitan políticos capaces de no ser fieles lacayos del todos a una de las políticas partidistas lanzadas a las comunidades propias en una estrategia de desgaste con el gobierno central, pero también de políticos capaces de no ser administradores de lo inmediato y lo propio, que sepan que están inmersos en un estado y que del beneficio de la comunidad vecina, mañana vendrá el suyo, o que no entiendan que su labor principal es hacer oposición día y noche a un gobierno de nivel superior, aunque sea más televisivo.

Se necesitan ciudadanos informados, que sepan que hay en juego en cada esfera. Que conozcan para qué sirve un concejal, un alcalde, un diputado regional, un presidente y un parlamento de España. ¡Y por tanto se necesitan políticos a todos estos niveles que expliquen muy bien su tarea, sus propósitos y cuál es su alcance! No le voy a quitar responsabilidad al ciudadano, a veces tan mimados por lo políticamente correcto -aunque la condescencendia es propio del paternalismo y este en política es uno de los mayores desprecios por las personas comunes-, pero el político que se embarca en aventuras descentralizadoras no debería esperar que el tiempo le dé algún día lejano la razón, sino que tiene que ponerse a explicar lo que hace y a generar una cultura de la descentralización, que no pase por la particularidad cultural (¡) que las más de las veces parece que es el único medio que se les ocurre, sino por el desarrollo de la democracia y la participación.

Por cierto, que bien le vinieron las políticas europeas de cohesión a todas las ciudades españolas. Balanceo!!!!! que gran palabra, que sublime idea para el control, la libertad y la justicia. Europa y Ciudad, que gran lema para futuros debates.