APUNTES SOBRE LEALTAD FEDERAL (II)

Más allá del dato de los 8000 millones de euros y de los cientos de miles de empleos que va a crear el Plan Zapatero, el Fondo de Inversión Local aprobado por el Gobierno de España es la iniciativa que puede haber realizado con mayor intensidad un cambio en la administración pública española.

Primero porque para tramitar las ayudas del fondo, 8107, de los 8112 ayuntamientos que hay en España han tenido que contar con firma electrónica, lo cual supone que todos nuestros gobiernos locales podrán realizar cualquier trámite sin cruzar un papel y sobre todo en tiempo real, mejorando la eficacia y la transparencia de la gestión administrativa.

Además las Diputaciones han actuado como lo que la Constitución marca que tienen que ser, presatadoras de servicios a los Ayuntamientos, ya que su asesoría ha sido fundamental para tramitar el acceso a la firma electrónica y la presentación de Proyectos, sobre todo de los Ayuntamientos más pequeños, con lo cual la Diputación además ha podido coordinar proyectos para planificar coordinadamente el desarrollo del territorio provincial.

Pero fundamentalmente se ha realizado algo que rompe la lógica de competencia por el territorio en la historia de la Administración Española ya que por primera vez se ha aplicado el principio de subsidiariedad y se ha roto la competencia por el territorio entre administraciones públicas. El Plan Zapatero parte de una premisa, los Ayuntamientos son a la vez entidades autónomas y son Estado, por tanto como herramienta del estado más cercana a los ciudadanos y conocedora de sus problemas inmediatos se les ha confiado la resolución de la crisis desde su autonomía ya que son los Ayuntamientos quienes presentan los proyectos que consideren oportunos a un fondo dirigido a financiar proyectos generadores de empleo, que mejoren la calidad de vida de los vecinos, un fondo transparente y garante de la igualdad en el territorio.

Esta nueva relación entre Estado y Ayuntamientos basada en el equilibrio de que el Estado cuenta con 8112 gobiernos autónomos nivel local y que esa autonomía local siginifica para nuestros Ayuntamientos formar parte de un todo que es el Estado, es algo que cualquier manual calificaría como equilibrio y lealtad federal (bundestreue) curiosamente en España parecería que el federalismo cooperativo ha entrado a partir de la relación entre el Estado y los Gobiernos Locales, mientras que las CCAA en su relación con el Estado siguen teniendo deficits de federalismo cooperativo.

El por qué de esta diferencia radica en que los Ayuntamientos tienen espacios de relación intergubernamental horizontal y vertical consolidados en nuestro sistema político, la FEMP y las Federaciones Territoriales, las CCAA aún dependen de la reforma del Senado.

MÁS DE CIEN AÑOS DE SOCIALISMO GALLEGO

Los diagnósticos sobre política en España muchas veces se asientan sobre tópicos, uno de ellos es asegurar que algunas comunidades autónomas son sociológicamente conservadoras o progresistas “de toda la vida”.

Este es el caso de Galicia, gobernada durante la mayoría del periodo democrático por el PP, sin embargo estudios sobre la españa republicana citan a Galicia como la región más profundamente republicana del país (Gabriel Jackson “La República y la Guerra Civil Española”; Hugh Thomas “La Guerra Civil Española”).

En efecto los resultados electorales históricos muestran que en Galicia, la presencia de las fuerzas progresistas era importante durante la primera mitad del siglo XX. Sin embargo y a diferencia de lo que sucede en otros territorios de España, la izquierda en Galicia y en concreto el socialismo ha presentado durante todo el siglo XX una fuerte fragmentación.

En concreto se pueden citar tres tradiciones dentro del tronco común del socialismo democrático que darán orígen a diversas formaciones políticas a lo largo del siglo XX.

La primera de ellas sería el tronco republicano-liberal del socialismo gallego, que se incardina en el pensamiento de Proudhon que penetra en la península a través del que fuera Presidente de la efímera República federal, Francisco Pi i Margall, quien traduce sus obras del francés y se inspira en el federalismo cooperativo como base de la organización social para dar forma al Proyecto de Constitución Federal de 1873 (sin duda una de las normas fundamentales más avanzadas que ha tenido España). La vertiente republicano-liberal del socialismo gallego, fundamenta su visión de Galicia como parte integrante de un futuro modelo federal para España y para lograrlo se conformará la Organización Republicana Galega Autónoma (ORGA) un partido pequeño, de voto urbano e ilustrado de ciudades como Santiago de Compostela y que logrará a penas 16 diputados en las Cortes, pero de gran importancia durante la II República Española, ya que participará junto a Acción Republicana y el Partido Radicalsocialista en la formación en 1934 de Izquierda Republicana partido que en 1936 alcanzará en la persona de Manuel Azaña la Presidencia de la República y cuyo lider en Galicia, Santiago Casares Quiroga será Primer Ministro.  

Además en 1879 se funda en Madrid el PSOE, partido que en su implantación en Galicia combina elementos de la tradición republicano-liberal y postulados de corte obrerista, el PSOE gallego será un partido con una importante presencia  en las ciudades industriales como Vigo y A Coruña así como en localidades costeras (con un peso importante del sector pesquero y en muchas de las cuales se instalará la naciente industria conservera traida de Cataluña). En materia de concepción de Galicia, el PSOE se caracteriza por una fuerte presencia en los Gobiernos Locales y apoyará la autonomía, pero a diferencia de otras formaciones gallegas, no sobre la base identitaria, sino como referente de calidad democrática, desarrollo económico y justicia social.

Finalmente en el socialismo gallego también aparece la corriente nacionalista, que centra su reivindicación social en la afirmación de la identidad nacional gallega, esta tendencia cristalizará en la Unión Socialista Galega, nacida durante los años 30, de escisiones de sectores galleguistas del PSOE y de sectores izquierdistas del Partido Galeguista. Este partido compartirá espacio social con la ORGA y en 1934 terminará integrándose en Izquierda Republicana.

La Guerra Civil y la caída de Galicia en manos de los golpistas supondrá la represión de las formaciones políticas progresistas, nacionalistas y de la derecha democrática en el país, que se verán obligadas a reorganizarse en el exilio en torno al Consello de Galiza (gobierno gallego con sede en Buenos Aires) y en el interior, en donde en el campo del socialismo volverán a surgir diferentes formaciones sobre la base de las tres almas del pensamiento socialista en Galicia.

Así pues la tradición republicano-liberal convergerá con el nacionalismo clásico en torno al Partido Galeguista, cuya actividad en Galicia se verá limitada por la creación de la Editorial Galaxia y la apuesta de sus dirigentes en el interior (encabezados por Ramón Piñeiro) de un galleguismo transversal en la sociedad y en todas las formaciones políticas.

El PSOE se mantendrá como organización clandestina en Galicia y en 1977 contará con la incorporación del entorno de Ramón Piñeiro y del entorno del republicano-liberal y del galleguismo histórico del interior en una apuesta por una formación socialdemócrata encuadrada en un proyecto federal para España. 

Por su parte la vertiente nacionalista dará como resultado la creación del Partido Socialista Galego, formación socialista, galleguista y europeísta que encabezará Xosé Manuel Beiras, catedrático de economía de la Universidad de Santiago y que dará a la política gallega nombres de la talla del propio Beiras, Ceferino Díaz y sobre todo el primer Presidente socialista de la democracia en Galicia, Fernando González Laxe. El Partido Socialista Galego no tendrá procesos de fusión con el PSOE, sino que se aproximará al Partido Socialista Popular de Tierno Galván, en cuya federación gallega militaban importantes figuras políticas actuales como José Blanco y José López Orozco, Vicesecretario General del PSOE y Alcalde de Lugo respectivamente.

El desastre en las elecciones de 1977 para el Partido Socialista Galego y la apuesta de la Internacional Socialista por el PSOE como referente en España, creará una división en esta formación que llevará a los sectores más nacionalistas a la apuesta por la concertación con el galleguismo conservador y las formaciones políticas independentistas en torno a un frente que será el germen del BNG, en donde se convertirán en su ala izquierda y bajo el liderazgo de Beiras el BNG logrará ser durante 8 años la segunda fuerza política.

Fernando González Laxe, primer Presidente socialista de la Xunta.

Por su parte las tendencias de corte más socialdemócrata de esta formación, junto con el PSP gallego,  iniciarán un proceso de fusión con el PSdG-PSOE, llegando un antiguo miembro de este partido, Fernando González Laxe a ser el primer Presidente socialista de la Xunta de Galicia en 1987 (gracias a un pacto con el nacionalismo gallego) dichas incorporaciones serán fundamentales en la consolidación del PSdG-PSOE como alternativa de gobierno en Galicia, si bien durante finales de los 90 sufrió un retroceso que le llevó a ser la tercera fuerza política en Galicia, siendo con la elección de Emilio Pérez Touriño como Secretario General el punto de recuperación electoral y de posicionamiento como partido de gobierno sobre la base de un discurso moderno, socialdemocrata y galleguista.

La historia del socialismo gallego tendrá otro momento señalado el 19 de junio de 2005 cuando por segunda vez en la historia un socialista, Emilio Pérez Touriño, presidirá la Xunta en gobierno de coalición con el nacionalismo,  gracias a este cambio político a nivel de país el socialismo gallego experimentará un crecimiento electoral que lleva a que presida las Diputaciones de Lugo y A Coruñá, la Federación Galega de Municipios y Provincias y  gobierne a casi el 70% de la población gallega, ostentando por ejemplo la alcaldía de tres de las cuatro capitales de provincia (y siendo socio del BNG en Pontevedra) así como en la capital autonómica y en ciudades del peso de Vigo, Vilagarcía de Arousa y Marín.

Emilio Pérez Touriño, toma posesión como Presidente de la Xunta de Galicia

Fruto de este cambio político sísimico que ha vivido Galicia, en los ultimos 4 años se han producido importantes transformaciones en el país, como la apuesta por las políticas sociales (sanidad desprivatizada y de calidad, escolarización infantil universal, concertación social con sindicatos y empresarios) territoriales (protección del litoral, energías renovables, desarrollo del medio rural y llegada de la alta velocidad) además de estar creciendo económicamente durante esta legislatura varios puntos por encima de la media española y europea, lo cual permite que Galicia esté preparada para seguir creando bienestar y luchar contra la crisis financiera internacional.

APUNTES SOBRE LEALTAD FEDERAL

El debate abierto en España, respecto la financiación autonómica, tras las reformas estatutarias culminadas entre 2005 y 2007, pone de manifiesto una acentuación del carácter federal del Estado, ya que por primera vez se asiste dentro de todas las formaciones políticas de ámbito nacional a un debate centro-periferia, o a una tensión entre la agenda politica autonómica, con la agenda política federal o estatal.

Fruto de nuestra falta de experiencia federal, se está provocando un debate absurdo entre quienes se enrocan en posiciones de ferrea defensa de una homogeneidad en las políticas de las 17 CCAA y aquellos que demandan que la autonomía significa un espacio intocable de competencia y prestación de servicios, en la que aquello que recaudo en mi territorio lo gasto yo, lo cierto es que ni una postura ni la otra están en lo cierto y a la vez ambas presentan elementos acertados de diagnóstico.

Por un lado es lógico y la Constitución lo proclama (artículo 149.1.1º) que tiene que existir un mínimo común denominador en derechos y obligaciones para todos los ciudadanos del Estado, por otro lado autonomía significa la capacidad de prestar servicios o garantizar derechos de manera particularizada y adaptada a las particularidades de cada territorio, de hecho la existencia de políticas públicas territorializadas y no homogeneas desarrolladas por las CCAA o las EELL en su ámbito de competencia ha sido avalado por el Tribunal Constitucional.

Esta tensión a nivel financiero supone que las CCAA, para poder tener gobernabilidad (entendida como la capacidad del Gobierno de dar respuestas a las demandas ciudadanas) tienen que tener financiación suficiente para desarrollar sus políticas propias, pero también tienen que tener financiación suficiente para evitar desestructuración territorial y la existencia de espacios de desigualdad como por ejemplo sucede en Italia, dado que los nuevos Estatutos consolidan transferencias que desde 1992 han sido traspasadas por el Estado a las CCAA, los gobiernos exigen respaldo financiero para desarrollarlas.

Si atendemos a lo que sucede fuera de España donde existen multitud de Estados Federales, similares a nuestro Estado de las Autonomías, el proceso de resolución de este tipo de conflictos, principalmente relacionados con la financiación, se ha basado en el desarrollo de una práctica que Roberto destacaba en su blog, con su denominación alemana, el bundestreue, es decir la lealtad federal, vamos a ver algunos casos:

Bundestreue

I. ESTADOS UNIDOS. El federalismo estadounidense se basó tradicionalmente en la existencia de dos niveles de gobierno, federal y estatal y la no injerencia de uno sobre otro, el desarrollo del New Deal de Roossevelt coincidente con el nacimiento de las relaciones intergubernamentales generó en determinados ámbitos de actuación política (infraestructuras, asistencia social, sanidad y educación) la necesidad de equilibrar el desarrollo específico de cada Estado, con la cohesión de la federación, para ello los diversos conflictos que surgieron entre el centro y la periferia se resolvieron con el reconocimiento y desarrollo jurisprudencial por parte del Tribunal Supremo federal, del concepto de “federalismo cooperativo” que obligaba a la federación a garantizar a los Estados recursos financieros suficientes para ejerecer su autogobierno y éstos a su vez se obligaban a contribuir al bienestar del país compartiendo su riqueza. II. CANADÁ. En Canadá al igual que en los Estados Unidos el principio se ha desarrollado por los diferentes Tribunales, en la práctica de resolución de conflictos entre las Provincias y el Gobierno Federal durante el desarrollo del Estado del Bienestar y principalmente a la hora de articular las relaciones entre la federación y la provincia de Québec. III. ALEMANIA. El sistema federal alemán por su parte ha reconocido el principio de la bundestreue, sobre la base de su desarrollo consuetudinario en la práctica política y la jurisprudencia constitucional. En Alemania la lealtad federal tiene dos dimensiones, por un lado el respeto obligado que los länder tienen que prestar a la normativa federal garante de la igualdad mínima entre los ciudadanos, de otro, la federación no puede imponer políticas sin escuchar y hacer partícipes a los diferentes länder, para ello se estimulan los órganos de cooperación bilateral, pero sobre todo multilateral. IV. AUSTRIA. El principio de lealtad federal tal y como se entiende en Alemania, se reproduce en el modelo federal Austriaco. En ambos casos el desarrollo de la lealtad federal se ha vinculado a la implementación del Estado del Bienestar tras la II Guerra Mundial. V. SUIZA. La Confederación Helvética ha reconocido la lealtad federal en su Constitución en 1999, sobre la base de 4 principios : 1.       La Confederación tiene la prohibición de delegar competencias a los Cantones, si éstos carecen de recursos económicos suficientes para asumirlas. 2.       Los Cantones no pueden conformar relaciones entre ellos con el objetivo de alterar los equilibrios y para presionar al gobierno federal. 3.       Las relaciones de los Cantones con el Gobierno Suizo se fundan en la confianza cooperativa y la visión de conjunto. 4.       El gobierno federal tiene la obligación de informar y consultar a los Cantones, antes de tramitar cualquier iniciativa legislativa y presupuestaria.

 

España, por tanto no es una excepción, el debate en torno a como se estructura la relación entre los territorios y el gobierno central se da a medida que se desarrolla el Estado del Bienestar (y por tanto se centra en la distribución de los recursos entre los territorios) y tal y como sucede en Canadá, se produce por la existencia de regiones con una situación identitaria específica. Además tal y como sucede en los países indicados, estas tensiones afectan a la unidad y lealtad partidista de los gobiernos regionales, ya que la autonomía tiene una dimensión política que genera agendas y dinámicas políticas propias en cada territorio, que a veces entran en conflicto con el gobierno del Estado, del mismo color político.

 

Sin embargo al final, en EEUU, Canadá o Alemania, el Partido Demócrata, el Liberal o los Socialdemócratas ni los Republicanos, Conservadores o Democratacristianos, se rompen cada vez que hay este tipo de tensiones, antes al contrario el sistema político federal experimenta un debate, del cual suele salir fortalecido, la diferencia entre estos países y España se basa por un lado en que en todos ellos prima una visión multilateralista y de conjunto (no excluyente de las relaciones bilaterales, mientras que en España la multilateralidad es la excepción) y de otro existe un Senado Federal en la que los Estados, länder, Provincias o Cantones, participan como tales en la conformación de las leyes (por tanto también en el presupuesto) y de la voluntad federal (en España el Senado no es territorial).

 

Por ello en España no hay que preocuparse y hay que ver este debate como algo normal que si consigue reforzar los mecanismos multilaterales e impulsar la reforma del Senado, fortalecerá nuestro sistema autonómico.

LOS RETOS DE LA INMIGRACIÓN PARA EL ESTADO MODERNO (II) POBLACIÓN, TERRITORIO Y SOBERANÍA

Inmigración y Población 

 

Es evidente que no se puede hablar de Estado sin población, al igual que tampoco puede hacerse sin el elemento del territorio o el poder, si no existe una base poblacional cohesionada los otros dos elementos quedan vacíos o inexistentes y por tanto no se podría hablar de Estado en puridad.

Una de las características del Estado moderno es una tendencia a la homogeneización de su población bien por vínculos profundos e identitarios de origen como puede ser el caso de países como Portugal o Grecia, en donde se puede afirmar grosso modo que existe una unidad cultural, lingüística o social con un alto grado de uniformidad, el desarrollo de otros Estados, cuyo punto de partida es una pluralidad, ha conllevado que la homogeneización se logre mediante la imposición de una de las identidades existentes en el territorio sobre las demás, este sería el ejemplo típico de Francia donde se impuso un modelo tendente al unitarismo frente a las peculiaridades bretona, occitana o alsaciana; finalmente otro tercer grupo de Estados aun siendo plurales hacen de esa pluralidad su seña de identidad y por extensión de homogeneización de sus habitantes, tal sería el caso de Canadá, España (a pesar de tendencias unitaristas a lo largo de la historia) Suiza, Estados Unidos o en menor medida Bélgica.

En estos tres modelos de entender el elemento poblacional, en los que bien se haya optado por la asimilación unitarista, la pluralidad identitaria o simplemente se asuma una realidad común anterior, hablamos de una seña de identidad del Estado caracterizada por un vínculo entre las personas, que coexisten en ese mencionado territorio, que con el paso del tiempo ha ido haciéndose más claro e inequívoco conformando una base humana con un fuerte sentimiento de identidad.

En este sentido la inmigración choca con este paradigma del Estado moderno, porque si bien es cierto que desplazamientos de personas siempre se han producido, el hecho de que los medios de transporte se hayan desarrollado como lo han hecho en los últimos años del Siglo XX, unido a que los medios de comunicación también han experimentado una revolución sin precedentes hasta tal punto que en los países menos desarrollados llega el way of life del primer mundo continuamente, de forma que las distancias se reducen y el desplazamiento de personas que reciben los Estados desarrollados ya no es aislado de otras zonas o de países limítrofes en los que por proximidad pueden existir vínculos culturales o sociales más cercanos, que faciliten la adaptación de los inmigrantes, sino continuo, constante, en aumento y de zonas del planeta que poco o nada pueden tener que ver con los países de destino lo cual conlleva que se esté conformando un tejido poblacional basado en la pluralidad de identidades y por lo tanto no ya en la homogeneización, lo cual supone que ese nuevo paradigma puede crear y en ocasiones crea tensiones sociales, por ejemplo la problemática del velo en la escuela pública francesa o determinadas tradiciones culturales en relación al papel de la mujer de los países islámicos, toda vez que en un periodo relativamente escaso de tiempo se están concentrando núcleos de población de diversas características, valores socioculturales y tradiciones diversas en un espacio que durante siglos ha sido ocupado por una población más o menos homogénea.

 

Inmigración y Territorio. 

 

Si nos aproximamos al segundo elemento, el territorio, es obvio que si la población se organiza y se somete a un poder, el marco donde sucede esto, el territorio es esencial para delimitar cuando hablamos de Estado, sin duda es el elemento que puede suscitar mayor conocimiento y en cierto sentido también consenso cuando se trata de delimitar la idea del Estado.

El elemento del territorio tiene por consiguiente una doble dimensión para el Estado, puesto que se trata por un lado del espacio compartido por los habitantes del Estado, pero de otro el territorio tiene límites, fronteras, que separan un Estado de otro y por tanto separan distintas poblaciones y distintas formas de entender el poder.

Sin embargo en los últimos años, el proceso de globalización económica ha supuesto el fin de las fronteras para la economía[1], con lo cual se ha abierto un nuevo espacio de libertad de circulación de capitales que ha conllevado también una mayor facilidad de circulación de personas, lo que unido al desarrollo de los medios de transporte, de comunicación y al impacto del bienestar de los Estados desarrollados en las zonas más desfavorecidas del planeta conducen a que los antiguos límites territoriales y controles se vean desbordados por desplazamientos constantes de muchas personas que van a instalarse de un lugar a otro.

Por lo tanto en este sentido es pertinente señalar que ante los actuales flujos de inmigración, la clásica política de control de fronteras de los Estados se ve impotente y desbordada puesto que por un lado los propios Estados realizan actuaciones contradictorias consigo mismos puesto que simultaneamente tienen que proceder a una mayor apertura de fronteras, fruto de la integración económica supranacional en determinados ámbitos regionales, piénsese en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México o la Unión Europea, mientras tratan de mantener un tapón sobre los flujos migratorios, tratando de aferrarse a la idea de frontera como delimitación del territorio en sentido clásico, como si fuese posible separar ambos fenómenos.

 

Inmigración y Poder.

 

Cuando se analizan los tres elementos que conforman la idea de Estado moderno, la idea de cierre es la de poder, es decir una vez existe una población establecida en un espacio territorial, se tiene que someter a unas reglas de organización política, sin las cuales no se puede hablar de Estado, propiamente dicho. Puede parecer que el fenómeno de la inmigración toca muy de pasada, este elemento de cierre del concepto de Estado en sus múltiples definiciones y variantes, sin embargo estamos ante un factor que se ve cuando menos igual de desafiado que los dos anteriores, sobre una doble dimensión, territorial y de ciudadana o de legitimación.

La dimensión territorial del poder, se ve desbordada por la realidad de la inmigración en varios ámbitos, ad extra en tanto que en el marco del proceso de integración supranacional de Estados, por ejemplo de la Unión Europea, no solo crea espacios económicos o políticos comunes si no que crea intereses comunes que superan a los del Estado per se y conllevan que políticas antaño propias y soberanas de los Estados pasen a ser políticas compartidas, un buen ejemplo en la Unión Europea sería la regulación de las fronteras, puesto que al diluirse entre socios, se crean fronteras comunes, de manera que aunque Alemania o Francia carezcan de fronteras con Estados no comunitarios, la política de fronteras de países como España que sí la tienen, les afectan y por tanto la soberanía estatal, española en este caso, para controlar sus fronteras se ve condicionada por una política común de fronteras puesto que el interés en el control de los flujos es común.

 Si atendemos al elemento interno de la organización territorial del poder, la inmigración plantea un reto a los Estados en dos escenarios, por un lado en aquellos Estados políticamente descentralizados como España, Canadá o Estados Unidos, surgen problemáticas relativas a la competencia en cuanto a la gestión del fenómeno, puesto que autonomía política implica que dentro de un marco común puede haber distintos modelos y políticas económicas, sociales, urbanísticas o educativas, de todo tipo que fomenten que en cada territorio del Estado los problemas de inmigración sean muy diferentes, por ejemplo en España una comunidad con un fuerte peso de la Agricultura en su economía como Castilla y León atraerá un tipo de inmigración determinado con unos problemas de integración que pueden ser diferentes a otros territorios en que como Andalucía sea el sector hostelero el que llame a otro tipo de inmigración, en el caso Español el debate sobre las reformas de los Estatutos de Autonomía recoge este asunto puesto que las Comunidades Autónomas, pero también las entidades locales reclaman un mayor poder sobre las políticas de inmigración y por tanto el Estado, que de por si se ve desbordado exteriormente, también se ve desbordado ad intra.  

En cuanto a la dimensión ciudadana o de legitimación del poder que se ve afectada por el fenómeno de la inmigración, no se analiza una cuestión de poca importancia, puesto que el poder en el Estado no solo se ejerce, sino que necesita legitimación de la población que está sometida a él.

En este contexto la inmigración implica que, dado que en los Estados de recepción se está procediendo a regular una multiplicidad de permisos y situaciones de estancia[1] que en muchas ocasiones de manera que la población inmigrante carece de derechos equiparables a los ciudadanos del país donde residen, lo cual es un riesgo porque puede crear bolsas de descontentos en ambos colectivos, en el caso de los inmigrantes porque a pesar de que están trabajando y cumpliendo con obligaciones ciudadanas (como pagar impuestos o cotizar a la Seguridad Social) se ven privados de determinados derechos civiles de ciudadanía como puedan ser el derecho de sufragio en determinadas elecciones que les afecten o derechos de libertad de movimientos o de intimidad, con lo cual se crea por un lado diversas categorías de personas, lo cual trastoca la idea de los Estados democráticos de la no discriminación pero a su vez en el lado de los ciudadanos del país de recepción, en aquellos sectores más desfavorecidos puede crearse la sensación en momentos de recortes de servicios públicos (como los operados en España por el PP) de que existe una falsa competencia con los inmigrantes, que por su condición de llegada suelen estar también económicamente desfavorecidos, para lograr ayudas sociales que cuando les son negadas crean un malestar en esta población ciudadana de pleno derecho que tiene la percepción de que le usurpan sus derechos. En definitiva esto muestra que por un lado una minoría que crece y que puede terminar siendo mayoritaria o suficientemente representativa pero que se ve sistemáticamente fuera del juego político creando un nuevo “Tercer Estado” por utilizar la terminología de Sieyès[2] y de otro unas capas sociales desfavorecidas que se pueden sentir abandonadas por el Estado, que como una de sus finalidades tendría garantizarles la dignidad y que se ven desplazadas por población de otros países, tendencias éstas que llevan a romper la cohesión social y a crear tensiones que en ultimo término sirven para que la población cuestione el poder y por tanto la legitimidad del mismo se vea comprometida.

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[1] Carlos Jiménez Romero, 2003.

[2] Emmanuel Sieyès, 1989.

[1] Saskia Sassen, 2001.

COMENTARIO A “IZQUIERDA Y ESPAÑA”.

Tema muy amplio, vertiginosamente amplio el de tu entrada sobre Izquierda y España. Espero muchas entradas tuyas sobre cada uno de los asuntos centrales del federalismo.

La primera vez tuve una idea clara sobre el asunto fue leyendo a un señor que retrataba agudamente el mismo ejemplo que pones, el norteamericano. Me refiero a Tocqueville y La Democracia en América. Ser federalista o centralista no eran posturas digamos ideológicas, sino casi casi ingenieriles. Ser federalista tenía que ver con un balanceo de poder que permitiese el movimiento interno y el control. Control tanto desde la periferia como desde el centro, porque ser federalista no es ser separatista, ni poner la diferencia por encima de lo común, sino aceptar y diseñar el cauce tanto de las fuerzas centrífugas como de las centrípetas en la arquitectura del estado. De ahí el activismo cívico norteamericano y el poder centralizador de sus jueces, por citar algunos de sus elementos más llamativos. La verdad es que a Tocqueville le dedicaré algún post.

Este balanceo me parece esencial, porque siendo más o menos correcto pensar que la cercanía a los problemas es la única forma de superarlos, la cosa tiene sus matices. Alguna vez te he oído hablar del gobierno multinivel. En eso tiene que estar el federalismo y el municipalismo, en resolver, o crear, lo que está a su alcance representativo. Pero, si se me permite poner el contrapunto, no todo está al alcance de sus ojos. Una comunidad o un municipio puede verse envuelto en asuntos que afectan a intereses que sobrepasan los de sus electores, ya sea por la movilidad de estos mismos, porque de sus acciones se derivarán subproductos al resto, o porque la supervivencia del cargo político de turno no esté en juego en temas que sí gestiona o que puede ralentizar sólo por fastidiar, etc. Estoy pensando por ejemplo en las políticas del medio ambiente, en las energéticas, en las de infraestructuras o incluso en las educativas.

Creo en el aumento de democracia que supone el federalismo, pero también creo ser consciente de que todo perfeccionamiento de un sistema democrático lo hace todo más frágil y necesitado de mayor esfuerzo y calidad por parte de sus políticos pero sobretodo de sus ciudadanos.

Se necesitan políticos capaces de no ser fieles lacayos del todos a una de las políticas partidistas lanzadas a las comunidades propias en una estrategia de desgaste con el gobierno central, pero también de políticos capaces de no ser administradores de lo inmediato y lo propio, que sepan que están inmersos en un estado y que del beneficio de la comunidad vecina, mañana vendrá el suyo, o que no entiendan que su labor principal es hacer oposición día y noche a un gobierno de nivel superior, aunque sea más televisivo.

Se necesitan ciudadanos informados, que sepan que hay en juego en cada esfera. Que conozcan para qué sirve un concejal, un alcalde, un diputado regional, un presidente y un parlamento de España. ¡Y por tanto se necesitan políticos a todos estos niveles que expliquen muy bien su tarea, sus propósitos y cuál es su alcance! No le voy a quitar responsabilidad al ciudadano, a veces tan mimados por lo políticamente correcto -aunque la condescencendia es propio del paternalismo y este en política es uno de los mayores desprecios por las personas comunes-, pero el político que se embarca en aventuras descentralizadoras no debería esperar que el tiempo le dé algún día lejano la razón, sino que tiene que ponerse a explicar lo que hace y a generar una cultura de la descentralización, que no pase por la particularidad cultural (¡) que las más de las veces parece que es el único medio que se les ocurre, sino por el desarrollo de la democracia y la participación.

Por cierto, que bien le vinieron las políticas europeas de cohesión a todas las ciudades españolas. Balanceo!!!!! que gran palabra, que sublime idea para el control, la libertad y la justicia. Europa y Ciudad, que gran lema para futuros debates.