Inmigración y Población 

 

Es evidente que no se puede hablar de Estado sin población, al igual que tampoco puede hacerse sin el elemento del territorio o el poder, si no existe una base poblacional cohesionada los otros dos elementos quedan vacíos o inexistentes y por tanto no se podría hablar de Estado en puridad.

Una de las características del Estado moderno es una tendencia a la homogeneización de su población bien por vínculos profundos e identitarios de origen como puede ser el caso de países como Portugal o Grecia, en donde se puede afirmar grosso modo que existe una unidad cultural, lingüística o social con un alto grado de uniformidad, el desarrollo de otros Estados, cuyo punto de partida es una pluralidad, ha conllevado que la homogeneización se logre mediante la imposición de una de las identidades existentes en el territorio sobre las demás, este sería el ejemplo típico de Francia donde se impuso un modelo tendente al unitarismo frente a las peculiaridades bretona, occitana o alsaciana; finalmente otro tercer grupo de Estados aun siendo plurales hacen de esa pluralidad su seña de identidad y por extensión de homogeneización de sus habitantes, tal sería el caso de Canadá, España (a pesar de tendencias unitaristas a lo largo de la historia) Suiza, Estados Unidos o en menor medida Bélgica.

En estos tres modelos de entender el elemento poblacional, en los que bien se haya optado por la asimilación unitarista, la pluralidad identitaria o simplemente se asuma una realidad común anterior, hablamos de una seña de identidad del Estado caracterizada por un vínculo entre las personas, que coexisten en ese mencionado territorio, que con el paso del tiempo ha ido haciéndose más claro e inequívoco conformando una base humana con un fuerte sentimiento de identidad.

En este sentido la inmigración choca con este paradigma del Estado moderno, porque si bien es cierto que desplazamientos de personas siempre se han producido, el hecho de que los medios de transporte se hayan desarrollado como lo han hecho en los últimos años del Siglo XX, unido a que los medios de comunicación también han experimentado una revolución sin precedentes hasta tal punto que en los países menos desarrollados llega el way of life del primer mundo continuamente, de forma que las distancias se reducen y el desplazamiento de personas que reciben los Estados desarrollados ya no es aislado de otras zonas o de países limítrofes en los que por proximidad pueden existir vínculos culturales o sociales más cercanos, que faciliten la adaptación de los inmigrantes, sino continuo, constante, en aumento y de zonas del planeta que poco o nada pueden tener que ver con los países de destino lo cual conlleva que se esté conformando un tejido poblacional basado en la pluralidad de identidades y por lo tanto no ya en la homogeneización, lo cual supone que ese nuevo paradigma puede crear y en ocasiones crea tensiones sociales, por ejemplo la problemática del velo en la escuela pública francesa o determinadas tradiciones culturales en relación al papel de la mujer de los países islámicos, toda vez que en un periodo relativamente escaso de tiempo se están concentrando núcleos de población de diversas características, valores socioculturales y tradiciones diversas en un espacio que durante siglos ha sido ocupado por una población más o menos homogénea.

 

Inmigración y Territorio. 

 

Si nos aproximamos al segundo elemento, el territorio, es obvio que si la población se organiza y se somete a un poder, el marco donde sucede esto, el territorio es esencial para delimitar cuando hablamos de Estado, sin duda es el elemento que puede suscitar mayor conocimiento y en cierto sentido también consenso cuando se trata de delimitar la idea del Estado.

El elemento del territorio tiene por consiguiente una doble dimensión para el Estado, puesto que se trata por un lado del espacio compartido por los habitantes del Estado, pero de otro el territorio tiene límites, fronteras, que separan un Estado de otro y por tanto separan distintas poblaciones y distintas formas de entender el poder.

Sin embargo en los últimos años, el proceso de globalización económica ha supuesto el fin de las fronteras para la economía[1], con lo cual se ha abierto un nuevo espacio de libertad de circulación de capitales que ha conllevado también una mayor facilidad de circulación de personas, lo que unido al desarrollo de los medios de transporte, de comunicación y al impacto del bienestar de los Estados desarrollados en las zonas más desfavorecidas del planeta conducen a que los antiguos límites territoriales y controles se vean desbordados por desplazamientos constantes de muchas personas que van a instalarse de un lugar a otro.

Por lo tanto en este sentido es pertinente señalar que ante los actuales flujos de inmigración, la clásica política de control de fronteras de los Estados se ve impotente y desbordada puesto que por un lado los propios Estados realizan actuaciones contradictorias consigo mismos puesto que simultaneamente tienen que proceder a una mayor apertura de fronteras, fruto de la integración económica supranacional en determinados ámbitos regionales, piénsese en el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México o la Unión Europea, mientras tratan de mantener un tapón sobre los flujos migratorios, tratando de aferrarse a la idea de frontera como delimitación del territorio en sentido clásico, como si fuese posible separar ambos fenómenos.

 

Inmigración y Poder.

 

Cuando se analizan los tres elementos que conforman la idea de Estado moderno, la idea de cierre es la de poder, es decir una vez existe una población establecida en un espacio territorial, se tiene que someter a unas reglas de organización política, sin las cuales no se puede hablar de Estado, propiamente dicho. Puede parecer que el fenómeno de la inmigración toca muy de pasada, este elemento de cierre del concepto de Estado en sus múltiples definiciones y variantes, sin embargo estamos ante un factor que se ve cuando menos igual de desafiado que los dos anteriores, sobre una doble dimensión, territorial y de ciudadana o de legitimación.

La dimensión territorial del poder, se ve desbordada por la realidad de la inmigración en varios ámbitos, ad extra en tanto que en el marco del proceso de integración supranacional de Estados, por ejemplo de la Unión Europea, no solo crea espacios económicos o políticos comunes si no que crea intereses comunes que superan a los del Estado per se y conllevan que políticas antaño propias y soberanas de los Estados pasen a ser políticas compartidas, un buen ejemplo en la Unión Europea sería la regulación de las fronteras, puesto que al diluirse entre socios, se crean fronteras comunes, de manera que aunque Alemania o Francia carezcan de fronteras con Estados no comunitarios, la política de fronteras de países como España que sí la tienen, les afectan y por tanto la soberanía estatal, española en este caso, para controlar sus fronteras se ve condicionada por una política común de fronteras puesto que el interés en el control de los flujos es común.

 Si atendemos al elemento interno de la organización territorial del poder, la inmigración plantea un reto a los Estados en dos escenarios, por un lado en aquellos Estados políticamente descentralizados como España, Canadá o Estados Unidos, surgen problemáticas relativas a la competencia en cuanto a la gestión del fenómeno, puesto que autonomía política implica que dentro de un marco común puede haber distintos modelos y políticas económicas, sociales, urbanísticas o educativas, de todo tipo que fomenten que en cada territorio del Estado los problemas de inmigración sean muy diferentes, por ejemplo en España una comunidad con un fuerte peso de la Agricultura en su economía como Castilla y León atraerá un tipo de inmigración determinado con unos problemas de integración que pueden ser diferentes a otros territorios en que como Andalucía sea el sector hostelero el que llame a otro tipo de inmigración, en el caso Español el debate sobre las reformas de los Estatutos de Autonomía recoge este asunto puesto que las Comunidades Autónomas, pero también las entidades locales reclaman un mayor poder sobre las políticas de inmigración y por tanto el Estado, que de por si se ve desbordado exteriormente, también se ve desbordado ad intra.  

En cuanto a la dimensión ciudadana o de legitimación del poder que se ve afectada por el fenómeno de la inmigración, no se analiza una cuestión de poca importancia, puesto que el poder en el Estado no solo se ejerce, sino que necesita legitimación de la población que está sometida a él.

En este contexto la inmigración implica que, dado que en los Estados de recepción se está procediendo a regular una multiplicidad de permisos y situaciones de estancia[1] que en muchas ocasiones de manera que la población inmigrante carece de derechos equiparables a los ciudadanos del país donde residen, lo cual es un riesgo porque puede crear bolsas de descontentos en ambos colectivos, en el caso de los inmigrantes porque a pesar de que están trabajando y cumpliendo con obligaciones ciudadanas (como pagar impuestos o cotizar a la Seguridad Social) se ven privados de determinados derechos civiles de ciudadanía como puedan ser el derecho de sufragio en determinadas elecciones que les afecten o derechos de libertad de movimientos o de intimidad, con lo cual se crea por un lado diversas categorías de personas, lo cual trastoca la idea de los Estados democráticos de la no discriminación pero a su vez en el lado de los ciudadanos del país de recepción, en aquellos sectores más desfavorecidos puede crearse la sensación en momentos de recortes de servicios públicos (como los operados en España por el PP) de que existe una falsa competencia con los inmigrantes, que por su condición de llegada suelen estar también económicamente desfavorecidos, para lograr ayudas sociales que cuando les son negadas crean un malestar en esta población ciudadana de pleno derecho que tiene la percepción de que le usurpan sus derechos. En definitiva esto muestra que por un lado una minoría que crece y que puede terminar siendo mayoritaria o suficientemente representativa pero que se ve sistemáticamente fuera del juego político creando un nuevo “Tercer Estado” por utilizar la terminología de Sieyès[2] y de otro unas capas sociales desfavorecidas que se pueden sentir abandonadas por el Estado, que como una de sus finalidades tendría garantizarles la dignidad y que se ven desplazadas por población de otros países, tendencias éstas que llevan a romper la cohesión social y a crear tensiones que en ultimo término sirven para que la población cuestione el poder y por tanto la legitimidad del mismo se vea comprometida.

[1] Carlos Jiménez Romero, 2003.

[2] Emmanuel Sieyès, 1989.

[1] Saskia Sassen, 2001.